El día 12 de febrero el Parlamento Español, reunido en sesión plenaria, aprobó tramitar en el Congreso la iniciativa legislativa popular (ILP), apoyada por más de 500.000 mil firmas, para declarar las fiestas de toros bien de interés cultural (BIC):

Según la ley, un BIC es cualquier inmueble y objeto mueble (manifestaciones de las diversas actividades humanas)  de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que sea o haya sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales.

Si lo que se pretendiera con la declaración de la fiesta de los toros como bien nacional es la conservación de las manifestaciones artísticas nacidas de la fiesta de los toros (arquitectura, pintura, literatura, música, moda, etc.), parecería algo normal y deseable.

Pero si lo que se pretende realmente, como así parece, es ayudar a la conservación de la misma fiesta de los toros mediante incentivos públicos de promoción, incluidas las ayudas fiscales, es algo que parece fuera de lugar. ¿Qué interés cultural puede tener una fiesta que retrotrae a sus actores y espectadores al nivel de sensibilidad y cultura de siglos pasados?

La cultura de una sociedad no se mide sólo por el grado de progreso científico y técnico alcanzados, sino también por el grado de sensibilidad moral.  Y la humanidad, a medida que ha ido progresando  en el dominio y sometimiento de la naturaleza por su ciencia e ingenio,  ha ido  también poniéndose cotas más altas en el nivel de su sensibilidad moral.

En antiguas civilizaciones, incluso avanzadas ya en ciencia, técnica y artes, se admitía como normal un nivel de moralidad que para nuestra cultura occidental  resulta absolutamente reprobable. ¿Podría hoy admitir nuestra sociedad occidental el sistema social de la esclavitud o los sacrificios humanos en honor de los dioses? ¿Aceptaríamos hoy el espectáculo de los gladiadores? ¿Y las ejecuciones públicas, convertidas en fiesta para el populacho? ¿Y cómo reaccionaríamos ante la quema pública, por orden de la Inquisición eclesiástica, de los herejes?

La sensibilidad moral de nuestra sociedad en general (lo que no obsta para que haya excepciones individuales hasta muy numerosas en algunos casos) ha evolucionado hasta niveles que no nos permiten aceptar como dignos de nuestra condición humana la pena de muerte, la tortura, el castigo corporal para nuestros hijos y cosas de este estilo, que hasta no hace mucho nos parecían de lo más normal.

No sólo esto. Incluso hasta la crueldad gratuita con los animales repugna a gran parte de la sociedad, como puede apreciarse en la legislación y en las protestas contra las fiestas de bastantes pueblos en las que se maltrata a toros, cabras, pavos y toda clase de animales, confundiendo las tradiciones populares con la barbarie. Muy especialmente se observa esta sensibilidad en la decadencia de las corridas de toros debida especialmente a la falta de espectadores, especialmente nacionales.

La supresión de las corridas de toros quizá no sea el camino más apropiado para llegar a acabar con este espectáculo degradante. Es la historia y la evolución de las costumbres lo que tiene que terminar con este espectáculo sangriento. Pero declararlo  bien de interés cultural sería una mala señal de nuestro nivel cultural.

Termino con algo que me ha llamado poderosamente la atención. El mismo día que el Congreso aprobó la iniciativa legislativa popular (ILP) a favor de las corridas de toros, se aprobó la ILP para defender la dación en pago a favor de las personas desahuciadas. Pues bien,  el principal grupo político que ha apoyado la ILP a favor de las corridas de toros es el mismo que se oponía a la ILP para defender la dación en pago a favor de las personas desahuciadas por los bancos. Al final cambió de opinión. Hubiese  sido inadmisible para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad moral defender a quienes quieren mantener la crueldad gratuita de las fiestas de toros y al mismo tiempo negar el apoyo a quienes luchan por defender a las personas de los abusos de los bancos.


Antonio Álvarez Martín