Pedro Pacheco, el que fuera alcalde de Jerez de la Frontera durante veinticuatro años ininterrumpidamente, expresó en una ocasión que “la Justicia es un cachondeo”. Al enterarse que el ente de los jueces daba la razón a cierto personaje de la alcurnia jerezana en cuanto a la adecuación de una obra en su chalet a la que el Ayuntamiento presidido por Pedro Pacheco había ordenado derribar por no adecuarse al estar fuera de la normativa urbanística, el alcalde soltó esa frase.

La expresión le valió por parte de la Audiencia Territorial de Sevilla la condena a seis años de inhabilitación, dos meses de arresto y una multa. Años después fue absuelto por el Tribunal Supremo que amparó la libertad de expresión de Pedro Pacheco. Se le aplicó el artículo 121 de la Constitución dado el hecho de los daños causados hacia su persona por error judicial.

Otro alcalde, José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real durante doce años, fue condenado por la Audiencia Nacional por injurias graves al rey Juan Carlos I, al pago de una multa de más de seis mil euros. Entendieron los jueces que calificar de corrupto al emérito, entonces rey, era excederse de la crítica política. Según la sentencia, Barroso cayó en el insulto personal al calificar al Jefe del Estado como “hijo de crápula” y “deleznable”.
Es decir, lo describió como una persona que lleva una vida contraria a toda norma moral y que busca fundamentalmente satisfacer sus deseos sexuales. Algo que ha demostrado años después ser del todo cierto. En fin.

Es complicado, por no decir imposible, compaginar el artículo 14 de nuestra Constitución (“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión , opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”), con el artículo 56.3 (“la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad).

Recordemos que, como dice el artículo 1.3, “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. No somos una República como  Francia, Portugal, Alemania, Italia... por citar sólo algunos ejemplos de países democráticos. En estas, los Jefes del Estado no son inviolables. Que se lo pregunte a Nicolas Sarkozy.

Continuando con el articulado de nuestra Constitución, el 104.1 expresa que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Otra cuestión es el abuso de la fuerza hacia los manifestantes, que incluso pueden llegar a atacar a personas que no están involucradas dentro de las manifestaciones o que no están actuando violentamente cuándo se manifiestan.  El exceso de uso de la fuerza puede llegar a violar los derechos humanos.
A lo que se ve, la condición de “intocable” no garantiza la particularidad de errar, abusar, excederse, extralimitarse... constitucionalmente hablando.