Desde las Elecciones Municipales y Autonómicas de 2011, gracias a que el recién nacido movimiento del 15-M lo asumió como una de sus reivindicaciones más urgentes, la necesidad de una reforma de la Ley Electoral se ha convertido en trending topic de la regeneración política.

La más grave consecuencia que se deriva de la ley en vigor es la desigual consideración del voto ciudadano dependiendo de la circunscripción electoral donde se emita. No hace falta pensar mucho para reparar en que este diferente valor de los votos cuestiona de forma lapidaria la igualdad de la representatividad. Por el mero hecho de pertenecer a uno u otro censo provincial el voto tiene más o menos valor; ya que para conseguir un escaño, cuanto menor sea la población menos votos se precisan.

Como ha quedado explicado favorece a las provincias con menor población. El único argumento en favor de mantener este sistema consiste en que, de no primar a las provincias con los dos diputados no vinculados al censo, las provincias pequeñas carecerían de representantes. Esto determina que la búsqueda de un sistema alternativo justo no puede pasar por las circunscripciones provinciales o si no el número de diputad´s debería aumentarse de forma muy considerable, y no creo que la voluntad de la gente esté por la labor.

Se ha barajado como opción más justa una circunscripción única, que solucionaría el valor desigual de los votos. Esto crearía un problema tan grave o peor que, en relación con lo comentado, supondría la práctica desaparición de la representación de las provincias y comunidades pequeñas, por parte de los partidos de ámbito nacional; ya que en la confección de las listas siempre primarían las grandes ciudades o provincias que pondrían por delante a sus paisanos pues sus agrupaciones locales siempre tendrían más fuerza para imponer sus candidatos.

Por tanto, sin que sea posible la total eliminación de este riesgo citado últimamente, mejoraría mucho si las circunscripciones fueran las Autonomías y siempre en función de la población. A pesar de todo quedaría la patata caliente de Ceuta y Melilla, que imposibilitarían un reparto justo.

Quizá su incorporación a efectos electorales a otra comunidad, bien por proximidad, Andalucía, o por singularidad, caso de las Comunidades Insulares, podría suponer una salida.

Como se puede comprobar aún no he hecho referencia a la famosa Ley D´Hont, que si bien se puede decir de ella que no es justa, apenas tiene diferencia con un sistema proporcional, sobre todo cuando el voto está tan bipolarizado como ocurre en España. No supone esto que vaya a defender este sistema pues carece de sentido, ya que partíamos de que es injusto. Una ley de proporcionalidad siempre será más justa, si bien queda por resolver el problema de los restos, que no es el caso de la Ley D´Hont. En el caso del Senado, que no se rige por ley D´Hont, el reparto es mucho más injusto que en el Congreso.

Sin embargo, y llevo años clamando contra ello y no parece que interese que se conozca, lo que resulta escandaloso es el límite del 5% de los votos emitidos, o el 3% en el caso de las autonómicas, que escamotean escaños o concejalías conseguidas con toda la autoridad que otorgan los votos. Tampoco se puede olvidar que el electorado tiene derecho a que ser reconozca mediante adjudicación de escaños a quienes opten por el voto en blanco. Indudablemente sería la forma correcta de dar valor a esta opción, que si no carece de sentido.

Por todo lo anterior, creo que queda bastante definido, si bien puede que se me escapen aspectos revisables. Por ejemplo, resulta demencial y vergonzoso exigir las firmas que avalen a las candidaturas, en caso de que no gocen de representación previa; otro paso más de discriminación que apenas ha tenido contestación. Me parece absolutamente reprobable e indecente.

Otra reflexión que surge es la mayor representatividad de los partidos minoritarios, para ello se necesita un aumento considerable del numero de puestos a cubrir, con lo que personalmente estoy en contra. No creo que la solución sea que haya más políticos.

En sentido opuesto, denunciar el juego sucio que significa la reducción de concejales. La medida beneficia a los partidos mayoritarios. Es una medida interesada y demagógica, si de verdad quieren ahorrar que supriman todos los cargos de confianza.

A pesar de todo esto, y aunque el sistema quedaría sensiblemente mejorado, tampoco se habría conseguido un cambio sustancial si no se incide en el mayor de los obstáculos para conseguir una clase política que ofreciese mayores garantías que la actual, que bien se ha encargado de desprestigiar la política y de desprestigiarse a sí mismos. Hasta ahora la selección de la candidatura queda en manos de los partidos que, aunque presenten para su aprobación las listas a sus militantes, en el caso de que todos los partidos lo hagan, no deja de ser un mero formulismo que apenas permite cambio alguno. Para que la ciudadanía pudiese asumir una participación activa debería arbitrarse un mecanismo que permitiera seleccionar a quienes ofrezcan cierta fiabilidad o al menos la capacidad de excluir a quienes reconozca como gente desconfiable por sus conductas conocidas. Hasta ahora no conozco otro sistema que la opción por listas abiertas en las que poder excluir a todo aquella persona que no nos merezca la suficiente garantía.

En resumen, circunscripciones autonómicas, asociar a efectos electorales a Ceuta y Melilla a otra Comunidad, restos adjudicados por comunidades por mayor número de éstos, supresión de los límites en todas las elecciones, valoración en escaños o concejales del voto en blanco, eliminación del requisito de las firmas para presentar una nueva candidatura y establecimiento de listas abiertas como mínimos irrenunciables.

Como complemento a esta reforma, con el fin de reducir gastos superfluos se debería incluir la eliminación del Senado, de las Diputaciones Provinciales, Mancomunidades y otros entes que repitan ámbitos competenciales.

Puestos a pedir, que se cambie el modelo de Estado. No sería mal momento para plantear al pueblo español si están por la monarquía o están por la república.



Manuel García Mata