El pleno municipal celebrado ayer miércoles en el Ayuntamiento de Rota dio luz verde al punto en el que se aprobaba el estudio de detalle que ordena la parcela situada en la calle Saetero Fernando Barriento Ruiz, esquina con la avenida Príncipes de España, promovido por la entidad Rota Urban Living, SL., y en la que está previsto que se construyan 146 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Una construcción que es posible gracias a que el Ayuntamiento de Rota se adhirió al Decreto-ley 1/2025 de la Junta de Andalucía que permite cambia el uso de una parcela para construir vivienda pública. 

Esta parcela, que se encuentra junto al colegio Pozo Nuevo, contaba con una calificación destinada a equipamientos comunitarios y ha quedado modificada para uso residencial, con el fin de poder dar respuesta a la necesidad de vivienda que existe en la localidad.

La delegada de Fomento, Encarna Niño, que presentó el punto, entendiendo que si bien no es la panacea para atajar el problema de la vivienda, al menos permite la construcción de más de un centenar de viviendas en alquiler.

Lo que se elevaba a pleno era el estudio de detalle, que es un instrumento urbanístico que define la distribución de los suelos destinados a dotaciones locales, incluyendo equipamientos comunitarios básicos y espacios libres y zonas verdes, así como la ordenación de la parcela resultante de carácter residencial. 

Tal y como indicó la delegada, este tipo de iniciativas ayudará a poner en el mercado viviendas a un precio más asequible que los de renta libre para sectores de la población que lo demandan. De la misma forma, señaló que el Ayuntamiento sigue poniendo a disposición de la Junta suelo público municipal para que desde las instituciones se construyan viviendas dirigidas a otros sectores de la población que están en situaciones más vulnerables, en las que se pueda bajar el precio ya que no se repercute el valor del suelo. En este sentido insistió en que el Ayuntamiento “hace lo que le corresponde que es facilitar suelo público para que la administración autonómica, que es la competente y la que tiene fondos para ello, impulse construcción de viviendas protegida con precios más asequibles para la población”.

Con este punto estuvieron de acuerdo PSOE, PP y Vox, absteniéndose IU+Podemos por entender que hay matices que no ve claros en este cambio a uso residencial argumentando que se elimina la opción de equipamientos que podrían ser deportivos, culturales, religiosos, de mercado, y otros tantos, para construir vivienda en manos de un privado perdiendo equipamiento comunitario. Además, añadió el concejal de IU+Podemos, Pedro Pablo Santamaría, al ser una parcela comprada a precio de mercado, entiende que el precio de los alquileres se verán repercutidos echando de menos que el estudio de detalle no especifique en  qué régimen de protección estarán las viviendas ya que en base a ello, variará el precio del alquiler que puede ser, para un piso de 90 metros cuadrados útiles, de 698,84 euros al mes si es de protección general, de 792,02 euros al mes si es otro tipo o de 931,71 euros mes si es limitado. Es la falta de información la que le llevó a la abstención al concejal que cree que el decreto ley de la Junta ayuda a seguir con la especulación de la vivienda y sin resolver el problema real que tienen jóvenes, mayores y clase trabajadora para acceder a ella.

Sin embargo, el PP se mostró a favor, asegurando que este decreto es un ejemplo de "de política de vivienda bien pensada, eficiente y que palia un problema como la vivienda", fomentando la vivienda protegida, que considera que es la única forma de luchar contra este problema.  El concejal del PP, Daniel Cros, indicó además, que esta parcela, que acogerá las 146 viviendas públicas en alquiler,  está abandonada, llena de rastrojos y con problemas de roedores desde hace años, por lo que cree que la salida es más que positiva.

La aprobación definitiva, que vio luz verde con los votos a favor del PSOE, PP y Vox y la abstención se IU+Podemos, se producía una vez finalizado el periodo de exposición pública del expediente en el que no se había recibido ningún tipo de alegación.

Mociones del pleno

Al margen de esta propuesta, el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Rota abordó otros debates como las mociones presentadas por la concejal Silvia Bellido Vera del grupo municipal Vox. La primera, relativa a la evaluación de la eficacia de los puntos violeta, que fue rechazada con los votos en contra del PSOE e IU+Podemos, la abstención del PP y el único voto a favor de la concejal proponente. Y la segunda, en la que se apuntaba a la situación y reactivación de los locales de ocio situados en la avenida San Juan de Puerto Rico y la zona del muelle, que salió adelante con los votos a favor del PSOE, IU+Podemos y Vox y los votos en contra del PP, después de desestimar el pleno una enmienda presentada por el grupo popular.

Por su parte, el concejal del grupo municipal del Partido Popular, Daniel Cros, presentó dos mociones. La primera de ellas, centrada en la realización de una campaña informativa sobre los Vehículos de Movilidad Personal, que  fue aprobada por unanimidad del pleno; y la segunda, relativa a la ampliación de la oferta formativa de la escuela de vela "Theresa Zabell", así como en el incremento de la partida destinada a su mantenimiento, que fue rechazada con los votos en contra del PSOE y los votos a favor del PP, IU+Podemos y Vox.

En el apartado de urgencias se presentó un punto por parte del teniente de alcalde delegado de Personal, Daniel Manrique, para subsanar un error material en el acuerdo adoptado en el pleno de 18 de febrero sobre la modificación del reglamento de disponibilidad. El punto fue aprobado por unanimidad en el pleno.

El resto de puntos del orden del día fueron el apartado de control y fiscalización de los órganos de gobierno, en los que se dio cuenta de distintos decretos de Alcaldía, entre ellos el Decreto 2026-1215, de 23 de febrero de 2026, por el que se modifica el Decreto de 9 de junio de 2025, de delegaciones de servicios y firmas en concejales; el Decreto 2026-1469, de 5 de marzo de 2026, por el que se declara la emergencia para la ejecución de los trabajos de reparación y restablecimiento de la transitabilidad en los caminos rurales afectados por los temporales de lluvia, por existir un riesgo inminente para la seguridad; los decretos y resoluciones dictados durante el mes de febrero de 2026; y de los viajes oficiales realizados por el gobierno municipal.