El grupo municipal de Vox, representado por la concejal Silvia Bellido Vera, va a pedir esta tarde en la sesión de pleno ordinario que está previsto que se celebre a partir de las 17.30 horas, que la Corporación municipal apoye su propuesta de instar al Gobierno de la nación a que retire la obligatoriedad de portar la baliza V-16 en los vehículos. 

Hay que recordar que, a partir del 1 de enero de 2026  entrará en vigor la disposición transitoria primera del Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en vías públicas, desarrollada por la Instrucción MOV 2025/1 de la Dirección General de Tráfico (DGT). Dicha disposición establece la obligatoriedad para los vehículos matriculados en España (turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjuntos de vehículos no especiales) de portar una luz de emergencia V-16 con conexión directa a la plataforma DGT 3.0, sustituyendo a los tradicionales triángulos de emergencia reflectantes.

Sin embargo, esta obligación no será exigible a los vehículos extranjeros que circulen temporalmente por España, pese a que cada año millones de turistas europeos transitan por las carreteras españolas con vehículos de matrícula foránea. Esto introduce, según Vox y otros colectivos, una evidente desigualdad normativa, puesto que únicamente afecta a los conductores españoles.

Para este partido además, imponer la compra obligatoria de un dispositivo electrónico, cuyo precio triplica en muchos casos el de los triángulos convencionales, supone una carga "adicional e innecesaria" para millones de familias. Eso sumado a que hay una falta de información y pedagogía institucional en el que el 65% de los españoles desconoce la entrada en vigor de esta norma, y un 30% ignora que puede ser sancionado con 80 euros por su incumplimiento.

Desde Vox señalan que ese déficit comunicativo está provocando que numerosos conductores adquieran dispositivos V-16 no homologados, exponiéndose también a sanciones. Todo ello, señala la concejal Silvia Bellido en la moción que se elevará a debate, sin tener en cuenta que además, existen serias dudas sobre la
eficacia real de la baliza V-16: en vehículos industriales o de gran tonelaje, su colocación en la cabina queda oculta por la propia caja del vehículo, reduciendo la visibilidad del dispositivo; en carreteras con curvas cerradas, cambios de rasante o falta de visibilidad directa, la baliza no permite anticipar la presencia del vehículo detenido; asociaciones de conductores y miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han cuestionado su eficacia al indicar que “de día no se ve lo suficiente”; que la obligatoriedad de conexión con la plataforma DGT 3.0 mediante eSIM resulta ineficaz en amplias zonas del territorio nacional donde la cobertura móvil es insuficiente; o que no existen estudios concluyentes sobre su comportamiento en condiciones climatológicas adversas, mientras que los triángulos sí garantizaban visibilidad mínima de 100 metros incluso bajo lluvia intensa, niebla o nieve.

Para Vox, todo ello evidencia que la imposición de la baliza V-16 es "desproporcionada, ineficaz, económicamente gravosa y potencialmente peligrosa, además de carecer de estudios técnicos y forenses independientes que avalen su eficacia en condiciones reales de tráfico".

Por ello, creen que lo mejor es revisar la medida, para lo que piden que se suspenda la obligación de contar con este dispositivo por parte de los conductores a partir del 1 de enero.

En el pleno, la moción que se debatirá pide textualmente: instar al Gobierno de la nación a suspender la obligatoriedad de la baliza V-16 hasta que existan estudios técnicos, periciales y forenses independientes que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial, y seguir permitiendo el uso de los triángulos; garantizar que ninguna normativa de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo mientras esperan asistencia, por tratarse de una práctica contraria a los protocolos de prevención de riesgos y seguridad en carretera; impulsar ayudas para familias y empresas destinadas a mejorar la seguridad vial mediante la renovación del parque móvil, garantizando la convivencia de todas las tecnologías de automoción —combustión, híbrida y eléctrica— sin imposiciones ideológicas ni restricciones que perjudiquen la libertad de elección del consumidor; y que cese la promoción de normativas que impone costes innecesarios a las familias españolas sin aportar beneficios reales en seguridad vial, y cuya finalidad sea meramente recaudatoria o extractiva.