Pese a que los ayuntamientos no tienen competencia directa sobre el área de vivienda, el Consistorio roteño ha sacado adelante una propuesta que en estos tiempos de crisis afecta muy directamente a numerosas familias que están viendo cómo la  ausencia de ingresos les está llevando a perder su vivienda.

Ha sido en este caso el grupo municipal de Izquierda Unida el que elevaba a pleno una moción sobre los desahucios que finalmente, con modificaciones, salió aprobada por todos los partidos.

Sin duda, el drama de perder el domicilio habitual por la imposibilidad de afrontar los pagos estuvo presente en todo el debate donde los políticos mostraron su acuerdo por trabajar para paliar esta situación. Por ello, se aprobó la exención del impuesto municipal de plusvalías a las personas que sufran la pérdida de su vivienda o que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda, lo que significa que en estos casos, los afectados no tendrán que pagar este impuesto.

Entendiendo que esta medida es mínima para mejorar el grave problema de los desahucios, el equipo de gobierno pidió en el debate que éste fuera tratado con "la profundidad que se merece".

El proponente, Antonio Franco, en representación del grupo  municipal de IU, elevaba la medida de la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, llamada Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda para que se aprobara en el pleno municipal y poder aplicarla en la localidad. Este programa se centra, según explicaba Antonio Franco, en tres áreas: prevención, intermediación y protección. Para ello, la consejería de Fomento y Vivienda va a ofrecer en las ocho provincias andaluzas un servicio público y gratuito encaminado a evitar los desahucios y, en caso de que se produzcan, revertir la injusticia y ofrecer soluciones tangibles. Este servicio renuncia de entrada a la neutralidad y se sitúa junto a la víctima del desahucio. Así lo defendió el izquierdista, como un programa "hecho a pie de calle y no de paños calientes".

Ante este asunto, el primer teniente de alcalde y portavoz de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez, insistió en la necesidad de buscar una reforma más profunda, más allá de la propuesta presentada de la que dijo que “tan sólo nace de la buena voluntad pero no es efectiva ante el problema que sufren estas familias, que no sólo se traduce en un asunto financiero sino también en un problema social”, planteando que se exija al Gobierno y a la Junta de Andalucía que tiene la competencia en vivienda, a que “pongan fórmulas para solucionar la situación, que entren a regular las tasaciones, a regular el tema de la vivienda”.

La portavoz del PSOE, Encarnación Niño, puso de manifiesto el acuerdo de su grupo municipal con el planteamiento de consenso alcanzado en esta propuesta, presentada por el portavoz de IU, Antonio Franco, “como un primer paso a la creación del Programa andaluz en defensa de la vivienda”. Los socialistas destacaron, al igual que el resto de compañeros , que no era justo que alguien que pierda su vivienda esté sujeto a tener que seguir pagando impuestos por una vivienda que ya no tiene, como es el caso del impuesto de plusvalía.

En la línea de apoyo a esta propuesta, la portavoz municipal del PP, Auxiliadora Izquierdo,  recordó la propuesta que ya presentó el PP en el Parlamento andaluz una propuesta no de ley en mayo "con la misma iniciativa que ha anunciado la consejera de Vivienda" y que, recuerda la popular, fue rechazada por el PSOE e Izquierdo Unida. Auxiliadora Izquierdo leyó parte de la propuesta que su grupo presentó en el Parlamento para demostrar que el objetivo y las líneas eran muy similares. Dejando claro de este modo "que sí hemos sensible", mostró su voto a favor de la propuesta de los izquierdistas.

La alcaldesa, Eva Corrales, que destacó el apoyo de todos los grupos, se refirió a esta propuesta de IU como una “propuesta pobre, que no es muy exigente”, aclarando que una vez más “se exime responsabilidad cuando se está en el gobierno, como es el caso de PSOE e IU que desde la Junta tienen competencias en vivienda, y se trae una propuesta que carga la responsabilidad sobre el Ayuntamiento, al que recurren las familias que ven peligrar sus casas”, un Ayuntamiento que según la alcaldesa “interviene para mediar entre bancos, juzgado y familias a pesar de no tener respuesta para estos casos”. Por todo ello, Eva Corrales se mostró convencida de que “tenemos que ser exigentes y no solo desde la Junta también desde el Gobierno de España, para que este tipo de situaciones no se den”.