Como cada año, Ecologistas en Acción analiza aquellas playas que a nivel provincial han sido galardonadas con la Bandera Azul y, tras el informe elaborado sobre el estado de los puntos del litoral que se han anunciado por la ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), concluyen que estos son unos "galardones fraudulentos". En su crítica hacia estos reconocimientos, manifiestan que han vuelto a detectar que "no se reúnen los requisitos mínimos de rigor, solvencia e independencia" y que solo buscan "el reclamo turístico de las playas elegidas".

Los ecologistas  recuerdan que la concesión de la Bandera Azul se creó en 1985 para certificar puertos deportivos en Francia y se amplió en 1987 a playas y puertos de toda Europa, con la subvención de la Comisión Europea, y aseguran que fuera de España, "nadie da un valor especial a estas banderas, ya que no es un sello que un turista asocie a excelencia".

Para este grupo, las banderas azules hace tiempo que "no tienen ningún aval técnico, ni científico, ni administrativo de la UE; son promovidas por un conjunto de asociaciones privadas ligadas a las empresas turísticas, aunque cuenten con la complicidad de gobiernos autonómicos y locales".

Según ponen sobre la mesa, las analíticas de la Consejería de Salud en las que se basan estos "pseudogalardones" solo identifican microorganismos fecales y aspecto visual, sin caracterizar otras sustancias peligrosas como hidrocarburos y metales pesados o el impacto del cambio climático cuyo efecto erosivo en las playas, señalan que es ignorado.

Por tanto, a su juicio, se trata de “galardones” que carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos, no realizan inspección rigurosa alguna y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas. A esto añaden que los premios de Bandera Azul solo indican la existencia de servicios para los bañistas, pero no reconocen una verdadera gestión ambiental y conservación de los estos frágiles sistemas costeros. Para Ecologistas en Acción, este tipo de premios no deben exhibirse como ecoetiquetas, sino como meros distintivos de calidad de servicios ofrecidos a los bañistas en playas artificiales y urbanas, que últimamente se extienden a puertos deportivos y embarcaciones turísticas.

Como ejemplo de "incoherencia y falta de rigor" en esta concesión, este año, al igual que en 2025,  los ecologistas señalan que hay por lo menos diez playas gaditanas con banderas azules que no debieran exhibir este galardón. Entre ellas, incluyen a la playa de la Costilla en Rota, que sufre vertidos puntuales, pero sobre todo, señalan a la playa de Rompidillo-Chorrillo donde también se producen.

Añaden los ecologistas la playa del Puntalillo, también en Rota, que alberga chiringuitos playeros en el mismo cordón dunar, o la playa de La Ballena, en Chipiona, que no respeta su cordón dunar, siendo sometido a pisoteo y además recibe del arroyo Chapitel aguas sucias.

En el listado añaden la playa de Fuentebravía, en El Puerto de Santa María, que ha construido edificaciones en la misma playa y tiene que alimentarse de arena de forma artificial cada temporada, además de que hace seis años estuvo cerrada por contaminación de aguas fecales; la playa de Cortadura, en Cádiz, donde la construcción del Eurovelo, desde El Chato hasta Torregorda, ha provocado que el sistema dunar quede sepultado y sufra un aterramiento constante; la playa de Santa María del Mar, también en Cádiz, que padece desde hace años el impacto de un emisario de aguas pluviales mal ejecutado y en permanente erosión;  La Barrosa, en Chiclana, con un desparrame urbanístico prolongado en el tiempo; Roche, en Conil, que tiene una depuradora privada solo con tratamiento primario, sin licencia de vertido y con un emisario submarino sin la longitud preceptiva; El Palmar, atestado de urbanizaciones ilegales, 2.500 viviendas irregulares o ilegales y total ausencia de depuración de aguas de dichas viviendas;  Zahara de los Atunes, con un proyecto urbanístico -Sierrezuela Playa- recalificando 262.463 m2, para construir 107 viviendas o apartamentos turísticos de lujo en terrenos rústicos clasificados como suelo no urbanizable de carácter natural; Getares, en Algeciras, que sufre una crónica pérdida de arena, siendo realimentada artificialmente, además de sufrir vertidos cuando los bombeos no funcionan; o las playas de San Roque, Alcaidesa-El Faro y Cala Sardina, con valores ecológicos notables, que están siendo invadidas por aparcamientos y chiringuitos, desnaturalizándolas sin remedio.

Ecologistas en acción emplazan a los municipios litorales a que no pierdan el tiempo y el dinero "persiguiendo estos falsos galardones y se afanen en hacer frente a los dos máximos desafíos para nuestras playas: ofrecer soluciones a la subida del nivel del mar y demás consecuencias indeseables del cambio climático y depurar íntegramente todas las aguas residuales que van a parar al mar".