El grupo La Plazoleta-Ecologistas en Acción de Rota ha conseguido un paso más en su lucha por la recuperación de vías pecuarias que han sido ocupadas por privados siendo terreno público en la localidad. El asunto, que se llevó a los tribunales en 2016, ha avanzado ahora con la diligencia que este colectivo recibió del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Cádiz, el pasado 21 de noviembre.

En esta comunicación se requiere a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de su delegación territorial en Cádiz, que en el plazo máximo de dos meses dé inicio a los expedientes de recuperación de la posesión de tres vías pecuarias -Colada de Cebollares, Colada de los Charcos y Colada de Cobalengos-, es decir, que se inicie el expediente de recuperación en ejecución provisional; debiéndose, asimismo, comunicar al órgano que realiza el dictamen, la resolución que se dicte para ello, así como las de las distintas actuaciones que sean relevantes para el conocimiento de dicho órgano del proceso de recuperación.

En caso de que la Junta no actúe como se le requiere, se procedería a la imposición de multas coercitivas personales contra los responsables.

Ecologistas en Acción se ha mostrado satisfecho por este nuevo paso que se da ante una situación que vienen denunciando desde hace años. Recuerdan que fue en 2016 en un pleno municipal del Ayuntamiento de Rota cuando se presentó un “Plan de restauración paisajística y medioambiental”, que previamente había sido respaldado por 18 asociaciones y partidos políticos locales.

Desde entonces, apunta el colectivo, se ha recorrido un largo camino de tramitación e inconvenientes destacando como uno de los más relevantes "el boicot realizado desde la Junta de Andalucía a la Ley de Caminos Públicos, cuyo borrador fue fruto de años de dedicación, redacción y consenso". Mediante esta ley, manifiestan los ecologistas, se pretendía reforzar la protección del 90% de caminos públicos andaluces que se encuentran no inventariados, cerrados y usurpados; se trataba de incluir dichos terrenos en el patrimonio público andaluz y luchar así contra quienes se han apropiado de ellos.

Sin embargo, para este colectivo, es relevante "la falta de actuaciones legislativas en dichas zonas, las usurpaciones de caminos y veredas, la reducción de pasos y dimensiones legales y la ausencia absoluta de interés de las administraciones públicas por la recuperación de espacios de dominio público".

Esa pasividad y permisividad de la Junta de Andalucía contra los bienes de dominio público que constituyen las vías pecuarias, que son un patrimonio al que la ciudadanía tiene derecho a su disfrute y la obligación de conservación, es la que llevó a este grupo ecologista a emprender acciones judiciales, con la finalidad de que esos terrenos usurpados fueran recuperados para su uso tradicional además de otros destinos como pueden ser el lúdico, medioambiental, turístico…

Las vías pecuarias son consideradas como un patrimonio público, pero además también natural y cultural, dado que su relevancia y reconocimiento se remonta al año 1273. Esta consideración les otorga privilegios como ser inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Desde el 1995 se cuenta con una Ley de Vías Pecuarias estatal, siendo aprobado, en Andalucía, el Reglamento 155/1998 de Vías Pecuarias de la comunidad. No obstante, y a pesar de diferentes planes e intentos de recuperación, los ecologistas lamentan que todo ha quedado en proyectos vacíos, lo que dio lugar a la creación de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos a fin de conseguir el cumplimiento de la legalidad y la prohibición de las ocupaciones ilegales, el cierre con alambradas, los aprovechamientos agrícolas o cinegéticos, la instalación de naves y viviendas particulares…

El colectivo La Plazoleta- Ecologistas en Acción de Rota presentó en 2018 una solicitud del expediente de recuperación de tres de las vías pecuarias locales, dado que desde la delegación territorial de  Medio Ambiente de Cádiz se reconocía la usurpación de las tres vías pecuarias y su carácter de terrenos de dominio público; no obstante, "ante la inacción y la nula actividad de esta administración", decidieron como grupo iniciar los trámites de recurso contencioso-administrativo, en el año 2021.

Los ecologistas destacan la pérdida de más de 900.000 euros proveniente de fondos ITI, para llevar a cabo labores de recuperación que no se llegaron a ejecutar a pesar de haber sido redactado el proyecto. Igualmente, lamentan que la propia Junta de Andalucía, la responsable y garante de los terrenos de dominio público, interpusiera recurso de apelación contra la sentencia inicial que la obligaba a iniciar expediente de recuperación.
Se trata del cumplimiento legal de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 4/1986 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza y el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía de 1998, que en su artículo 8 determina que “Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la recuperación”. Por eso, a Ecologistas en Acción le resulta preocupante "el silencio, la permisividad, la dejación de obligaciones, la falta de interés... por el patrimonio público en beneficio solo de una parte", han concluido este colectivo que se alegra de esta diligencia que obliga a que se tomen medidas para recuperar esos terrenos de dominio público en el término municipal de Rota.