La pregunta que el grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados registró para conocer cuál era el planteamiento del Gobierno central con respecto al conflicto laboral que desde hace más de 9 años padecen los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota, ha tenido respuesta oficial. En ella, deja claro que los conflictos laborales son competencia exclusiva de las empresas contratistas y por tanto, se desvincula de la situación asegurando que no tiene potestad para intervenir en despidos o negociaciones colectivas. 

El Gobierno aclara además que la relación jurídico-laboral de los trabajadores no tiene que ver ni con  las fuerzas estadounidenses ni con el Ministerio de Defensa, sino que esta solo depende de la adjudicataria, que en este caso es Versar Global Solutions Aircraft Services, la antigua Louis Berger.

Desde el Ministerio de Defensa insisten en que como el personal contratado lo está por una empresa privada, no tienen competencias para involucrarse ni en la negociación de un convenio colectivo -que es la clave por la que se inició este conflicto laboral, el más largo de la democracia española-, ni tampoco en relación a medidas disciplinarias o despidos que se hayan dado en esas circunstancias. "El Ministerio de Defensa carece de competencias para involucrarse en el proceso de negociación colectiva, en situaciones de conflicto laboral o en relación con medidas disciplinarias o despidos adoptados en ese ámbito laboral", se cita textualmente en el escrito.

Por otro lado, indica el Gobierno que la situación laboral que llevan padeciendo los trabajadores, no afecta al funcionamiento de las instalaciones aeroportuarias españolas de la Base ni al Ministerio de Defensa español y que en este tiempo, tampoco el jefe de las Fuerzas de Estados Unidos en la Base ha comunicado incidencias en seguridad u operatividad derivadas de la ausencia de parte del personal o de las reclamaciones laborales.

El mismo escrito recoge que sería la Junta de Andalucía la que en materia de ejecución de la legislación laboral tiene las competencias en materia de inspección, arbitraje y mediación laboral.

Con esta respuesta queda clara cuál es el posicionamiento del Gobierno central; una posición que se conoce por escrito en la misma semana en la que miembros del comité de empresa de Versar Global Solutions han acudido a reunirse con el secretario de Estado  del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, que se comprometía a analizar a fondo la situación y coordinar futuras actuaciones con las administraciones competentes.