JUDICIALIZAR LA POLÍTICA



 
Que mengano o fulano, de éste, ese o aquel Partido Político, comparezca ante la Justicia por imputación de cargos variados, no es nuevo. No es nuevo en el período democrático, claro. En tiempos de la dictadura franquista supongo que la mayoría de los casos por corrupciones políticas quedarían tapados por el aparato del régimen, y a nadie “se le permitía toser”.  En ese “nadie” hay que incluir, por supuesto, a la prensa del momento, toda ella (la permitida) adicta al régimen. El periodismo de investigación debía sonar a un género de ciencia ficción, en  lo referente a investigación política.

Decía que no es nuevo que tal o cual personaje público comparezcan ante la Justicia. Quién no recuerda los casos de corrupción en la época del felipismo, que colmataban las portadas de la prensa. Pero de un tiempo a esta parte, los casos de corrupción, de prevaricaciones, cohechos y malversaciones de fondos públicos, son portadas casi a diario.

La mayoría de las veces, la judicialización de la Política se lleva a cabo por los propios medios de comunicación, que mantienen con esa forma de actuar el estatus de cuarto poder dentro de una democracia.

Pero en muchas otras también, se lleva a cabo por parte de los grupos políticos de la oposición. Efectivamente, dentro de las funciones de la oposición política está la de cumplir el papel de fiscalizador del que gobierna.

La oposición política, ante un caso “denunciable”, puede actuar de dos formas. Una de ellas es demandar judicial y directamente el caso en cuestión ante los órganos de la Justicia. La otra forma de proceder es elevar el caso ante la Fiscalía anticorrupción. En este caso es el Fiscal en cuestión quién establece si el caso es merecedor de investigación por detectar indicios de delito, y decide, en base a la documentación e investigación iniciada, quién o quiénes son los imputados.

Si un grupo de la oposición se ve ninguneado en su labor de oposición, si pide reiteradamente  documentación en su labor y en su derecho de oposición, y ésta se le niega o se le alarga en el tiempo, es normal que se le encargue a la Fiscalía un nuevo caso.
A veces, en base a los datos obtenidos, poco claros y sospechosos de ilegalidad, la propia oposición le envía la documentación al Fiscal para que sea éste el que decida sobre la idoneidad o no de una investigación.

Judicializar la Política es síntoma de que algunos personajes, amparados en el cargo o en las siglas, han sobrepasado los límites legales de sus atribuciones. Manchan el nombre de su Partido Político y socaban los cimientos de la democracia. Transmiten el mensaje de que todos los políticos son iguales ante una opinión pública “castigada” por los efectos de la crisis económica.  

No es bueno que la Política se judicialice. Pero, en ocasiones, no queda más remedio que llegar a ello.

Uno de los axiomas principales de la democracia es la separación de Poderes. El Poder Judicial se encarga de hacer cumplir las leyes e impide que nadie esté por encima de ellas. Su independencia debe ser impecable. Atajar los casos de corrupciones políticas, por muy alto que apunten los imputados en tales casos, es el mejor modo, o una de las mejores maneras, de mantener el espíritu democrático en alza. Desde un alcalde, concejal, presidente de comunidad autónoma o miembro de la Casa Real…Si la Justicia actúa con ecuanimidad, el personal “creerá” en la democracia como sistema.

Hay que preguntarse, al menos yo me lo pregunto, si resulta tan difícil mantenerse y actuar dentro de la más estricta legalidad. El Político es un servidor público. En eso consiste o debe consistir su vocación, en una labor de servicio a los demás. Nadie obliga a nadie a presentarse a unas elecciones. Es un ejercicio libre. Ganar unas elecciones u ostentar algún cargo de responsabilidad no hace a nadie superior al resto de la ciudadanía. Cuando el sentido del verbo servir se cambia por servirse, es cuando nos adentramos en el oscuro terreno de la ilegalidad. Y algunos terminan pagándolo.

Salud