No sé si habrán oído o leído la noticia de hace unas semanas sobre el intento de desahucio de una anciana de 87 años.

Hasta dónde se sabe, afortunadamente el desahucio ha quedado paralizado ante la presión vecinal.
El  inmueble dónde se encuentra ubicada la vivienda de Maricarmen, que así se llama la señora, ha sido adquirido por un fondo buitre, de los tantos que pululan por la geografía de este país nuestro.

Ignoro quién o quienes “bautizaron” a estas empresas como fondos buitres. El nombre asignado le viene a la perfección. Estos fondos de inversión actúan como carroñeros sociales. Se dedican a comprar cantidades de deuda de hipotecas en dificultades o directamente inmuebles a precios bajos para luego gestionar las viviendas adquiridas y obtener beneficios.

Para que el negocio les sea rentable lo primero que ponen en marcha es la subida de los alquileres de los inquilinos residentes en esas viviendas que han comprado esos buitres. Cómo el alquiler suele estar dentro de unos parámetros soportables por los inquilinos, lo suben a unas cantidades astronómicas. La negativa a pagar la nueva subida les lleva al desahucio.

Es lo que pretendían hacer con Maricarmen. Tras más de setenta años viviendo en su piso, con un contrato denominado “antiguo”, es decir, asequible al poder adquisitivo de la señora, los buitres sociales que han adquirido el inmueble le exigieron una subida del 300%.

¿Qué puede hacer la ciudadanía, hoy por hoy, ante casos como este?

Porque a Maricarmen le han paralizado el desahucio temporalmente. Está pendiente de un informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid sobre sus circunstancias de vulnerabilidad.

Desgraciadamente la Ley le da la razón a estas empresas buitres. Es la sociedad del libre mercado inmobiliario. Los que más dinero poseen dirigen sus negocios a la adquisición de viviendas para alquilarlas y/o venderlas para obtener beneficios.

La ciudadanía se pregunta si desde la acción Política se puede corregir estas aberraciones. El estado liberal, por muy neoliberal que sea, no puede/no debe permitir que los que posean viviendas, las pueda alquilar al precio que les de la gana, sin importarles que los ciudadanos puedan pagar sus exigencias.

La movilización ciudadana no es suficiente para detener estos desatinos. Pero desde la Política, desde el Gobierno, sí que se pueden tomar medidas.

Se debe gestionar, por ejemplo, la expropiación de los bloques de viviendas que están en peligro de pasar a manos de estos buitres.

También poniendo topes al precio de los alquileres, de manera que sean asequibles a la realidad social del país.
Y, por supuesto, construir viviendas públicas. Las Administraciones competentes deben/tienen que llevar a cabo promociones de viviendas públicas ya sean en alquiler o en venta. La construcción de vivienda pública tiene que llegar a igualar la demanda, ofertando la cantidad que corresponda.

Se trata sólo de convertir el derecho reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución, en un  derecho fundamental.