A raíz de las dudas que dos partidos de la oposición, tanto el PP como Izquierda Unida (IU), han manifestado de forma pública sobre el proceso selectivo que el Ayuntamiento de Rota ha llevado a cabo para la contratación de un puesto de agente local de innovación, el portavoz del gobierno local, Daniel Manrique de Lara, ha salido a la palestra para detallar cómo ha sido el procedimiento, despejando toda posibilidad de que, como indica la oposición, no se haya cumplido con la legalidad y transparencia que se requiere.

En una comparecencia pública ante los medios de comunicación, el portavoz socialista ha detallado al dedillo cómo se fraguó la convocatoria y cómo se redactaron las bases de la misma para desmentir punto por punto cada una de las posibles sospechas de que el proceso haya sido fraudulento o "teledirigido" para favorecer a una única persona. Es más, si la oposición tiene dudas, ha dicho al final de la rueda de prensa, la ha invitado a acudir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo e impugnar el procedimiento para que sea un juez el que se pronuncie, con la total certeza de que todo se ha llevado a cabo bajo la normativa que rige este tipo de convocatorias. 

Daniel Manrique ha querido empezar por lo primero, asegurando que el puesto que se ha cubierto es temporal con una duración de un año como funcionario interino y que está subvencionado en un 75% por la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades a través del programa Red de Ciudades de la Innovación (Red Innpulso); un programa del que el Ayuntamiento de Rota no había formado parte nunca y que obligaba a tener contratado a un agente local de innovación para poner en marcha de proyectos vinculados a la innovación en la gestión pública. Por este motivo, tuvieron que sacar la convocatoria para cubrir el puesto que en un año, dejará de existir dentro de la plantilla municipal. Por tanto, dejaba claro el socialista que la plaza es de obligado cumplimiento para un programa concreto y no un capricho del gobierno local. 

Dado que es la primera vez que el Ayuntamiento de Rota contrata este perfil profesional, el portavoz municipal ha explicado que no se disponía de funcionarios cualificados ni de bolsas de empleo previas para este perfil. 

Ante la falta de un marco jurídico plenamente regulado para esta profesión de reciente creación, el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Rota se guio por dos documentos oficiales del Gobierno de la nación para diseñar las bases de la convocatoria: la Orden Ministerial 1099/2024 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y un manual de trabajo editado por el Ministerio de Trabajo, área que está gestionada por la coalición Sumar, de la que forma parte IU.

Siguiendo esas directrices, Daniel Manrique ha justificado los requisitos exigidos en la convocatoria, resumidos en que, según el manual del Ministerio de Trabajo, tenía que estar ocupado por una persona con titulación universitaria y al ofrecer la normativa tres líneas de actuación posibles, el Ayuntamiento abrió el abanico a titulaciones compatibles con cada una de ellas: Arquitectura (para la línea de proyectos de mejora de servicios públicos, urbanismo y medio ambiente), Económicas o Ciencias Empresariales (para la línea de promoción de la actividad económica y empresarial), y Ciencias Políticas (para la línea centrada en la mejora de la organización interna de la administración local).

De igual forma, ha explicado que la exigencia de contar con al menos un año de experiencia en la administración local (ya fuera como funcionario o como personal laboral) se basaba en que al tratarse de un programa de solo un año de duración, lo conveniente era contratar a alguien con experiencia para poder lograr mayores objetivos conociendo el terreno. 

En esa experiencia, y contestando a PP e IU, Daniel Manrique ha indicado que la única que se ha valorado es la que cada aspirante ha tenido como empleado público, y no como cargo público, que son dos cosas distintas. De hecho, las dudas surgen porque la finalmente seleccionada ha sido una persona concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sanlúcar; pero según el portavoz, sus años como concejal en la política local no han sido tenidos en cuenta por el tribunal, por tanto, ha calificado de "falsedades e incorrecciones" los argumentos de los que habría tirado la oposición para sembrar la duda sobre el procedimiento enfocado a, supuestamente, favorecer a la concejal socialista.

El portavoz municipal ha indicado que las bases de la convocatoria puntuaban exclusivamente la experiencia como empleado público con especial baremación a puestos de gerencia o dirección en el sector público por su visión transversal de las materias relacionadas a desempeñar tales como la gestión de servicios públicos, el urbanismo, el desarrollo económico o la organización administrativa. En este sentido, ha asegurado que ninguno de los aspirantes aportó currículum como cargo público y que no se ha contabilizado el tiempo ejercido como concejal, diputado o senador, solo aquel ejercido como director o gerente en ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otras entidades fuera de la Administración, así como cursos complementarios de formación.

En cuanto al cambio del tribunal de selección, que también se ha puesto en duda como una anomalía que buscaba favorecer a la persona finalmente contratada, Daniel Manrique ha indicado que fue precisamente la Junta de Personal del Ayuntamiento de Rota la que advirtió que había un error técnico que se debía subsanar, ya que este tribunal solo puede estar compuesto por funcionarios de carrera y el departamento había incluido como titular a una persona del régimen laboral y también hubo que cambiar a un suplente. El cambio se realizó de inmediato, lo que a juicio del portavoz municipal  demuestra la "transparencia y falta de ocultismo" del proceso.

 En la misma rueda de prensa, y contestando a las dudas sobre los plazos de la convocatoria calificado como "proceso exprés" en una supuesta intención de acortar el tiempo, el socialista desmintió que se hubiera    otorgado el "tiempo mínimo imprescindible" aclarando que para este tipo de interinidades por programas se otorgan sistemáticamente 10 días hábiles (unos 15 días naturales), un plazo estándar e incluso superior al de otras ocasiones urgentes, donde se han dado entre 5 y 8 días. Se ha podido presentar cualquier persona que cumpliera los requisitos, ha insistido el portavoz.

Siguiendo con el relato para justificar que cada paso se ha dado en consonancia con la legalidad, Daniel Manrique de Lara ha llamado la atención que sea ahora, dos meses después de cerrarse la convocatoria cuando la oposición haya salido a poner en duda el proceso cuando, asegura, el expediente sobre esta contratación tiene acceso público en la web y en todo este tiempo no se han registrado reclamaciones ni recursos que pudieran impugnar el procedimiento. Es más, de los tres candidatos presentados, solo uno planteó una reclamación técnica porque quería que se le puntuara el primer año de experiencia, el cual era el requisito mínimo obligatorio de acceso y una vez que el tribunal le aclaró que la puntuación se sumaba a partir de ese año mínimo, el candidato se mostró conforme.

Para seguir en su desmentido de que el proceso estaba "teledirigido",  Manrique señaló que la persona que resultó seleccionada obtuvo un cero en el apartado de cursos de formación, mientras que el segundo aspirante sí sumó puntos en este bloque, por lo que, a su juicio, "si el proceso se hubiera diseñado a medida, se habrían exigido los cursos que esta persona poseía", apostilló.

Así las cosas, ha insistido en que ningún aspirante ha impugnado el resultado y que por tanto, a su juicio no hay nada que reprochar al proceso de contratación. 

El trasfondo de las críticas según el gobierno local es únicamente político

Para el equipo de gobierno, el verdadero motivo de la polémica suscitada con la contratación de la persona  que resultó seleccionada para ocupar el puesto de agente local de innovación, no es técnico sino político, motivado por el hecho de que  se trata de una concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Sanlúcar.

Daniel Manrique ha enmarcado la denuncia en la "animadversión y ruptura del pacto de gobierno" existente entre Izquierda Unida y el PSOE en la localidad vecina, acusando a Izquierda Unida de Rota de dejarse arrastrar por los intereses políticos de la agrupación de Sanlúcar, llegando al extremo "absurdo" de pedir explicaciones al portavoz socialista sanluqueño, Víctor Mora, "quien nada ha tenido que ver con la gestión interna del Ayuntamiento de Rota". Asimismo, criticó al PP de Rota por "sumarse al carro" pidiendo un expediente administrativo que, ha recordado, está publicado de manera íntegra en la página web municipal desde el pasado mes de abril, aunque ha indicado que se lo harán llegar sin problemas.

En cuanto a que el gobierno local ha estado callado ante este asunto, como ha dicho el PP, Daniel Manrique le ha indicado que no ha sido hasta el lunes cuando el Partido Popular lo ha sacado a la luz pública y el martes Izquierda Unida, contestándose en la rueda de prensa al día siguiente. Por tanto, ha concluido, no se ha ocultado nada, ni nadie se ha escondido ya que su rueda de prensa responde precisamente en la misma semana en la que la oposición lanzan las sospechas de algo irregular.

Reto a la oposición de acudir al Contencioso Administrativo

Para concluir, y tras las explicaciones sobre el proceso aclarando que todo se ha hecho bajo la legalidad y transparencia que requiere este tipo de procedimientos, el portavoz municipal ha invitado a la oposición a acudir a los juzgados si tienen dudas. Según Daniel Manrique, tanto el PP como Izquierda Unida han preferido la "postura cómoda e irresponsable" de sembrar sospechas ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación en lugar de acudir a la vía legal, a pesar de llevar dos meses y medio con las bases publicadas.  "Si realmente consideran que hay alguna irregularidad, que este proceso ha sido teledirigido o que vulnera la ley, les invito a que lo impugnen y acudan al Juzgado Contencioso-Administrativo. Que sea un juez quien determine si es legal o no. Es muy fácil lanzar sospechas", ha indicado, retando a que para disipar dudas, lo denuncien e impugnen y no se queden en la crítica ante la opinión pública.