En el entorno de la entrada a la Base Naval de Rota se ha vuelto a concentrar esta mañana personal civil adscrito al Ministerio de Defensa para seguir con las movilizaciones que desde hace más de año y medio mantienen para exigir el fin de la brecha salarial que vienen denunciando desde que a sus compañeros militares del departamento se les subió el sueldo sin incluirlos a ellos.

Aunque la concentración de hoy, que se ha repetido en un centenar de centros de trabajo del Ministerio de Defensa en todo el país, se realizaba con el anuncio del abono de incentivos extraordinarios no consolidables para el personal civil durante el año 2026, lo que exige la plantilla civil es que se igualen los salarios y, si a los militares se les ha subido el sueldo en 340 euros mensuales en 14 pagas, se haga lo mismo con el personal civil.

Sin embargo, lo que el Ministerio de Defensa ha anunciado es que se abonará la MUA (Mejora Unilateral de la Administración) para el personal laboral y la productividad para el personal funcionario y estatutario, en la misma cantidad anual que el año pasado —es decir, 200 euros por 12 meses—, pero un mes antes, distribuyéndose entre las nóminas de octubre, noviembre y diciembre. En octubre se cobrarán los atrasos correspondientes a los nueve primeros meses del año, junto con la cantidad correspondiente a ese mes.

Para los sindicatos convocantes de las movilizaciones, FAC-USO y APLAGE, esta medida supone únicamente la mitad de lo exigido por los trabajadores, insistiendo en que la reclamación es el fin de la discriminación salarial del personal civil en el ámbito del Ministerio de Defensa, y para ello, es necesario que este incentivo se consolide.

Desde las organizaciones sindicales reconocen y agradecen este avance económico, que supone una inyección importante para los bolsillos de los trabajadores de Defensa, pero tienen muy claro que este pago no es un regalo de los despachos, sino el fruto directo de la presión y el malestar que han canalizado en la calle y centros de trabajo durante los últimos 21 meses.

Aunque el cobro de estas cantidades suponga un alivio temporal para los trabajadores, la Administración sigue aplicando parches en lugar de soluciones reales y definitivas, ya que, tal y como manifiestan a este medio, la medida anunciada adolece de los mismos defectos que llevan denunciando desde el principio: ni es la cantidad exigida, porque piden una subida igual a la del personal militar, que ha sido de 340 euros en 14 pagas y no de 200 en 12 pagas como han aprobado para el personal civil, y además, los militares la tienen consolidada y ellos no. Por tanto, denuncian que la discriminación persiste, ya que sus compañeros cuentan con una mejora estable, sin depender de la incertidumbre de los presupuestos anuales, ni quedar condicionada por el estado de salud de las personas trabajadoras o por informes y criterios de valoración. Además, señalan que este modelo tampoco garantiza un trato equitativo entre los propios colectivos civiles, como ya sucedió el año pasado, cuando se incluyeron en el reparto cantidades que algunos colectivos tenían previamente reconocidas o se distribuyeron fondos adicionales de forma desigual al final del ejercicio.

"No queremos mejoras temporales a merced de la discrecionalidad administrativa, sujetas a criterios variables y subjetivos, ni repartos que generen nuevas desigualdades, pues penaliza gravemente a los trabajadores en situaciones de Incapacidad Temporal (IT), ya que si caes enfermo en determinada fecha, pierdes parte o todo este dinero: exigimos una solución justa, transparente y consolidable en la RPT para todo el personal civil del Ministerio de Defensa, aplicable de forma simultánea con una única norma común a todos los trabajadores, además de reconocer el derecho a gratificaciones y productividades, tal y como tiene establecido el personal militar, pues aunque a veces no lo parezca, todos pertenecemos a la misma casa, Ministerio de Defensa", manifiestan los afectados.

El personal civil se sigue sintiendo tratado como una plantilla de segunda, sujeta a la incertidumbre anual para poder llegar a fin de mes, pues es el segundo año consecutivo que se ve obligado a tener que luchar 10 meses al año detrás de una pancarta para ver si es agraciado o no con un incentivo a final de año y en qué cantidad.

Según los sindicatos, quienes se sientan en la mesa y aplauden este cobro como un éxito definitivo están validando un modelo que "nos condena a la precariedad y divide a los colectivos civiles".

Ante esta situación, FAC-USO y APLAGE tienen claro que, "frente a los parches temporales y el conformismo", mantienen su hoja de ruta, que pasa por pedir 300 euros en 14 pagas para todos para equipararse así al salario del personal militar; consolidar esta subida en la RPT, para que el dinero se incluya como un complemento exclusivo del Ministerio de Defensa para que sea un derecho blindado y no una concesión graciable; y que no se vean mermadas las retribuciones por encontrarse en situación de incapacidad laboral.

El llamamiento sigue siendo a la unidad de acción y la intención, la de seguir movilizándose como hoy han vuelto a hacer, en el caso de Rota, a las puertas de la Base Naval, con una amplia representación de trabajadores que solo piden igualdad de trato.