La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado sentencia contra el ex alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso (Roteños Unidos), por la comisión de dos delitos de prevaricación administrativa en concurso medial con dos delitos de malversación de caudales públicos. El fallo considera probado que el antiguo regidor utilizó su cargo para sufragar de manera irregular la entrada de viviendas privadas a cuatro personas que ocupaban ilegalmente inmuebles de titularidad pública. En su momento se conoció como el 'caso okupas'.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando Lorenzo Sánchez Alonso suscribió dos convenios, tanto en nombre del Ayuntamiento como de la empresa municipal Sursa, -hoy disuelta-, para beneficiar directamente a cuatro personas que okupaban dos viviendas de la calle Zorrilla. Según el relato de los hechos probados, el acusado actuó de forma "unilateral y por su propia decisión", prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo reglado y sin que los beneficiarios tuvieran derecho legítimo alguno a recibir dichas ayudas.

La sentencia detalla que el mecanismo utilizado para el desvío de fondos fue un sistema de compensación de deudas entre el Ayuntamiento de Rota y una promotora privada. Mediante este acuerdo, el Consistorio asumió el coste de las entradas de los nuevos pisos —situados en la avenida de la Matea— a cambio de que los ocupantes de las dos viviendas de la calle Zorrilla renunciaran a unos supuestos derechos de posesión que los ocupantes, en realidad, no ostentaban.

En concreto, las arcas públicas asumieron el pago de 25.396,67 euros en el primer caso y 23.342,44 euros en el segundo. El tribunal subraya que el ex alcalde era "la única persona de todo el organigrama municipal que podía hacerlo" y que actuó con la voluntad deliberada de favorecer a los elegidos, aprovechando su posición de privilegio.

Por estos hechos, la Audiencia ha impuesto a Lorenzo Sánchez una pena total de tres años de prisión (un año y seis meses por cada uno de los dos concursos mediales) y 21 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En la determinación de la condena, se ha aplicado la atenuante cualificada de dilaciones indebidas, dado que el procedimiento judicial se ha prolongado durante más de ocho años por causas ajenas al acusado.

Además de la pena privativa de libertad, el ex alcalde deberá devolver al Ayuntamiento las cantidades detraídas ilegalmente del erario público, un total de 48.739,11 euros. De esta responsabilidad civil también responderán, como partícipes a título lucrativo, los beneficiarios de las ayudas, que eran dos parejas, quienes deberán restituir solidariamente el dinero percibido. Además, se declara nulo los convenios firmados por el que las dos parejas de okupas recibieron dinero del Ayuntamiento de Rota.

Según recoge la sentencia, el Ministerio Fiscal ha aclarado que solo los efectos prescriptivos del trascurso del tiempo han impedido acusar a los miembros del entonces equipo de gobierno (formado por Roteños Unidos y PP) de posibles responsabilidades penales.

Aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el dictamen es contundente al señalar que las resoluciones fueron "manifestamente injustas y arbitrarias", provocando un perjuicio directo al erario público de Rota ya que el ex alcalde Lorenzo Sánchez, dice la sentencia, bien por su relación personal, de amistad o simple interés político, "causó un quebranto económico a la entidad Sursa y al Ayuntamiento al entregar de forma indirecta a los mismos unas cantidades pertenecientes al erario municipal, sin respaldo legal ni intervención económica previa, mediante la compensación con los derechos y créditos que dicho Consistorio ostentaba con Promociones Castellanos". 

 Los hechos fueron denunciados políticamente por el PSOE e IU y Lorenzo Sánchez se defendió argumentando que no era regalar dinero público sino  "integración social"

Para entender los hechos, hay que remontarse al 29 de junio de 2016 cuando el portavoz del gobierno que formaban PSOE e Izquierda Unida, salió a los medios a denunciar irregularidades en la firma de dos convenios con particulares que constaban en la entonces empresa municipal Sursa, y que respondían a la entrega de casi  50.000 euros para que dejaran sus viviendas de la calle Virgen de las Nieves (edificio de la calle Zorrilla esquina con Calvario) para comprar unas nuevas que se estaban construyendo en los nuevos suelos de la localidad en el sector R1.

Aunque a la delegada de Servicios Sociales de entonces y al propio portavoz del gobierno le llegaban habladurías de otros residentes en el bloque de la calle Zorrilla de aquel acuerdo, no es hasta buscar entre la escasa documentación que había en la empresa Sursa cuando dan con estos dos convenios, firmados con fecha de marzo y septiembre de 2007. En ellos se les regalaba a estas dos familias la entrada de dos pisos para que ellos siguieran abonándolos con la hipoteca y abandonaran la casa donde residían ilegalmente, de propiedad municipal, en el bloque de calle Zorrilla.

El gobierno de entonces, compuesto por PSOE e IU, le dio  a Lorenzo Sánchez Alonso (que era el que firmaba el convenio) un plazo de  dos meses y medio, es decir, hasta el 15 de septiembre de 2016 para que devolviera a las arcas públicas el dinero que había entregado de manera arbitraria a particulares. Pasado ese plazo, si la cantidad total de 48.739 euros no se había devuelto al Ayuntamiento de Rota, avanzaron que tomarían acciones legales.

El entonces ex alcalde, que para esa fecha estaba como concejal en la oposición por el grupo municipal Roteños Unidos, contestó a esta denuncia también a través de los medios de comunicación el 2 de julio de 2016, asegurando que si veían delito en aquella acción, que fueran a denunciar a la Fiscalía, como acabaron haciendo.

En aquella comparecencia, Lorenzo Sánchez manifestó ante los medios de comunicación que "el dinero público invertido en la integración social no es un regalo", defendiendo con ello su gestión que basaba en normalizar la situación que se había generado tras el incendio que hubo en el bloque de la calle Zorrilla en 2005, donde murieron un joven de 21 años y su bebé de 9 meses, y que mantuvo a dos familias enfrentadas.

Según aquellas explicaciones, lo que hizo como alcalde, "en aras de facilitar la integración y la convivencia" fue actuar "desalojando a las familias del bloque que vivieron unos meses en los morabitos de La Forestal, y procediendo a rehabilitar el bloque incendiado". Lorenzo Sánchez Alonso tiró en su día de acuerdos de junta local de gobierno  asegurando que lo que se inició fue "un proceso de enajenación, pagar a las personas desalojadas para que salieran de esas viviendas, para hacer un proyecto de integración sacando a sus familias de allí, evitando el peligro y intentado dar normalidad a la zona". Lo que por tanto, según Lorenzo Sánchez, salía a la luz como una irregularidad o delito, "es simplemente, un proceso de integración social", decía.

Sin embargo,  la investigación realizada por la Fiscalía a raíz de aquella denuncia, vio indicios de delito, por regalar dinero público a particulares, ya que los moradores de estas viviendas de la calle Zorrilla, que son de titularidad del Ayuntamiento de Rota, no tenían ninguna legitimidad sobre ellas para ser indemnizados con dinero público.

De hecho, en las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, había un apartado que se refería a ello indicando que "el 24 de octubre de 2006 la Junta de Gobierno Local, a propuesta de Lorenzo Sánchez, acordó el realojo y compensación económica de los propietarios o titulares de al menos del derecho de posesión, para lo cual se pactó anticipar la cantidad de 120.000 euros a la Sociedad Municipal Sursa y así hacer frente a dichas compensaciones".  Pero dicho acuerdo, continúa el escrito del fiscal, "no amparaba, como no podía ser de otra manera, la entrega de cantidad alguna de dinero a las personas que estaban ocupando de manera ilegal dichas viviendas, ya que no poseían título alguno que las habilitase para residir en las mismas al no haber sido adjudicatarias según el acuerdo del Pleno del año 1976”.

Pese a conocer el contenido de esos acuerdos (el de pleno de 1976 y el de Junta Local de Gobierno de 24 de octubre de 2006), añade el fiscal, Lorenzo Sánchez “contravino los mismos de una manera grosera y con la finalidad de beneficiar ilícitamente a varios ocupantes ilegales de las mencionadas viviendas, de manera unilateral y por su propia decisión", en vez de haber optado por un procedimiento legalmente previsto como el desahucio.

Lorenzo Sánchez volvía así al banquillo tras hacerlo por el caso 'Uniformes', - por el que fue condenado a un año y medio de prisión que no cumplió tras llegar a un acuerdo,  y 13 años de inhabilitación-, y el  caso 'Convenios urbanísticos' y caso 'Horas extras' de los que salió absuelto.