Aunque la conocida como "Ley de Nietos" es una cuestión con cariz nacional, la concejal del PP en el Ayuntamiento de Rota y diputada nacional, Macarena Lorente, cree que también es un tema que afecta a los roteños y por eso, ha querido abordarlo en una comparecencia en la que ha arremetido directamente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de querer manipular el censo electoral a su favor. No solo eso, también ha criticado la postura del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, al que achaca que en el pasado pleno ordinario votara en contra de una moción sobre este asunto.

Según la concejal popular, la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y, en concreto, la llamada "Ley de Nietos", pone en entredicho las garantías democráticas del censo de cara a las próximas elecciones nacionales del 29 de noviembre y por ello, ha querido dejar claro de entrada cuál es la postura oficial de su formación. Macarena Lorente asegura que el PP apoya que los hijos y nietos de exiliados del franquismo obtengan la nacionalidad española en los términos estrictos que marca la disposición adicional octava de la ley aprobada bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo que ocurre según este partido, y ahí es donde surge el conflicto, es que creen que el Gobierno del PSOE ha abierto el campo de forma "masiva e indiscriminada" permitiendo conseguir la nacionalidad española, y por tanto, el derecho a voto, a personas con antecedentes remotos del siglo XIX o principios del XX que jamás han residido ni visitado España.

La también diputada nacional ha señalado que el procedimiento que se está llevando a cabo en la aplicación de esta ley es "arbitrario y opaco", denunciando que los requisitos legales no pueden quedar supeditados a la simple voluntad de los solicitantes.

Macarena Lorente ha calificado de "tramposo" al Gobierno central por servirse de vías como la instrucción firmada por Sofía Puente -hermana del ministro Óscar Puente y recientemente imputada por un juzgado de Madrid por presunta prevaricación en esta materia- para abrir la puerta del censo a cientos de miles de personas sin verificar. "La nacionalidad española no es un regalo político ni una herramienta de ingeniería electoral", ha manifestado la concejal del PP reprochando que la composición del censo quede al arbitrio de declaraciones no contrastadas.

En este sentido, la diputada nacional ha recordado las recientes resoluciones del Tribunal Supremo y los requerimientos judiciales exigidos a los ministros del PSOE, Félix Bolaños y José Manuel Albares, respecto al listado de los 163.020 "nietos" con el voto suspendido cautelarmente, acusando al Ejecutivo central de obstaculizar la acción de la justicia y de eludir el cumplimiento de las normativas de garantía electoral.

De estas críticas no se ha librado el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ni el PSOE local, ya que Macarena Lorente ha recordado que el posicionamiento del equipo de gobierno municipal en el pasado pleno, en el que se debatió una moción sobre la "Ley de Nietos", votó en contra de una propuesta, ha recalcado, que está orientada a salvaguardar la transparencia del censo.

A juicio de Macarena Lorente, el alcalde roteño ha vuelto a actuar como "fiel escudero de Pedro Sánchez", priorizando las siglas de su partido por encima de los intereses de los vecinos de Rota. "Votaron no a mantener nuestro censo limpio y a que seamos los españoles los que decidamos nuestro futuro, negando a los roteños un gobierno decente y transparente", ha afirmado la diputada que ha aprovechado para enumerar una larga lista de motivos por los que el PSOE "no es de fiar" en este asunto. Al respecto, la diputada nacional se ha preguntado cómo se puede uno fiar de un partido en el que la responsable del PSOE en Argentina habla de obtener votos mediante documentos de ciudadanos fallecidos, o de un partido que "hizo trampas" a sus propios compañeros en las primarias; que tiene 17 sumarios abiertos, 23 tipos delictivos bajo investigación y 2.400 años de cárcel en juego; que se haya dado la nacionalidad a miles de supuestos descendientes que hablan de arraigo en municipios que no existían en 1955; o que haya obtenido la nacionalidad por esta vía, una persona cuyo antepasado español había fallecido casi medio siglo antes de la Guerra Civil. En esa línea, se pregunta además, cómo fiarse de un PSOE en el que señala que los máximos responsables del consulado general de España en México, que depende del gobierno, "dieron la orden explícita de modificar y falsear la fecha de recepción de documentos para que no estuvieran fuera de plazo"; o que el gobierno de Pedro Sánchez ha contratado a una empresa del "régimen criminal, dictatorial y comunista" para que tramite los expedientes de nacionalidad española y vean que se cumple con los requisitos, en vez de hacerlo los funcionarios españoles.

Macarena Lorente se ha referido además a la poca confianza que inspira el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "al que Pedro Sánchez ha puesto como número 1 al Congreso por Cádiz", del que ha dicho que esta misma semana se ha conocido que en las elecciones de 2023 se permitió votar en el Consulado de Buenos Aires a personas con pasaportes caducados y documentos sin fotografía, "algo con lo que ninguno de nosotros podríamos ejercer nuestro derecho al voto". La concejal popular ha señalado además que poco quiere Pedro Sánchez a Cádiz si esta vez coloca de número 1 a Albares y en las anteriores puso a Fernando Grande-Marlaska, el ministro más reprobado.

El PP tiene claro cuál es su papel en esta polémica y asegura que "no va a mirar hacia otro lado", lamentando que la provincia de Cádiz sufran las consecuencias políticas de estas decisiones, señalando directamente al ministro de Asuntos Exteriores y número 1 del PSOE por Cádiz, José Manuel Albares, pero también al alcalde de Rota por "amparar y justificar estas tropelías".

Macarena Lorente tiene claro que lo que está sucediendo "es gravísimo y nos afecta como roteños y españoles", recalcando que "ni la nacionalidad se regala ni el censo se manipula". El problema del Gobierno central, ha concluido, es que les hemos pillado en "un intento de pucherazo", que a Javier Ruiz Arana le parece bien a juzgar por su voto en el pleno. La postura del PP será respetar en todo momento lo que diga el Tribunal Supremo insistiendo en que el partido está a favor de conceder la nacionalidad a aquellos que cumplan estrictamente con los requisitos legales y no como una forma de manipular el censo electoral.