PLAN DE AJUSTE

El  Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero es el tercer intento en menos de tres años de establecer un sistema que permita abordar el grave problema  de los impagos a las empresas proveedoras por parte de los ayuntamientos. En el 2.009 y en el 2.011 ya hubo sendos decretos ley para el saneamiento de estas deudas.

Pero esta norma, (el real decreto de 24 de febrero) OBLIGA, con mayúsculas, a los ayuntamientos al pago de las facturas pendientes y establece la responsabilidad directa y personal de los funcionarios municipales, particularmente de los interventores.
Como señala el artículo primero de la citada norma, su objeto lo constituye habilitar las condiciones necesarias para permitir la cancelación por las entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios.
En este sentido, se diferencia poco de la regulación recogida en el real decreto ley de 2.009 y en el 2011.

En lo que se produce una diferencia sustancial con la normativa anterior es en el carácter obligatorio para las entidades locales, frente al carácter voluntario de las anteriores. Esto lo explica claramente el artículo 3 que señala que las entidades locales deberán remitir, por vía telemática y con firma electrónica, al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha límite el día 15 de marzo del presente mes, una relación certificada de todas las obligaciones de pago. No se señala que lo hagan aquellos ayuntamientos que quieran acogerse a este sistema, sino todos aquellos que tengan obligaciones pendientes de pago anteriores al 1 de enero de 2012. En este sentido, se trata  de conocer el autentico volumen de la deuda pública municipal, lo que conllevará aparejada, muy probablemente, una revisión al alza de la cuantía de la deuda pública española en términos de contabilidad nacional.

El artículo 3, apartado 2, expresa que esta relación de todas las obligaciones pendientes de pago es una OBLIGACIÓN QUE ASUME PERSONALMENTE EL INTERVENTOR MUNICIPAL,  al margen de la voluntad política del equipo de gobierno. De hecho, el interventor sólo tiene la obligación de informar directamente al Pleno (no al equipo de gobierno) de esa relación certificada, pero no de recabar su autorización para remitirla.

La consecuencia de este real decreto viene determinada en el artículo 7. Una vez remitida la relación certificada de las obligaciones pendientes de pago, el  equipo de gobierno presentará al pleno del Ayuntamiento un PLAN DE AJUSTE para su aprobación antes del 31 de marzo.
Este Plan es concebido en el real decreto-ley en unos términos y con unos mecanismos de seguimiento y verificación mucho más estrictos que los establecidos en la normativa anterior. Por utilizar una analogía inteligible, podríamos decir que nos encontramos ante un mecanismo de rescate muy parecido al que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional están aplicando a los Estados deudores.

En el fondo, este Real Decreto Ley se configura como una trampa para las corporaciones locales que hará recaer en los actuales equipos de gobierno la obligación de hacer frente a todas las deudas pendientes de las corporaciones anteriores, sean las actuales las herederas políticas o no de las mismas, y a aplicar un durísimo Plan de Ajuste que va a poner en riesgo el mantenimiento de las prestaciones que hasta ahora venían asumiendo los ayuntamientos y que incrementará notablemente la carga fiscal al conjunto de los ciudadanos.
El efecto positivo de la norma, permitir a los proveedores de los ayuntamiento cobrar lo que se les debe. También, sacar del cajón las facturas guardadas, lo que permitirá descubrir no sólo la situación económica financiera real de cada corporación sino también, y muy especialmente, el origen de la deuda.

El equipo de gobierno de  nuestro ayuntamiento ha presentado su plan de ajuste de acuerdo a esta normativa. Se trata de un plan de ajuste al que le ha faltado  consenso y  debate. La falta de tiempo lo ha impedido. El plan de ajuste es, pues, por obra y gracia del equipo de gobierno. Incluso  la convocatoria del pleno extraordinario para tratar este asunto se ha salido de toda norma, en lo referido a plazos para convocar, comisión informativa con el tiempo suficiente, e  incluso el contenido del Plan de ajuste que lo ha separado de la celebración del Pleno menos de doce horas.

A grandes pinceladas, se puede comprobar que van a quedar paralizadas aquellas inversiones que no son de competencia municipal, como el nuevo centro de Salud. Hay que recordar que el equipo de gobierno lleva gastado en esta “potencial  infraestructura" más de  medio millón de euros. Se echa en falta también que se siga manteniendo la donación onerosa,  del inmueble que acoge al museo Ruiz Mateo, y que no se haya eliminado este gasto o inversión (según operen) para aliviar el plan de ajuste.

Toda una serie de medidas que habrá que ir analizando. Otra de las consecuencias del Plan de ajuste es que “deja atado de pies y manos” a éste y al siguiente equipo de gobierno que se forme. Hay que recordar que el período que abarca este plan es de dos legislaturas y media (diez años). Habrá que “mirar con lupa” los diferentes programas de gobierno de los distintos partidos políticos que discurran a las elecciones locales por si a sus promesas les salen las cuentas.

Ya ven, nuestros gobernantes que nos gobiernan no van a poder cumplir ni una sola de sus grandes “promesas estrellas”. Supongo que estarán preparando, desde ya, un “nuevo discurso” para distraernos. No llevamos ni un año de la actual legislatura y ya se ha dejado en el baúl de los despropósitos algunas de aquellas promesas electorales. Pero bueno, para ser sinceros, esta vez tenemos que decir que la culpa es del PP y sus medidas económicas, como este plan de ajuste impuesto por ley. En todo caso, hay que respetar la voluntad de las urnas. ¡Faltaría más!
Salud.

                                                                                                           ANTONIO FRANCO GARCÍA