Tras conocerse que el Ayuntamiento de Rota es uno de los seis de la provincia de Cádiz que está obligado por el Ministerio de Hacienda a acogerse al nuevo Plan de Pago a Proveedores que se pondrá en marcha este año, el PP ha salido a la palestra para alertar de las consecuencias que esta nueva situación puede generar al ciudadano y su bolsillo.

La portavoz y concejal del Partido Popular de Rota, Auxiliadora Izquierdo, ha calificado de "caos" la gestión económica del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, al que achaca que por quinto año consecutivo  Rota se tenga que ver obligada por el Gobierno central a acogerse a este Plan de Pagos a Proveedores ante el incumplimiento del periodo medio de pago de las facturas adeudadas, que la ley exige que sea un máximo de 30 días, y en Rota estaría situado en 144 días. 

Para la representante popular, la escalada de aumento de la deuda pone en entredicho el destino de los impuestos de los ciudadanos, recordando que el Ayuntamiento de Rota lleva desde 2022 encadenando préstamos a través de este tipo de planes que el Gobierno central saca para dar liquidez a los ayuntamientos, pero que implica unos planes de ajustes en los que se deben comprometer la reducción de gastos y el aumento de ingresos. Para Auxiliadora Izquierdo, este nuevo préstamo que recibirá Rota de 7,7 millones de euros, será una nueva "asfixia" para las arcas locales que ya soportan el endeudamiento de otros planes anteriores, recordando la concejal del PP que en 2022 ya se acogió a un plan por valor de 4.998.808,26 euros; en 2023 fueron 9.072.013,48 millones, en 2024 un total de 6.139.213.36 millones y 7.055.269,89 euros más en 2025. Si se suman los 7.759.217,08 millones de financiación máxima que el Ministerio de Hacienda permite en este 2026 al Ayuntamiento de Rota, se estaría hablando de más de 35 millones de euros que el gobierno local del PSOE ha tenido que solicitar para pagar a sus proveedores las facturas adeudadas en los últimos cinco años.

Eso implica que cada año se ha tenido que modificar el plan de ajuste y que este nuevo que se apruebe tendrá vigencia hasta el año 2041, es decir,  15 años de pago de préstamos, 15 años "hipotecando" las arcas públicas.

Desde el Partido Popular han hecho especial hincapié en las repercusiones directas que esta medida tendrá sobre el bolsillo de los roteños, ya que el plan de ajuste es un documento que exige por ley reducir los gastos corrientes y aumentar la partida de ingresos. "Aumentar la partida de ingresos significa, una vez más, eliminar las pocas bonificaciones que quedan en vigor y volver a subir de forma obligatoria los impuestos a todos los roteños", ha lamentado Izquierdo.

En este sentido, la portavoz ha recordado el historial de incrementos fiscales que ya arrastra el municipio, entre los que ha citado la subida del IBI en un 13% (y un 10% adicional para no residentes), el incremento del impuesto de vehículos —que llega al 46% en el caso de camiones o tractores—, la subida del 26% en la tasa de basura, así como el aumento en el agua, el alcantarillado, las plusvalías y las licencias de obra. Asimismo, ha criticado la desaparición de incentivos fiscales como el plan personalizado de pago, las ayudas al IBI para viviendas de protección oficial (VPO) o las bonificaciones por la instalación de placas solares.

Auxiliadora Izquierdo se ha preguntado por qué ni el alcalde de Rota ni nadie del gobierno local ha informado aún sobre esta nueva situación de obligatoriedad de acogerse al Plan de Pago a Proveedores y por qué se ha ocultado "esta crisis y situación de emergencia de las cuentas municipales". Los vecinos de Rota, ha dicho, tienen derecho a saber dónde van sus impuestos y los motivos por los que el Ayuntamiento se ve obligado por quinto año a acogerse al Plan de Pago a Proveedores por no pagar en tiempo a las empresas que le suministran servicios. en este sentido, ha añadido, "nos preocupa muchísimo conocer cuáles son las medidas concretas que va a poner en marcha el alcalde" para que el plan de ajuste cuente con el visto bueno de Hacienda.

La concejal del PP se ha preguntado que, una vez se acoja a los 7,7 millones de euros de préstamo del Gobierno central para pagar las facturas adeudadas a los proveedores, de dónde va a reducir el gobierno local los gastos ordinarios, si de publicidad, de personal de confianza o de prestación de servicios públicos, y cómo va a generar más ingresos, poniendo la subida de impuestos, con un impacto directo al bolsillo de los ciudadanos, como la alternativa que le queda al gobierno ante lo que considera una nefasta gestión económica.

La concejal del PP ha exigido transparencia al regidor roteño y le ha pedido que salga a explicar dónde va el dinero de los impuestos si de forma permanente se tiene que acoger al Plan de Pago a Proveedores para pagar sus facturas.  Para Auxiliadora Izquierdo, todo es fruto de un "caos" y "falta de gestión" del gobierno local a nivel económico.

En su rueda de prensa, Auxiliadora Izquierdo ha recordado que Javier Ruiz Arana firmó en 2025 un convenio con la Diputación de Cádiz, estimando un coste de 1,3 millones de euros, para mejorar la liquidez del Ayuntamiento pero la realidad, señal,  es que no ha conseguido disminuir apreciablemente el periodo medio de pago a proveedores con la suma de ambos mecanismos. El periodo medio de pago a proveedores estaba en 142,20 días en el primer trimestre de 2025 y aún endeudando al municipio en 7 millones de euros más y estimar un gasto de 1,3 millones de euros en el convenio con Diputación, solo ha conseguido disminuir en 5 días el periodo medio de pago. Una muestra más, dice,  de la difícil situación financiera a la que ha lleva al Ayuntamiento de Rota.

El nuevo plan de ajuste tendrá que aprobarse en pleno a finales de junio, y el PP alerta que puede haber nuevas subidas de impuestos y eliminación de las pocas bonificaciones de impuestos que aún se mantienen tras la eliminación de varias una vez que hubo que modificar el plan de ajuste en 2025.