La crisis, el paro y como consecuencia, el deshaucio y el embargo de viviendas son aspectos que el grupo municipal de Izquierda Unida ha reflejado en la moción que presentará a pleno la próxima semana con el fin de obtener el apoyo de sus compañeros de Corporación para instar al Gobierno central a que tome medidas que no  perjudiquen a las ya maltrechas economías de quienes no pueden asumir el pago de su hipoteca. 

En este sentido, según ha explicado el portavoz del grupo, Antonio Franco, en la propuesta presentada para ser elevada en la próxima sesión plenaria, se pretende que el Gobierno de la nación apruebe una modificación en la que en el caso de que un ciudadano no pueda seguir pagando su hipoteca y el banco se quede con la vivienda ante el impago de las cuotas, ese embargo sirva para saldar la deuda contraída con la entidad bancaria. De este modo, IU pretende que se lleve a cabo una regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda ( principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.

En la misma propuesta, este grupo de la oposición añade que se inste al Gobierno central a aprobar una moratoria para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria; y que se qpruebe con carácter de urgencia, medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras, -como consecuencia de esos embargos-, sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30 por ciento  de la renta familiar disponible.

Las medidas para regular estas situaciones también llegan a la Administración Local, donde IU pide al Ayuntamiento que estudie medidas para paralizar los desahucios en la localidad, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes  del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática, con el fin de buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos o, en los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.

De todo ello, concluye, se daría traslado en caso de aprobación, al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso, del Senado y del Parlamento Autonómico.

Esta moción, explica el portavoz de IU, es necesaria ante las previsiones de embargos y ejecuciones hipotecarias que se prevén de cara a este 2012, donde según los datos aportados por este grupo, se podrían cifrar en más de 500.000.

Con este tipo de medidas, aseguran desde este grupo de la oposición, se podría evitar que miles de familias afectadas por una condena financiera de por vida, acarreen una condena a la exclusión social y la economía sumergida. "Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales", comentan desde IU en su moción.