Los agricultores de Rota que llevan más de 40 años esperando poder formalizar las escrituras de unas tierras adquiridas en propiedad a través del IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) pero que en todo este tiempo no han podido tenerlas legalmente a su nombre, han visto hoy miércoles, 25 de marzo, el fin de su lucha. 

Gracias a la aprobación de la Ley de Patrimonio de la Junta de Andalucía del pasado 22 de diciembre de 2025, y en concreto, a la enmienda número 42, presentada por el grupo del Partido Popular en el Parlamento andaluz, se ha podido desbloquear un problema histórico con estos propietarios que, pese a llevar toda una vida trabajando las tierras que adquirieron con mucho esfuerzo, no contaban oficialmente como propias. Una situación que les generaba indefensión por no poder acreditar su propiedad y  preocupación ya que, muchos de ellos ya alcanzan edades avanzadas y temían no poder dejarlas a sus hijos, traspasándoles el problema. 

Sin embargo, hoy han visto la luz al final del túnel porque varios propietarios de esas parcelas agrarias de colonización han podido firmar sus escrituras de regularización, permitiendo a los adjudicatarios inscribir sus fincas en el Registro de la Propiedad. Ha sido en un acto en el que ha estado presente el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Francisco Moreno, junto al delegado territorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Óscar Curtido, satisfechos por haber podido resolver después de décadas esta situación. 

Con la firma de estas primeras escrituras, la Junta de Andalucía inicia en la provincia de Cádiz una nueva fase del proceso de regularización jurídica de parcelas agrarias procedentes de antiguos proyectos de colonización, mediante el otorgamiento de escrituras de segregación y compraventa a sus adjudicatarios.
 
 
Este proceso afecta a terrenos cuyo origen se remonta a las actuaciones impulsadas por el Estado a partir de la Ley de Bases de Colonización de 1939 y la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad de Zonas Regables de 1949, desarrolladas posteriormente por organismos como el Instituto Nacional de Colonización, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Estas actuaciones dieron lugar a la creación de poblados, infraestructuras de regadío y parcelaciones rústicas.

 
Como heredera de estos procesos, la Comunidad Autónoma de Andalucía es titular de un conjunto de fincas rústicas cuya propiedad debía formalizarse a favor de los adjudicatarios originales, conforme a la normativa agraria vigente, entre la que figuran la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y la Ley 8/1984 de Reforma Agraria Andaluza.  Durante años, diversas dificultades de carácter técnico, registral y urbanístico han condicionado la tramitación de estas escrituras, entre ellas, discrepancias en las mediciones de parcelas, limitaciones de recursos y la exigencia de licencias urbanísticas.

 
En los últimos tres años, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural   ha desarrollado un plan de trabajo que ha permitido avanzar en la resolución de estas incidencias. Entre las actuaciones realizadas se incluyen la digitalización de documentación histórica, la obtención de mediciones georreferenciadas en coordinación con el Catastro, la colaboración con el Decanato de Registradores de Andalucía Occidental y el refuerzo de medios en la delegación territorial de Cádiz.

De igual forma, la Ley 7/2025 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha introducido medidas que facilitan la tramitación de estas operaciones, al eliminar la necesidad de licencia urbanística cuando las actuaciones estén amparadas por proyectos de parcelación aprobados por la Administración.

 
La formalización de estas escrituras permitirá a los adjudicatarios completar el proceso de inscripción de sus fincas en el Registro de la Propiedad, conforme a la normativa vigente

Aunque hoy han sido tres propietarios roteños los que han podido iniciar el proceso en firme para escriturar sus propiedades tras años de espera, en la localidad hay más de 40 afectados por esta situación que de forma progresiva irán regularizando sus propiedades gracias a la solución jurídica en la que se ha venido trabajando con especial interés por parte del actual gobierno andaluz, especialmente, por su delegado territorial, Francisco Moreno, que hoy se mostraba especialmente satisfecho por haber podido encontrar el encaje jurídico que hasta ahora no existía para que la administración pudiera ordenar, acreditar y formalizar la titularidad de esas fincas, cuyo procedimiento estaba bloqueado por la falta de procedimiento legal claro. El gobiernoi andaluz actual ha dado con la clave para que por fin estos agricultores  puedan convertir sus tierras "de hecho" en tierras "de derecho".