El Ayuntamiento de Rota es uno de los seis ayuntamientos de la provincia de Cádiz y uno de los 26 a nivel nacional, que está obligado a adherirse al nuevo  Plan de Pago a Proveedores que el Gobierno de España va a poner en marcha en este año 2026.

A través de este fondo estatal, el municipio roteño contará con un importe máximo financiable de 7.759.217,08 euros, lo que supondrá una inyección de liquidez condicionada por el Ministerio de Hacienda, y que tiene como objetivo prioritario que se puedan saldar las deudas pendientes con pequeñas y medianas empresas, autónomos y comercios locales que llevan meses esperando cobrar por servicios ya prestados a la administración local.

La activación de esta medida, que supone un balón de oxígeno a las arcas municipales, se aprobó la pasada semana en la sesión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), donde se aprobó la asignación de un presupuesto total de 304 millones de euros a nivel nacional para aliviar la asfixia financiera de las corporaciones locales con peor salud de caja. Pero este préstamo que concede el Ministerio de Hacienda conllevará una serie de requisitos como un plan de ajuste que, en el caso de Rota, ya ha sido modificado en varias ocasiones, ya que la localidad lleva encadenando varios Planes de Pago a Proveedores que le obligan a ajustar aún más los gastos y aumentar los ingresos. En el último plan se tuvieron que eliminar algunas bonificaciones que estaban activas.

Los criterios técnicos que se siguen por parte del Gobierno central para obligar a un ayuntamiento a acogerse de forma obligatoria y no voluntaria a estos planes de pago a proveedores, se basan en que el periodo medio de pago a proveedores rebasa el límite legal de forma reiterada, superando los 60 días durante el tercer y cuarto trimestre de 2025, así como en el arranque de 2026.

El Plan de Pago a Proveedores se desarrolla bajo la fórmula de un préstamo concedido por el Estado con cargo al compartimento del Fondo de Ordenación. Aunque la medida supone un alivio inmediato para el tejido empresarial local, ya que podrá cobrar facturas atrasadas por servicios prestados al Ayuntamiento de Rota, la contrapartida para las arcas municipales es estricta, ya que habrá que aprobar un nuevo plan de ajuste obligatorio para poder formalizar la ayuda, y que el gobierno local deberá explicar a su debido tiempo, dado que debe pasar previamente por el pleno municipal.

Rota se ha visto obligada en los últimos años a acogerse a este mecanismo para pagar a sus proveedores

En los últimos años, el Ayuntamiento de Rota  se ha tenido que acoger de forma obligatoria en 2023 y 2024 a este mismo plan por valor de  9 y 6 millones de euros respectivamente. A estas cantidades habría que sumarle los 5 millones de 2022 y los 7 millones que recibió el año pasado. En total, unos 27 millones de euros que ha recibido a través de préstamos del Gobierno para poder hacer frente a las facturas de sus proveedores.

En la provincia de Cádiz, además de Rota, están obligados a acogerse al Plan de Pago a Proveedores los ayuntamientos de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, Barbate y Vejer, coincidiendo todos en la alta morosidad a la hora de hacer frente al pago de facturas de sus proveedores.  

El calendario para la tramitación de estos fondos se activará de forma inminente. A partir de este lunes, 25 de mayo de 2026, las administraciones afectadas podrán acceder a la plataforma telemática de la Agencia Tributaria para remitir las obligaciones pendientes de pago. Posteriormente, los ayuntamientos dispondrán hasta el 3 de julio para formalizar sus correspondientes planes de ajuste ante el Ministerio de Hacienda, quedando fijado el plazo límite del 28 de julio para la firma definitiva de los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales.

Los proveedores integrados en la lista de cobro, es decir, aquellos que estarán incluidos para poder cobrar sus facturas adeudadas a través de este mecanismo, tendrán la potestad de aceptar este procedimiento prioritario, lo que implicará la renuncia a la percepción de intereses de demora y otros conceptos adicionales a cambio de recibir la liquidez total de sus facturas de forma inmediata. Aquellas empresas o autónomos que opten por no acogerse al fondo mantendrán intactos sus derechos de cobro futuros, si bien sus facturas quedarán excluidas de la cobertura estatal y deberán ser satisfechas de manera progresiva exclusivamente con los recursos propios que logre generar cada ayuntamiento.

Se estima que los proveedores que acepten puedan cobrar las facturas incluidas en el Plan de Pago a Proveedores a finales de junio.