El día 22 de agosto el Tribunal Supremo se pronunció contra la subvención a los centros concertados que mantienen la discriminación por razón de sexos, diferenciando entre colegios de niñas y colegios de niños. Esta noticia no dejaría de ser una lógica decisión de un alto tribunal de un país democrático contra la injusticia de que con el dinero de los contribuyentes se esté manteniendo una postura casposa de un colectivo retrógrado.

Nadie tendría que decir nada si con su dinero, del que normalmente están sobrados este tipo de gente, se costearan su atávico capricho, ajeno a la mínima coherencia con una sociedad libre. Pero es más, las capas más reaccionarias del partido en el gobierno, en el que destaca la ínclita Sra. Aguirre, ya se han pronunciado que no van a hacer ni caso a la sentencia. A esta gente les importa un pito lo que diga un alto tribunal, si es que va contra sus ocurrentes intereses.

Ahora saldrá quien me acuse de que yo a veces me he manifestado en contra de alguna sentencia, pues sí; pero da la casualidad de que yo no soy una alta autoridad. Así que, a buscarse otros argumentos, que esos no se sostienen.

Más parece que esto no es más que refrendar el agradecimiento a la labor de zapa que la derecha más rancia, cliente de este tipo de establecimientos, está recibiendo el pago por los servicios prestados. En un momento en que la educación pública se retuerce por el tijeretazo propinado por la política neoliberal, las comunidades del PP dilapidan el dinero de todo el país para que sus manifestantes oficiales se sientan recompensados.

Con todo el cúmulo de agresiones que contra la educación pública se han vertido, resulta lógico esperar que el comienzo del curso coincida con el reinicio de las movilizaciónes, a las que la noticia parece pretender echar más leña al fuego. El curso pasado se caracterizó por el despertar reivindicativo de un colectivo, el de la enseñanza, que ha sido santo y seña de la lucha contra la política de recortes. Este curso, sin haber mejorado nada el panorama, claramente se ha empeorado, puede ser lesivo para el buen funcionamiento de la escuela. En el curso pasado, y tuvimos un buen ejemplo en Rota, toda la comunidad educativa, profesorado, familias y alumnado, consiguieron el apoyo de la sociedad, consciente de la importancia de sus esfuerzos, pues la educación es la base del futuro de un país. Por ello, y para que la sociedad en general y las familias en particular, sigan codo a codo con los enseñantes, las medidas a tomar han de ser muy escrupulosas con los intereses del alumnado. Desgraciadamente, esperemos que una reflexión sensata lo evite, hay parte del profesorado que aboga por una política contra las actividades extraescolares y complementarias, y por la supresión de programas educativos específicos, como modo de reivindicar. La sociedad está con los enseñantes, pero que estos destinen sus medidas de presión en detrimento de la calidad de enseñanza del alumnado no creo que sea fácilmente comprendido.

Es de desear que la poca sensibilidad que caracteriza la política del gobierno, no se instale en quienes con justicia tratan de defenderse de sus efectos.



Manuel García Mata