Los dos dirigentes políticos junto a seis personas más entre técnicos y funcionarios municipales están imputados por indicios de un delito continuado de prevaricación


Una nueva imputación ha salido a la luz esta mañana de boca de los miembros de Izquierda Unida que han dado a conocer a los medios de comunicación un nuevo caso en el que la alcaldesa de Rota, Eva Corrales Caballero, y el primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, están imputados por un presunto delito continuado de prevaricación.

A través de José Antonio García de Quirós, representante de los servicios jurídicos de Izquierda Unida, se ha detallado cronológicamente cómo se iniciaron los hechos que acabaron en manos de la Fiscalía Anticorrupción que ha sido la que finalmente ha imputado al líder de Roteños Unidos y a la número uno del Partido Popular. Un caso que está en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Rota.

La denuncia, según ha explicado IU, surge a raíz de una información que hace un par de años dejan de forma anónima en la sede de este grupo político situada en la calle Blas Infante, en la que se incluye una copia de los cuadrantes de horas extras realizadas por los funcionarios municipales entre los años 2007 y 2010. Cuadrantes que, ha indicado el abogado de IU, estaban firmados en su totalidad por el que entonces era alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso.  Con esta información en la mano, los miembros de IU, según han relatado esta misma mañana, comienzan a hacer lectura detallada y "exhaustiva" de la información y se topan con la "sorpresa" de que hay un funcionario que cobra "cantidades desorbitadas" por el desarrollo de horas extras en su puesto de trabajo.

La media, según han explicado, es de unas 70 horas extras mensuales desde 2007 a 2010, -lo que llevaba a cobrar unos 2.500 euros más de sueldo- aunque hay meses en los que destaca el cumplimiento de 270 horas extras, 213, incluso hasta 349 horas fuera de horario habitual en un mes, lo que supondría una media de trabajo de 13 horas diarias.  Este hecho levanta todas las sospechas de Izquierda Unida sobre todo cuando se dan cuenta de que incluso en meses en los que el funcionario en cuestión estaba de vacaciones, aparecía en el cuadrante desarrollando estas horas de más. Según este grupo, con esa información, acuden a la oficina municipal en la que trabaja este funcionario y preguntan a sus compañeros que responden, "que tales horas extras no se estaban haciendo".

Siguendo con la cronología de hechos que esta mañana han detallado los izquierdistas, se pone en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción este asunto al entender que o bien se estaba incumpliendo la normativa laboral con la acumulación de tantas horas extras en una misma persona o se estaban pagando trabajos encubiertos a través de las mismas bien realizados por esa misma persona o alguien allegado al fucionario. A partir de ahí, según José Antonio García de Quirós, es la Fiscalía la que continúa con la investigación y la que acaba viendo indicios de un presunto delito continuado de prevaricación -con pena de entre siete y diez años de inhabilitación de cargo público- y por el que acaba imputando a Lorenzo Sánchez Alonso, alcalde en esos años que firma los cuadrantes de las horas extras, y a Eva Corrales Caballero, como delegada de Fiestas y Relaciones Institucionales entre 2007 y 2010, y actual alcaldesa a partir de la fecha. El funcionario al que se la han adjudicado centenares de horas extras en esos tres años ha llegado a cobrar en torno a 42.000 euros por este concepto.

Izquierda Unida ha querido dejar muy claro con este caso a lo largo de su comparecencia, en la que también han estado presentes el coordinador local, Manuel Carmona, y el portavoz y concejal del grupo, Antonio Franco, que no pretenden "hacer un circo" de esta causa que de nuevo pone en el ojo de mira al ex alcalde y actual alcaldesa junto a seis imputados más entre técnicos y funcionarios municipales, sino que su intención, poniendo por delante la presunción de inocencia de todos los imputados, es que haya transparecencia en la gestión del Ayuntamiento de Rota.

Por este mismo motivo, ha manifestado Manuel Carmona,  no piden la dimisión de ninguno de los dos dirigentes políticos afectados y sobre los que ya pesan otras imputaciones -dos más en el caso de Lorenzo Sánchez y una sobre Eva Corrales-, aunque según el coordinador local, si se tiene en cuenta la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la reforma del código penal que baraja la posibilidad de que un juez pueda inhabilitar, como medida cautelar, a un cargo público desde el momento en que es imputado, la actual alcaldesa y el ex alcalde deberían dimitir o por el contrario, ha dicho Carmona, en el caso de Eva Corrales, posicionarse en contra de la reforma que plantea su partido.  En cualquiera de los casos, ha insistido el coordinador local, IU confía en que este nuevo caso que llega a los tribunales y pone en tela de juicio la gestión municipal, no intefieran en los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento y que los gobernantes locales imputados se centren en trabajar para su pueblo. 

En el turno de preguntas de esta rueda de prensa, los medios han podido saber además que al presunto delito continuado de prevaricación podría sumarse "alguno más", aunque será la jueza la que dirimirá si los hechos arriba señalados son constitutivos de delito. IU no ha querido mojarse en este caso advirtiendo que sólo han actuado fiscalizando la gestión municipal "como servidores públicos" y que ahora todo está en manos del fiscal.

Precisamente, es por esta misma actitud, por la que no habían adelantado públicamente que ya hace algunos meses que los imputados fueron a declarar por este hecho pero Izquierda Unida no había querido hacerlo público hasta hoy "cuando creemos que con toda la información en la mano, era el momento más adecuado". Y es que en su ánimo no está darle a este caso el tratamiento que se les está dando mediáticamente a otros casos que también están en los tribunales y que afectan a Lorenzo Sánchez y a Eva Corrales. "No vamos a hacer un circo mediático de todo esto, no buscamos el desgaste político sino la transparencia. Nosotros exponemos el caso a la Fiscalía y es ella la que imputa y denuncia", han insistido.

Antes de poner el caso en manos de Fiscalía, los concejales de Izquierda Unida ya denunciaron públicamente la acumulación de horas extras que afectaba a un funcionario. De hecho, recuerdan que en 2011 solicitaron un estudio analítico a la delegación de Personal sobre las horas extras que se habían pagado desde el Ayuntamiento en 2010, recibiendo como contestación, según apuntaban esta mañana, "que los servicios de Personal no se podían entretener" en ese menester. No fue hasta enero de 2013 cuando reciben el citado informe "donde se constata que es abusivo el número de horas extras realizadas" por el funcionario de turno.

Curiosamente además, han indicado desde IU, en agosto de 2010, "cambia el procedimiento" y el funcionario en cuestión deja de percibir el pago de horas extras del que había venido disfrutando tres años atrás.