EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (II)



 
Partiendo de la base de que las pensiones es un derecho de los ciudadanos establecido en la Constitución, podemos decir que los que afirman que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones llevan a cabo un planteamiento incorrecto. El artículo 50 de la Constitución  Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. A no ser que, como ocurrió con el artículo 135, el partido gobernante proponga la modificación también de este artículo para adaptarlo a los dogmas neoliberales. Mientras esto no ocurra, las pensiones, en tanto que son derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de gastos obligatorios que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. Por eso, también hay que considerar, no sólo los gastos, sino también los ingresos. La cuestión de las pensiones siempre se ha planteado desde el lado del gasto. Precisamente para reducir ese gasto.

La esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos (trabajadores) y pasivos ( pensionistas) no son las únicas variables que habría que tener en cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o no del Sistema Público de Pensiones, sino también la evolución de la renta per cápita. Si ésta crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que los pensionistas no puedan seguir percibiendo la misma renta. Por eso, el problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no hablar sólo de escasez de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita casi se ha duplicado. Es de esperar que continúe esta evolución. Lo contrario sería volver a un nivel de vida de los años cincuenta. A no ser que ese sea el objetivo.

El envejecimiento de la población, siguen diciendo los economistas firmantes del documento, de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Lo que obliga es a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a financiar las pensiones, sino también  a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Eso si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, a los ancianos.

Dicen los que abogan por una reforma del sistema público de pensiones que las pensiones en España son muy generosas, que casi corresponde a los españoles el 90% de sus cotizaciones. Algo que choca frontalmente con la realidad. Existen muchos factores que estos “listos” pasan por alto. Por un lado, la dinámica del mercado de trabajo, la penalización por la jubilación anticipada, los topes máximos, el salario mínimo, las bases sobre la que cotizan determinados regímenes, las pensiones mínimas, el sistema fiscal... Contando todos estos factores, la cifra no alcanza el 60% del salario medio. El 20% de las pensiones contributivas están por debajo del umbral de la pobreza. Las no contributivas, no digamos. Esa es la realidad de la calle. La realidad dice que cerca de la mitad, el 49%, de los pensionistas no sobrepasan los 700 euros mensuales.

Las múltiples campañas para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tienen como finalidad potenciar los fondos privados de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad de completar las pensiones públicas con pensiones privadas. Si lo que se propone es que cada persona de forma individual ahorre para la vejez, resulta indignante que pretendan decirnos en qué inversiones tiene que materializarse nuestros ahorros. ¿Por qué en fondos de pensión para que otros inviertan en Bolsa con nuestros fondos? ¿Por qué no podemos invertir nuestros ahorros en vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo? A fin de cuenta, los fondos de pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el inversor.

Si esa es la idea que se quiere transmitir de las pensiones, como un ahorro que luego recuperas, podemos afirmar, utilizando los mismos motivos, que los recursos aportados hoy por las cotizaciones serían un préstamo que los trabajadores actuales realizan al Estado para que éste financie la educación pública, la sanidad pública, pasando por carreteras, comunicaciones, tecnologías, etc. Dicho préstamo debería devolverse a los trabajadores con los intereses correspondientes en forma de pensiones. No en vano, muchos fondos de privados de pensiones terminan invirtiéndose en deuda pública, es decir, prestado al Estado.

Todas las ideas sobre la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones no tiene fundamentos. Como ya se dijo la semana pasada, en épocas de déficit de la Seguridad Social, el derecho a una pensión debe ser sufragado  a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser ningún problema si se aplicara el principio de progresividad, establecido  en el artículo 31 de la Constitución y si las principales empresas del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades que en justicia les corresponden y en estos momentos eluden. No se trata de confiscar el dinero de nadie, sino de establecer una contribución similar a la de sus equivalentes en otros países europeos. Con eso sería suficiente.

Para terminar, manifestar mi agradecimiento a M. B. por su información sobre el Documento en Defensa de las Pensiones Públicas. Por mi parte sólo he pretendido en estas dos semanas compartir con los lectores un pequeño resumen que espero y deseo haya sido clarificador.
Salud.