El sector turístico de la provincia de Cádiz atraviesa momentos de tensión tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estima un recurso del Ministerio para la Transición Ecológica, que obligaría al desmontaje de 24 chiringuitos al finalizar el verano. La resolución, que cuestiona la legalidad de los procedimientos utilizados por la Junta de Andalucía para las concesiones anuales, ha provocado un choque de posturas entre la patronal y la administración autonómica.

Dentro de la veintena larga de establecimientos afectados, Rota se sitúa como uno de los municipios perjudicados, ya que en su apuesta por un turismo de sol y playas con chiringuitos abiertos doce meses, esta sentencia puede poner en jaque muchas de las inversiones realizadas. En Rota se podrían ver afectados por esa revocación de licencia anual, hasta 10 establecimientos y 14 en Tarifa; el número ronda los 200 en Andalucía.

Los empresarios roteños se enfrentan a la pérdida de estructuras que permitían la continuidad del negocio fuera de la temporada alta, lo que influye en su  capacidad de atraer visitantes durante el otoño e invierno.

La sentencia del TSJA, tras el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ministerio de Transición Ecológica, obligaría a que los chiringuitos volvieran a su situación previa, es decir, a tener que desmontar la estructura terminada la época estival, ya que la resolución judicial anula la modificación de la concesión anual por un "defecto de forma", ya que la Junta no culminó la ronda de conversaciones con el ministerio obligatoria antes de otorgar la permanencia anual.

La Junta llama a la calma

Ante el clima de preocupación, la Junta de Andalucía ha intervenido para arrojar luz sobre el conflicto. Aunque la administración autonómica ha confirmado que acatará la sentencia del TSJA, también ha indicado que la alarma es excesiva, ya que la resolución judicial afecta a expedientes muy concretos y no supone una revisión generalizada de todas las concesiones en el litoral gaditano.

Según el Ejecutivo andaluz, el problema emana de un histórico "desacuerdo de criterios" entre la consejería competente y la Demarcación de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica).

La Junta asegura estar trabajando para proporcionar "seguridad jurídica" a los hosteleros, buscando vías administrativas que permitan compatibilizar la protección del entorno con el mantenimiento del empleo. Por su parte, la Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca) sostiene que el problema central es el "limbo" en el que se encuentran los empresarios. Según su visión, los negocios han cumplido con las exigencias locales y autonómicas, convirtiéndose en víctimas de una "guerra" entre administraciones que ahora pone en peligro cientos de empleos.

La falta de coordinación institucional y la pugna técnica entre administraciones puede obligar a los empresarios a echar el cierre. El futuro de estos 24 establecimientos  en la provincia se decidirá ahora en una serie de reuniones de alto nivel, incluyendo contactos en el Senado, donde se tratará de hallar una solución que evite que el final de este verano suponga el cierre definitivo de infraestructuras clave para la economía gaditana.

El fallo de la sentencia del TSJA podrá crear un efectó dominó afectando a todos los establecimientos que desde hace cuatro años, recibieron la concesión anual por parte de la administración autonómica que ahora se pone en tela de juicio.