El portavoz de Equo en Rota, Mateo Quirós, ha manifestado públicamente su posicionamiento frente al pleno municipal que se celebraba en la mañana de ayer, cuyo único punto del orden del día era solicitar una ampliación de tres meses para que el Ayuntamiento decida su posición ante la petición de disolución de la EUC de Costa Ballena.

Desde este partido aseguran no entender que a estas alturas se plantee la disolución de esta entidad cuando realmente, la misma debería haberse hecho efectiva, según convenio firmado entre ayuntamiento y EUC, al llegar al 60 por ciento de las promociones vendidas. Sin embargo, ha apuntado Mateo Quirós, ayer se amplió el plazo para pronunciarse sobre este asunto "cuando esto debería haber ocurrido hace años, y más aún, si en pleno de junio 2010, ya se tenía muy avanzado dicho documento de disolución".

Desde Equo temen que la verdadera razón de este aplazamiento sea que al Ayuntamiento no le salgan las cuentas "al tener que hacerse cargo del mantenimiento integral del complejo", ya que disuelta la entidad, se dejaría de percibir la cuota extra que pagan los vecinos del complejo y que sirven para sufragar algunos servicios como la seguridad privada, jardinería, mantenimiento de viales o de saneamiento.

El portavoz de Equo confía en  que el "estudio pormenorizado que la delegada de Costa Ballena ha comentado como causa fundamental del retraso, no sea el inicio de un sinfín de peticiones de mejora general en el estado de conservación de la urbanización, a coste de los propios vecinos, como condicionante a la disolución y posterior adjudicación del Ayuntamiento", asegura Quirós que añade que "si alguien no es culpable de la mala o buena gestión de los rectores del complejo, ni de la buena o mala relación entre estos y los sucesivos equipos de gobierno locales, son aquellos que depositaron sus ahorros y su confianza en ambas instituciones".

Para Mateo Quirós, ni los trabajadores de la EUC ni los vecinos de Costa Ballena, deben sufrir las consecuencias de una mala gestión solicitando a los gobernantes locales que se pongan las cartas sobre la mesa lo antes posible y se finalice este proceso, "sin que afecte ni a trabajadores ni a vecinos, ni a nivel laboral ni económico".