La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha presidido la reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), celebrada esta mañana en la sede de la Subdelegación del Gobierno, en la cual se ha aprobado el reparto por municipios de los fondos asignados la provincia.

El importe total asciende a 22.502.750,66 euros, financiados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). De esta cuantía, 17.563.396,89 euros están destinados a Garantía de Rentas y 4.939.353,77 euros a acciones de Empleo Estable.

El PFEA tiene como finalidad la ejecución de obras y actuaciones en municipios gaditanos durante los periodos de menor actividad agrícola. De este modo, en el marco de este plan, se desarrollan proyectos de mejora de infraestructuras, mantenimiento de espacios naturales y recuperación del patrimonio, así como iniciativas orientadas al refuerzo servicios municipales y a la dinamización la economía local.

La aportación económica del Estado se destina a sufragar los costes salariales (salarios y cotizaciones sociales) de las personas trabajadoras del régimen agrario contratadas para la ejecución de obras de interés social en municipios cuya actividad económica presenta una elevada dependencia del sector agrario.

La cuantía destinada a los municipios gaditanos por el programa PFEA se ha incrementado un 28,77% desde el año 2019, pasando de 17.474.104,36 euros a los 22.502.750,66 euros actuales.

De cara a 2026, Rota recibiría 21.339,63 euros correspondiente a los importes de salarios y seguros sociales en la modalidad de Garantía de Rentas aportados por el Gobierno de España. A esa cantidad aún hay que sumarle las aportaciones que hagan Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz para los materiales, y habrá que conocer qué proyectos, base al importe total, presenta el Ayuntamiento de Rota. El año pasado recibió del orden de los 200.000 euros y se invirtieron en mejorar el acerado del Bulevar Guadalupe y en retomar las obras de la rehabilitación del local de calle Higuereta, 1, junto al Arco de Regla. 

Según los datos aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con el programa correspondiente a 2025/2026, están en ejecución más de 134 proyectos, que suponen alrededor de 226.778 jornadas de trabajo y la formalización de más de 12.367 contratos.

Los fondos que distribuye el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se destinan a cubrir los costes de contratación y de Seguridad Social, conforme a criterios que tienen en cuenta la situación laboral de cada municipio y están dirigidos a personas en situación de desempleo, especialmente a aquellas que desarrollan su actividad de forma eventual en el sector agrario.

La distribución de los fondos se ha llevado a cabo en el seno de la Comisión Provincial, de carácter anual. Además, al importe aprobado hay que sumar las aportaciones de Junta de Andalucía y de Diputación Provincial, destinadas a la adquisición de los materiales.

En esta reunión celebrada en formato mixto (presencial o por videoconferencia) se han dado cita las instituciones y organismos miembros de la Comisión Provincial, como la Diputación Provincial; la Junta de Andalucía; la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; la Confederación de Empresarios de Cádiz; las organizaciones sindicales CCOO y UGT, además de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los proyectos deben responder a un interés general o social y ser ejecutados directamente por las entidades locales o mediante adjudicación, en el ámbito de sus competencias. De este modo, para la distribución de los fondos se ha aplicado un criterio de asignación de créditos proporcional a la oferta y la demanda de empleo en el sector agrario, considerando además las cuantías asignadas en el ejercicio anterior.

Una vez aprobada la distribución de fondos por parte de la Comisión Provincial se publican las convocatorias, tanto de Garantía de Rentas como de Empleo Estable, y a partir de ese momento las entidades pueden presentar los proyectos que deseen realizar en el periodo 2026-2027. En este sentido, las administraciones locales son las encargadas de determinar las actuaciones que se desarrollarán en sus respectivos municipios, previa consulta con los interlocutores sociales.