El recurso contencioso-administrativo que Ecologistas en Acción interpuso contra la delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Cádiz el pasado 11 de marzo de 2022, con el fin de la incoación y tramitación de expedientes sancionadores, así como ordenar a los ayuntamientos de Jerez, El Puerto de Santa María, Rota y Arcos la implantación de sistemas de recogida separada de los residuos de plástico y metálicos no envases  mediante la instalación de contenedores específicos en la vía pública o de recogida puerta a puerta o sistema similar, ha sido admitido a trámite. 

Este colectivo había presentado el 12 de marzo de 2021 una denuncia ante la citada consejería para que instara a los cuatro ayuntamientos al cumplimiento de la legalidad vigente con respecto a la separativa de residuos. Sin embargo, la consejería no tramitó el expediente, lo que llevó al grupo ecologista a presentar denuncia contra la misma, siendo condenada a estimar procedente la demanda realizada y al pago de las costas judiciales.

La sentencia determina que las diligencias previas llevadas a cabo por la administración demandada, y referidas a la respuesta de la denuncia inicial interpuesta, son insuficientes para entender cumplido su deber de vigilancia y/o inspección de los incumplimientos objeto de la denuncia.

La resolución favorable se sustenta en el artículo 12.4 b) de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados que establece que “…Corresponde a las Comunidades Autónomas…la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos…”.

En la misma ley, se recoge que “Antes del 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plásticos, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso”.

La sentencia determina la existencia de incumplimiento de la normativa relativa a la recogida separada de los residuos domésticos de los materiales de plástico y metal, todo ello mediante el correspondiente informe pericial.
En este informe -base para sentencia- queda determinado que no se realiza de forma separada la recogida de todos los residuos plásticos y metálicos respecto de la recogida general de residuos domésticos municipales, sino que solo se hace recogida separada de los que tienen características de envases, y esta recogida y separación de los residuos de envases queda constatado que se realiza de forma bastante deficiente.

Por otro lado, también se hace hincapié en las deficiencias presentadas en las memorias anuales.
Según determina la ley, se deberá presentar una memoria anual de gestión de residuos en la que se debe especificar, como mínimo, la cantidad de residuos gestionados, su procedencia, la naturaleza de los mismos y su destino final; especificaciones que están ausentes en las memorias presentadas en los años 2017, 2018 y 2019, ya que no recogen el destino final de los residuos de envases, valorización o eliminación, única manera de comprobar fehacientemente si se han cumplido los objetivos de recuperación que establece la ley.

Según señala Ecologistas en Acción, todos los municipios mencionados (Jerez, El Puerto, Rota  y Arcos) deberán adaptar sus ordenanzas a los requisitos de la Ley 7/2022 puesto que ninguno de ellos lo está; y la información facilitada "está dispersa, poco accesible, poco clara y no actualizada", según el “Análisis y diagnóstico en materia de gestión de residuos municipales en el ámbito de las comarcas de la Costa Noroeste, Bahía de Cádiz y la Janda de la provincia de Cádiz”.

En dicho análisis también se determina que el porcentaje de impropios contenidos en envases ligeros mejora la media nacional, un 28,1% frente al 30,8%; no así en el caso de Rota con un 47,4% que se aleja notablemente de la media.

Por otro lado, el grupo ecologista señala que el análisis, en relación con las instalaciones de transferencias -Las Calandrias y Miramundo- muestran "su estado de antigüedad en la capacidad y en su envejecimiento general". Ambas adolecen de un bajo rendimiento, estando los productos de salida para valorización por debajo del 10% -del orden del 7,56% en Las Calandrias y del 6,25% en Miramundo- necesitándose un estudio pormenorizado de las causas y soluciones; a pesar de ello, sí se determina que una de las causas es el bajo porcentaje de fracción orgánica en la fracción resto. 

En las conclusiones del citado análisis se establecen las exigencias de la Ley 7/22: -obligación de recogida separada de determinadas fracciones, con límite de plazo para su implantación; obligación de adaptar ordenanzas a los preceptos contenidos en la ley; normas de obligado cumplimiento para la eliminación de residuos municipales en vertedero; determinación de los criterios de cálculo de los costes de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos municipales así como a cubrir al menos el 100% de los costes mediante tasas diseñadas en aplicación del principio de “quien contamina paga”.

Además, la LECA -Ley de Economía Circular de Andalucía- determina que los ayuntamientos deberán: redactar planes de economía circular; implantar el análisis de ciclo de vida del producto; implantar las denominadas “compras verdes”. Estableciendo como plazo, para ello, el pasado 30 de abril.

Es de destacar que los informes de aviso y las recomendaciones de la Unión Europea a España alertan sobre el incumplimiento de los objetivos de gestión de residuos y la necesidad de mejorar los modelos de recogida y gestión de residuos. Se plantea la solución genuina de implantar otros sistemas de recogida, como pueden ser los sistemas de recogida puerta a puerta, tanto domiciliarias como comerciales, los sistemas de depósito y/o los sistemas de pago por generación.

La finalidad del colectivo ecologista es que se vayan estableciendo planes y medidas municipales para el cumplimiento de una ley -la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular- de recogida separada de la fracción orgánica -biorresiduos- de los residuos municipales; al mismo tiempo la aplicación de la Agenda 2030 y en particular el objetivo 12, de producción y consumo sostenibles, junto a la contribución a la lucha contra el cambio climático.

Ecologistas en Acción es consciente del enorme desafío que suponen estos compromisos para las entidades locales, con limitación en medios técnicos y recursos humanos, pero entiende que asumir estos retos es inaplazable ya que su incumplimiento acarreará una subida insostenible de los costes de gestión  que repercutirán en los recibos a pagar por la ciudadanía.

Por último, el colectivo ecologistas ha querido afear "la nula y nefasta gestión" de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Cádiz en su labor de, entre otras, promoción de la sostenibilidad, conservación y mejora del medioambiente, de apoyo a proyectos de mejora de la recogida separada de biorresiduos y fomento de la economía circular, de fomento de la sensibilización sobre la importancia de la sostenibilidad y el cambio climático.