La delegación territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz y la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico han mantenido este jueves una primera reunión de trabajo en el marco del periodo de consultas abierto respecto a la modificación de la concesión del establecimiento hostelero ‘Galápagos’, ubicado en la playa de la Costilla, en Rota, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que acordó retrotraer el procedimiento para abrir este periodo de consultas. Hay que recordar que a este chiringuito se le otorgó por parte de la Junta la concesión para su apertura todo el año, pero Costas emitió un informe preceptivo legalmente exigido, que fue negativo, aunque al no tener un carácter vinculante, hizo que la Junta  siguiera adelante con la concesión basándose en sus propias competencias de gestión y otorgar la permanencia anual solicitada por el concesionario.  Tras un recurso contencioso-administrativo por parte del Gobierno central, respaldado por los criterios técnicos de Costas, que eran diferentes a los de la Junta, el TSJA dictó retrotraer las actuaciones administrativas al momento previo a la emisión del informe de Costas para la concesión de la apertura todo el año.

Hoy se han reunido las partes y el delegado territorial, Óscar Curtido, ha destacado que el encuentro se ha desarrollado en un clima de diálogo institucional, en el que las dos administraciones “hemos expuesto nuestros respectivos criterios técnicos y jurídicos, identificando cuestiones sobre las que existe margen de subsanación”. Al respecto, ha detallado que “hay aspectos relacionados con las distancias, la gestión de las aguas residuales y otros elementos técnicos sobre los que existe una clara disposición para el acuerdo”.

Del mismo modo, el delegado ha valorado positivamente la evolución de las conversaciones, dado que la Demarcación de Costas ha manifestado su disposición a estudiar las cuestiones pendientes desde el punto de vista técnico y jurídico, con el objetivo de determinar las posibilidades existentes para hacer viable la permanencia del establecimiento durante todo el año dentro del cumplimiento de la normativa de Costas.

En este contexto, Óscar Curtido ha puesto de relieve la voluntad de la Junta de seguir trabajando para encontrar una solución que permita la permanencia del establecimiento los doce meses, “siempre dentro del respeto a la normativa aplicable y garantizando la adecuada protección y el uso público del dominio público marítimo-terrestre”.

Por ello, el titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Cádiz ha hecho hincapié en la conveniencia de avanzar hacia criterios comunes de interpretación y tramitación administrativa que aporten una mayor seguridad jurídica y previsibilidad en futuros expedientes, “algo que se ha abordado también en la reunión y que consideramos vital para favorecer la coordinación entre administraciones, aportar mayor seguridad jurídica y evitar, en la medida de lo posible, futuras discrepancias en la tramitación de estos expedientes”.

Como resultado de esta primera toma de contacto, ambas partes se han emplazado a celebrar una nueva reunión en las próximas semanas, una vez analizadas las cuestiones pendientes y estudiadas las posibles soluciones técnicas y jurídicas que permitan avanzar en la resolución del expediente.

No obstante, para Curtido, “se trata de un paso adelante en el diálogo institucional y en la búsqueda de soluciones compatibles con una gestión sostenible del litoral”. En este sentido, el delegado ha puesto de manifiesto que el Gobierno andaluz “mantiene su compromiso de compatibilizar la protección ambiental y el adecuado uso del dominio público marítimo-terrestre con el desarrollo de actividades económicas vinculadas a los establecimientos de playa, un sector de especial relevancia para el empleo, el turismo y la economía de la provincia de Cádiz y del conjunto de Andalucía”.