EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (I)



 
Circula por los medios un documento elaborado por economistas y juristas que pretende rebatir el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno para establecer una reforma del sistema público de pensiones.

No hace falta tener demasiada buena memoria para recordar que las pensiones era un tema intocable por parte de la derecha que gobierna este país nuestro. Bueno, también prometieron no tocar la Sanidad pública ni la Educación Pública, y ya ven.

Lo primero que contradice las ideas de esa Comisión de expertos es el mensaje de que los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es una medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo. La sostenibilidad del sistema público de pensiones no depende de “cuántos son los que producen”, sino de la variable “cuánto se produce”.

Hace ya años que los poderes económicos intentan hacer ver que el sistema público de pensiones no se sostiene. Así, publicitaron entre la ciudadanía los planes de pensiones privados. Ya en los años noventa, estos “sabios” contratados, y por lo tanto al servicio del sistema neoliberal, llegaron a la conclusión de que era inviable el mantenimiento del sistema público de pensiones. Llegaron a concluir que en el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo nada de lo que pronosticaron. De hecho, la Seguridad Social tuvo un superávit de cuatro décimas.

Aquellos “sabios” no tuvieron en cuenta un factor que ya mencioné más arriba: la tasa de actividad. No contaron con la incorporación de mayor número de mujeres al mundo laboral. Tampoco con el incremento de los inmigrantes y su aportación a nuestra economía. Los expertos sólo consideraron la población activa y su evolución como el núcleo del problema. El factor principal no es el número de personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente pueden hacerlo. No es lógico retrasar la edad de jubilación, pues estamos impidiendo el paso a las nuevas generaciones en su incorporación a la vida laboral. Los economistas firmantes del documento en Defensa del Sistema Público de Pensiones ponen un ejemplo muy clarificador, referido al sector agrario. Hace cincuenta años el 30% de la población activa española trabajaba en la agricultura. Hoy apenas vive del campo un 4,5%. Pero ese 4,5% produce más que el 30% de hace cincuenta años. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.

No se puede obviar que la problemática de las pensiones siempre ha sido usado como un tema electoralista. La presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes es bastante aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen el tema de las pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como presa fácil de la demagogia política. Sobre todo porque se utiliza el miedo a “no poder cobrar la pensión”.  El simple hecho de dar como posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al estado social que consagra la Constitución.

Hay que partir de la base de que la Seguridad Social no es algo distinto del Estado. La protección social no es algo accidental del Estado sino una responsabilidad de éste.
A partir de los Pactos de Toledo de 1995, la Seguridad Social fue separada de las transferencias de los Presupuestos del Estado y pasó a depender sólo de las cotizaciones. Este mecanismo transformó la esencia del Sistema Público de Pensiones y han provocado que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse quedando aislado económicamente de la Hacienda Pública.

En un Estado definido como social por la Constitución es inconcebible e inaceptable que las pensiones se deban financiar exclusivamente de las cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos del Estado, incluidas las pensiones. La Seguridad Social es parte integrante del Estado. Su quiebra, por tanto, sólo se concibe unida a la quiebra del Estado. Y el Estado no puede quebrar. Como máximo puede acercarse a la suspensión de pagos, pero tan sólo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: los poseedores de deuda pública, los funcionarios, los empresarios, los asalariados, los inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Precisamente, son estos últimos los que más riesgos corren, como ha venido a demostrar la pasada crisis bursátil.

Por lo tanto, el Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, ya sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.

Para no cansar al lector con el resumen del Documento que viene a contrarrestar las ideas neoliberales que pretenden implantar en el tema de las pensiones, he creído conveniente repartir los comentarios en dos artículos. Así que....continuará.
Salud.