Me pregunto si el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene autoridad moral para hablar del problema de la Vivienda de los andaluces. Lo digo porque más de ochenta altos cargos reciben cada uno 2.000 euros al mes como ayuda de vivienda. Por cierto, por este concepto, los altos cargos públicos del gobierno presidido por Juan M. Moreno Bonilla no tributan. Dos mil euros libres de polvo y paja. Hay que recordar que la Junta de Andalucía tiene las competencias en materia de Vivienda.

Igual se puede decir de los ministros del Gobierno de España que habitan en viviendas oficiales. No crean que me olvido de ello. Recuerdo que José Luís Ábalos, siendo Ministro de Fomento en el gobierno de Pedro Sánchez afirmó que la Vivienda es un bien de mercado. Nadie en su partido le plantó cara entonces para decirle que la Vivienda es un derecho.

Continuo con el Gobierno de la Junta.

Qué decir del gobierno del PP formado a partir de negociar con Vox. Me pregunto si  la ciudadanía conoce el crecimiento del presupuesto de la nueva estructura del Ejecutivo. Un sobre coste de más de tres millones de euros para hacer frente a los altos cargos y puestos de confianza nombrados a dedo. Por supuesto, para equilibrar las cuentas han tenido que recortar algunas partidas. No sé si se imaginan cuáles.

Vox, que en la oposición había sido muy crítico con el número de altos cargos del Gobierno del PP, se ha sumado al incremento del gasto público. La Consejería de Turismo, Justicia y Administración Local en manos de Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, ha incrementado sus cargos de confianza en más de treinta personas.

Para entender que un presupuesto de cualquier Administración Pública es una herramienta que tiene que estar equilibrada no hace falta ser licenciado en Ciencias Económicas. Ingresos y gastos tienen que ser idénticos. Visto así se podría pensar que no hay diferencia entre un gobierno de derechas y otro progresista. Y es ahí, en la confección del presupuesto dónde se diferencia una opción política de otra. 

A saber, bajar los impuestos supone una merma de ingresos, queda claro, ¿verdad?

Si ingreso menos tengo que recortar gastos. Y es en esos recortes de gastos a dónde hay que dirigir la mirada para analizar al detalle qué tipo de Políticas quiere llevar a cabo el gobierno en cuestión.

Por eso ponía el ejemplo del aumento del número de personal de confianza de PP y Vox en el organigrama del gobierno de la Junta de Andalucía.

El día 29 de noviembre los españoles tenemos una cita con las urnas (es una frase manida, soy consciente) y podremos elegir al gobierno que administrará no sólo nuestros ingresos y gastos, sino también nuestras vidas los cuatro próximos años.

En todo proceso electoral existen votos ideológicos y votos meramente interesados. Estos últimos suelen ser los que decantan la balanza entre los partidos políticos que se presentan a las elecciones.

La pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de depositar nuestro voto en las urnas es la de qué partido político defenderá mejor nuestros intereses.

Tengo claro, independientemente de mi ideología, que opción política defenderá mis intereses particulares, aunque suene un poco egoísta escrito así. Tengo claro que mis intereses y el de los míos no coinciden con los que tienen las personas acomodadas que puedan vivir en un barrio como el de Salamanca en Madrid, por ejemplo. No se si me entienden. Los que nacen en familias de buena posición económica no necesitan que el Estado le facilite la educación de sus hijos (porque pueden pagarla), ni le garantice la salud de los suyos (también pueden pagarla). Estas personas sólo reclaman libertad. No les interesa otras consideraciones ni les preocupan otras cuestiones como sus futuras pensiones (porque las tienen aseguradas). La “fraternidad” del Estado no va con ellos. Por supuesto, tampoco la igualdad.

Pero cómo dicen los cubanos: “cada cual hace de su culo un tambor y se lo da a quién se lo toca mejor”.