La angustia que la familia de Manuel Santamaría Patino vive desde que el 28 de mayo de 2024 este roteño falleciera en un accidente en el mar  al verse su embarcación arrollada por otra de mayor dimensión, no se quedó en la pérdida de su ser querido y la tristeza de no haber podido dar sepultura a su cuerpo, ya que el mar no lo arrojó. La pena se ha ido tornando en este año y medio en incomprensión y finalmente, cuando tuvieron conocimiento del atestado que recogía los supuestos hechos de aquel día, en indignación. 

Es precisamente esa indignación, acompañada de una gran desolación, lo que les ha llevado a salir públicamente a denunciar algo que, por muy duro que sea, creen que nadie en su lugar puede juzgar ni criticar. Lo único que quieren saber sus familiares, como han indicado a Rotaaldia.com, es conocer con exactitud qué le pasó a Manuel, cómo ocurrieron los hechos y por qué no se llevaron a cabo una serie de acciones que consideran fundamentales ante la gravedad de lo ocurrido. Reclaman saberlo porque a día de hoy, lo que tienen en su poder es un atestado que consideran "bastante simple" en el que denuncian una gran "falta de transparencia y negligencias" que derivó a los pocos días en un expediente judicial archivado sin dirimir responsabilidades y, lo peor de todo, sin explicaciones de los hechos ocurridos "habiendo una persona muerta de por medio en un accidente".

Lo que en su día se supo es que Manuel Santamaría era un roteño de 56 años, que el 28 de mayo de 2024 estaba pescando a una milla de la costa roteña aproximadamente, cuando una embarcación de mayores dimensiones a la suya, lo arroyó. Su cuerpo nunca apareció pese a 8 días de búsqueda en el mar. Aparecieron pertenencias suyas como las llaves del coche -que estaba aparcado en el puerto deportivo-, su cartera, enseres de pesca, etc. Pero ni rastro de él. Su embarcación se quedó hundiéndose tras la colisión y fue remolcada a puerto por la Guardia Civil con un golpe visible. No se investigó  en profundidad ni se dirimieron posibles responsabilidades y la familia quiere saber por qué. 

Al mes del accidente se enteraron de que el expediente estaba archivado

El periplo judicial de la familia de Manuel empezó precisamente en junio de 2024 cuando al mes del trágico suceso y ver que nadie les informaba de nada, decidieron contratar a una abogada para que solicitara en el Juzgado de Rota copia del expediente de lo ocurrido aquel día.  Todo ello, pese a que aseguran que un alto mando de la Guardia Civil, el día del accidente le indicó que el lugar donde había ocurrido la colisión era idóneo para conocer con exactitud lo que había sucedido, por lo que la familia esperaba esas semanas ser informada sin saber que realmente, la causa estaba ya archivada. Es ante esa sorpresa mayúscula, cuando deciden personarse en el procedimiento para reabrirlo y que se investigue qué paso. La sorpresa se vuelve indignación cuando acceden al atestado y leen por un lado, que en las declaraciones de los ocupantes de la embarcación  que chocó contra la de Manuel, reconocen que abandonaron el lugar del accidente; que no se les realizó la prueba de alcohol y drogas -aunque los declarantes dicen que se ofrecieron y la Guardia Civil no lo vio oportuno-; se dan cuenta de que no se custodiaron las cámaras del puerto deportivo de Rota para conocer con exactitud la entrada y salida de las embarcaciones para fijar las horas exactas del accidente, y se percatan de que existen "claras contradicciones entre las declaraciones de los tripulantes realizadas el día del accidente con las realizadas dos días después en el Juzgado de Jerez, e incluso contradicciones entre las declaraciones de los propios tripulantes".

La familia se sorprende aún más cuando lee que el patrón de la embarcación declara que las condiciones de navegación "eran muy buenas y que la visibilidad era total", continuando en su declaraciones que es cuando pone rumbo a puerto cuando aumenta la velocidad hasta unos 12-14 nudos, perdiendo visibilidad al levantarse la proa.
Pero además manifiesta que la zona donde se produce la colisión es una zona frecuente de embarcaciones, ya que es rumbo hacia el puerto de Rota, por lo que el tráfico de embarcaciones es elevado, manifestando que no pudo ver la embarcación con la que colisionó porque al aumentar la velocidad rumbo a puerto, perdió la visibilidad al subir la proa. 

Con estas declaraciones, recogidas en el expediente, la familia de Manuel se pregunta cómo no se llevaron a cabo acciones claves como pruebas del alcohol y drogas, considerando un hecho insólito a la vista de las graves consecuencias con -en ese momento-, una posible víctima mortal. De igual forma se preguntan cómo un juez instructor y un fiscal al recibir ese atestado decide archivar el expediente sin más, con un fallecido de por medio y no tener en cuenta que los tripulantes reconocen que abandonaron el lugar de los hechos, pudiéndose haber incurrido en un presunto delito de omisión y socorro y la eliminación de pruebas, una tan importante como la alta probabilidad de que hubiera restos del cuerpo de Manuel en las hélices de la embarcación. Precisamente, la familia está convencida de que el cuerpo nunca apareció porque pudo quedar enganchado en las hélices del barco.

La familia se cuestiona igualmente, por qué no se solicitaron las pruebas pertinentes para aclarar algunas de las contradicciones encontradas en las declaraciones de los tripulantes, producidas entre el día del accidente y en el Juzgado de Jerez; tampoco entienden que no se solicitaran los informes pertinentes acerca de las reglas de vigilancia y velocidad de seguridad que establece el Reglamento Internacional de prevención de abordaje, teniendo en cuenta que, por la zona por la que navegaban era de tránsito de embarcaciones y los tripulantes deben poner todos los medios necesarios para evitar abordajes e incluso adecuar la velocidad para permitir la visibilidad necesaria o maniobrar a tiempo en caso de posible colisión. Con la declaración del patrón de la embarcación, en la que se recoge que ni siquiera vio la embarcación de Manuel para intentar evitar la colisión, la familia entiende que queda demostrado que no se iba a una velocidad adecuada para la zona. Hay que señalar, que está constatado que el barco de 4 metros de eslora de Manuel estaba fondeado, es decir, parado. 

Ante estas "barbaridades", la familia decide interponer una demanda solicitando varias pruebas como las grabaciones de las cámaras del puerto del día de la colisión; las llamadas realizadas de los móviles del patrón de la embarcación y su hijo, puesto que el patrón declara que llamó a su hijo y fue este el que dio aviso a las autoridades de lo ocurrido; que declaren los tripulantes de la embarcación (patrón y acompañante) y  los agentes de la Guardia Civil (los que realizaron la inspección ocular de las embarcaciones y los que tomaron las primeras declaraciones el día de la colisión).

La respuesta que reciben del Juzgado es una nueva "bofetada"  para la familia, ya que le indican que las grabaciones de las cámaras fueron borradas, dado que nadie -ni la Guardia Civil ni el juez instructor- pidieron el día del accidente ni posteriores, que esas grabaciones quedaran custodiadas para la investigación, por lo que, como es protocolo habitual, se borraron a los 30 días del accidente. Un hecho que consideran de total gravedad.

En cuanto a la petición del registro de llamadas de los móviles del patrón y su hijo, el juzgado lo desestima, al igual que la geolocalización y localización de coordenadas de las embarcaciones, algo que, insiste la familia, no sería necesario si el patrón no hubiera abandonado el lugar del siniestro y hubieran esperado a que las autoridades llegaran al lugar. Tampoco la geolocalización de los móviles es aceptada, y de momento, tampoco han citado a los tripulantes de la embarcación para declarar ni a los miembros de la Guardia Civil, por lo que la familia ha vuelto a solicitarlo. 

Desde que el 3 de octubre de 2024 presentaran el primer escrito para reabrir el caso, lo que han recibido a sus peticiones del 11 de diciembre de 2024 o al recurso de reforma del 21 de febrero de 2025 ha sido la desestimación de la petición de pruebas  -algunas de las cuales ya es imposible tener como la grabación de las cámaras o las pruebas de alcoholemia-, pero hay otras como el registro de llamadas, las geolocalizaciones de móviles y embarcaciones o la repetición de las declaraciones de los tripulantes y guardias civiles o quienes hicieron la inspección ocular de las embarcaciones, que son posibles para esclarecer los hechos. Sin embargo, la familia espera desde junio de 2025 la contestación del último recurso de apelación que interpusieron en el juzgado. 

Los meses pasan y con ello, la indignación aumenta porque no entienden los motivos por los que, con un fallecido en un accidente se actuó de esa forma, recogiéndose en un atestado solo las declaraciones de los tripulantes, sin pruebas fehacientes de nada de lo ocurrido porque, insisten, ni se custodiaron las cámaras del puerto deportivo, ni se pidieron pruebas de alcohol y drogas a los tripulantes "que se piden hasta cuando chocas contra una farola", ni se investigó la velocidad  de tránsito de la embarcación que abordó a la de Manuel, ni la responsabilidad por abandonar el lugar del accidente (indicando los tripulantes que fue por miedo a que entrara agua en su embarcación y decidieron acudir a puerto para dar aviso de lo ocurrido).

Los familiares de Manuel tienen la sensación de que no se quieren esclarecer los hechos y por eso, sus peticiones en el juzgado son denegadas, no encuentran amparo y se ven desamparados. Por eso, y porque consideran que se han vulnerado derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como la justicia, igualdad y seguridad jurídica, además de por respeto a la memoria de Manuel, están dispuestos a seguir adelante. Si el procedimiento continúa en la misma línea que cuando comenzaron a solicitar pruebas el pasado junio de 2024, desestimándoselas todas sin argumentos que logren entender,  evalúan acudir al Defensor del Pueblo mediante la interposición de un recurso de amparo. 

Por otro lado, no descartan pedir responsabilidades por las "negligencias" que consideran que se han cometido, como la falta de pruebas de alcohol y drogas; archivar un expediente habiendo sido abandonado el lugar del siniestro por los tripulantes de la embarcación, con la evidencia de un presunto delito de omisión de socorro y eliminación de pruebas, no proceder a la custodia de las grabaciones de las cámaras del puerto de Rota de ese día para que no fueran borradas, etc.

La familia de Manuel Santamaría Patino pide saber la verdad y si hay responsabilidades, que se asuman por parte de quien corresponda. A Manuel, lamentan tristemente, no lo van a recuperar, pero sienten que no pueden quedarse de brazos cruzados.