El personal civil adscrito al Ministerio de Defensa se ha concentrado esta mañana de martes a las puertas de más de 100 centros de trabajo repartidos por todo el país, retomando de esta forma las movilizaciones para seguir pidiendo un salario justo, el fin de la discriminación salarial con respecto al personal militar de sus mismos departamentos, y por tanto, un aumento de salario consolidado que permita que sus puestos estén bien remunerados. 

En el caso de Rota, los afectados por la medida del Gobierno de España de subir el salario al personal militar pero no al civil, se han concentrado en las inmediaciones de la Base Naval, donde más de 300 trabajadores han visto en el último año cómo sus compañeros militares han  recibido un aumento de sueldo de 300 euros mensuales en 14 pagas, y ellos se han quedado sin nada.

Por eso, esta mañana, volvían a sumarse -incluso con caras nuevas-, a la movilización hecha a nivel nacional para seguir visibilizando su malestar con la situación que acarrean desde hace tiempo donde denuncian que no solo es por el agravio comparativo con sus compañeros militares -que entienden que tengan una subida de salario merecida-, sino que es que además, hay jefes de departamentos, que llevan más de 20 años trabajando para el Ministerio de Defensa y apenas supera los 1.500 euros. Todo ello, lamentan, porque el nivel de vida sigue subiendo mientras que sus retribuciones hace años que están congeladas. Por eso, que el 22 de abril de 2025  el Consejo de Ministros aprobara el denominado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y de Europa, incluyendo nuevas inversiones y un incremento de los salarios, pero solo para el personal militar, dejando fuera a los civiles, fue el detonante de estas movilizaciones.

De momento, pese a algunas reuniones mantenidas entre los representantes del personal civil con Defensa, no se ha avanzado nada, a excepción de un complemento puntual que recibieron a final de año pero que no es lo que reclaman los afectados. El 24 de septiembre hay una nueva reunión de la Mesa Negociadora y confían en que pueda salir adelante algún acuerdo que les beneficie, pero la realidad, es que no las tienen todas consigo. 

Por eso, esta mañana volvían a movilizarse y reclamar el fin de la discriminación salarial y la necesidad de que se igualen salarios. 

Desde FAC- y APLAGE denuncian el modelo "discriminatorio" que la Administración del Ministerio de Defensa y la mayoría de la parte social (UGT, CSIF y CCOO) han consolidado en las Mesas Delegadas del 26 de febrero y 25 de junio de 2026, mediante el cual aseguran que se ningunea al personal laboral dejándolo como único colectivo sin propuestas  de productividad propias, marginándolo de las mesas técnicas y supeditándolo a la incertidumbre y precariedad de una gratificación que supone la MUA (Mejora Unilateral de la Administración). Para estos sindicatos, la presión psicológica se hace "insostenible" si cada año tienen que esperar 10 meses para saber quién la cobra y en qué cuantía, "mientras se blanquean mejoras mensuales específicas para el personal estatutario con la creación y firma de la carrera profesional y productividad, así como la presentación del borrador de actualización de la instrucción de productividad del personal funcionario".

Frente a este modelo que divide y genera agravios entre colectivos civiles, FAC- y APLAGE exigen el fin de esta brecha que consideran injusta e inaceptable entre trabajadores de una misma casa, advirtiendo de que existe una única solución justa e integral para dignificar los sueldos y blindar los derechos de toda la plantilla: la aprobación de un único acuerdo simultáneo para los tres colectivos civiles que garantice un complemento de 300  euros consolidable en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en 14 pagas para todo el personal civil (laborales,  funcionarios y estatutarios).

El personal civil sostiene a diario la estructura administrativa, sanitaria y logística de la Administración General del
Estado, pero sus nóminas, señalan,  siguen sin reflejar la importancia de su trabajo.

En su denuncian manifiestan que resulta inaceptable que, a día de hoy, existan numerosos casos de trabajadores y trabajadoras en el ministerio de Defensa que perciben salarios netos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "La Administración nos empuja al umbral de la pobreza y a la precariedad económica, obligando a muchas familias a recurrir a ayudas sociales o a compartir vivienda", indican desde los sindicatos que insisten en que esta "asfixia económica" contrasta de manera "sangrante" con las medidas aplicadas a otros colectivos dentro del mismo ministerio. "Mientras a nosotros se nos ignora, el personal militar ha recibido sucesivas y merecidas mejoras salariales que se traducen en un incremento acumulado consolidable de 340 euros mensuales en 14 pagas durante los últimos años", reiteran, indicando que resulta especialmente indignante comprobar que la Administración aprobó antes del verano una asignación presupuestaria de 60 millones de euros para aplicar estas subidas al personal militar, una cifra que, casualmente, equivale al coste total de la reivindicación histórica de los 300 euros mensuales para el personal civil. 

Por otro lado, FAC- y APLAGE rechazan de plano los intentos de quienes pretenden cerrar el conflicto en los despachos conformándose con medidas temporales, productividades variables y no consolidables, o acuerdos fragmentados que dividen a la plantilla y vuelven a marginar a colectivos como el personal laboral.

En definitiva, esta movilización pide los 300 euros lineales, consolidables y en la Relación de Puestos de Trabajo; la integración inmediata de un complemento de 300 euros mensuales en 14 pagas para todo el personal civil; que no haya ni una sola nómina por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), considerando que es "una vergüenza institucional que el ministerio pague salarios de miseria a sus propios trabajadores"; y reclaman el mismo trato y la misma inyección presupuestaria que recibe el personal militar, con una solución global y simultánea para laborales, funcionarios y estatutarios. Por último, se oponen  a una solución sólo basada en las productividades variables o discrecionales que hoy te dan y mañana te quitan, exigiendo medidas estructurales que blinden de verdad su poder adquisitivo real y a futuro.