La Guardia Civil de Cádiz ha puesto a disposición judicial a dos personas en calidad de investigadas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial. Las imputaciones son el resultado de varios dispositivos policiales desarrollados por las Patrullas Fiscales en las localidades de Jerez de la Frontera y Rota, destinados a combatir la comercialización de mercancía fraudulenta y la piratería.

En total, las fuerzas de seguridad han logrado retirar del mercado ilegal un total de 661 productos falsificados, entre los que destacan prendas de vestir y perfumes de marcas de reconocido prestigio internacional. Todos los artículos intervenidos presentaban etiquetados, envases y envoltorios falsos, y ya contaban con un precio asignado para su inmediata venta al público.

La primera de las actuaciones policiales tuvo lugar el pasado día 2, durante una inspección rutinaria en un establecimiento de alimentación de Jerez de la Frontera. Los agentes de la Patrulla Fiscal accedieron al local comercial mientras este se encontraba abierto al público y desarrollando su actividad laboral ordinaria.

Durante el registro, los guardias civiles localizaron a simple vista varias prendas de ropa de marcas de lujo dispuestas en el mostrador dentro de envoltorios plásticos, lo que levantó las primeras sospechas de criminalidad. Al ampliar la inspección a un almacén anexo, los agentes hallaron cajas apiladas que ocultaban un mayor volumen de ropa fraudulenta y botes de perfume que clonaban la imagen de firmas muy prestigiosas, saldándose este registro con 111 artículos incautados.

Dispositivo en el mercadillo de Rota

De forma paralela, la Guardia Civil desplegó otro operativo de control en el mercadillo de los miércoles en Rota. En esta intervención, los agentes detectaron un puesto que comercializaba de manera masiva ropa falsificada. Tras proceder a la fiscalización del género expuesto, las autoridades intervinieron un total de 550 prendas que imitaban los diseños y logotipos de marcas exclusivas.

Las dos personas responsables de la mercancía, cuyas identidades no han trascendido, se enfrentan ahora a cargos penales por vulnerar los derechos de propiedad industrial, mientras que todo el género intervenido ha quedado bajo custodia policial a disposición de la autoridad judicial competente.