YO TAMBIÉN ESTUDIÉ EN LA PÚBLICA
    
   
  
  

Nos congratulamos que el pasado 29 de mayo, más de mil roteños nos manifestáramos en la calle para defender la educación pública.

Conociendo “el paño de que está hecho el tejido”, parece que casi todos coinciden en que la manifestación fue todo un éxito. Ya digo, en comparación con otras manifestaciones y dado el carácter “moderado” de nuestros vecinos, nos podemos sentir satisfechos con la respuesta dada.

La verdad es que yo esperaba una respuesta más numerosa. Tomemos como ejemplo el Colegio Azorín, por ser el que menos alumnos acoge y porque, por qué no, a este centro acuden mis hijos más pequeños. Pues bien, el número de alumnos matriculados en Azorín ronda los doscientos cincuenta. Teniendo en cuenta que muchas familias tienen allí matriculados a más de un hijo/a, podemos redondear a que un total de ciento cincuenta familias está relacionadas con este centro. Traducidos a padres (y madres) esto representa trescientos “implicados” aproximadamente. No digamos ya si trasladamos los datos al colegio Eduardo Lobillo, con más de setecientos alumnos. Por eso creo que la manifestación, para que hubiese sido un éxito total tendría que haber contado con cinco o seis mil personas.
Ha sido tal el aconteciendo que, por primera vez en mucho tiempo (tanto que ni lo recuerdo), la portada del semanario Rota Información recogía en portada una imagen de la manifestación en lugar de alguna fotografía en la que aparecen algún o algunos miembros del equipo de gobierno, o algún desfile procesional tan prolíferos en la Villa.

La Plataforma en Defensa de la Educación Pública en Rota informaba de la repercusión de las medidas aprobadas por los gobiernos central y autonómico en materia educativa y que van a afectar directamente a nuestros hijos. Aunque estas medidas se han comentado y explicado de manera reiterativa, aprovecho la ocasión para enumerarlas. Así, aumentará la ratio por clase, es decir, habrá más alumnos que atender en cada clase. Pueden figurarse como se dispararán las cifras de fracaso escolar y la calidad del estudio; las bajas por enfermedad del profesorado no serán cubiertas hasta pasados más de quince días; desaparecen las clases de apoyo para aquellos alumnos que la necesiten; suben las tasas universitarias más de un 40% de media ( matricularse en la Universidad puede estar en torno a los 1.500 euros); desciende los presupuestos de educación, por lo que habrá menos recursos didácticos, menos materiales para las prácticas…

Y allí estábamos mi compañera y yo formado parte de aquella manifestación.
Soy consciente que nos manifestábamos, no sólo por las medidas del gobierno central, sino también contra las del gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Por qué digo esto? Hago esta referencia por mi directa vinculación a Izquierda Unida, que como todos ustedes sabrán forma parte desde las últimas elecciones al Parlamento de Andalucía del Gobierno de la Junta. Para “callar los rumores de aquella esquina” les diré que antes que militante de Izquierda Unida soy padre y ciudadano. Así que, como padre y ciudadano, me manifesté contra las medidas que, la agrupación política en la que milito y el PSOE, habían acordado.

En un principio justifiqué estas medidas, porque consideré que fueron tomadas con el fin de causar el menos daño posible en el profesorado. El Gobierno central ha situado como barrera infranqueable la consecución del 1,5% de déficit público para Andalucía. Como consecuencia de esta imposición legal, Andalucía debe recortar 2.700 millones de euros de los presupuestos de este año. Si a esto le sumamos 1.500 millones de euros en recortes para inversión que nos han restado desde Madrid, tenemos que decir fuerte y claro que el Gobierno del PP quita a los andaluces la espectacular cifra de 4.200 millones de euros. Si esto no se cumple por parte del gobierno de la Junta, ello llevaría aparejado la intervención de nuestra Comunidad Autónoma por parte del gobierno del PP.

El gobierno de la Junta prefirió tomar la medida de reducir temporalmente los complementos salariales de los empleados públicos ante que verse abocado a despedir a más de 30.000 trabajadores públicos.
Por eso, justifiqué dichas medidas.

Pero después rectifiqué. ¿Por qué no rebelarse contra las imposiciones del déficit público impuestas por Ley? ¡Qué el Gobierno del PP intervenga Andalucía! ¡Qué sean los populares los que decidan bajar el sueldo, despedir a trabajadores públicos y reducir las inversiones en Andalucía! A lo mejor así, el Sr. Arenas sería feliz. Podría ser proclamado algo así como Interventor de las Cuentas Públicas Andaluzas.
Prefiero ser rebelde antes que enfrentarme al pueblo.

Está claro que para conseguir el equilibrio de las Cuentas Públicas no hace falta apretar tanto a las Autonomías. Es más, se puede equilibrar los recursos con más ingresos desde una fiscalidad progresiva. ¿Por qué no atajar el fraude fiscal que supone más de 60.000 millones de euros? ¿Por qué se aplica sólo un recorte en gastos militares de un 6,7% y, sin embargo, en gastos sociales se aplica una reducción del 19%? ¿Por qué las confesiones religiosas no pueden pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, con lo que se ingresaría en el conjunto del Estado más de 3.000 millones de euros? ¿Por qué no se eliminan cargos en la Administración? ¿Por qué no se plantea la eliminación de las Diputaciones Provinciales? ¿Por qué no se modifica la Constitución para la eliminación del Senado?...
Y no nos vamos a meter en terrenos de ayuda a la banca, a la que se le auxilia sin ni siquiera pedir responsabilidades.

Como se puede salir de la crisis tomando otras medidas, me manifiesto para que Izquierda Unida le haga llegar a Madrid, como parte que es del Gobierno de la Junta, que así NO, que hay otros caminos. Y si para ello hay que rebelarse, pues nos rebelamos. Si quieren hacerse con el gobierno de la Junta por desobediencia jurídica, que intervengan. Aunque no sé yo que sería peor para los andaluces. Salud



                                                                                                    ANTONIO FRANCO GARCIA