Ayer lunes comenzó el juicio oral por el conocido como 'caso parking', en el que la Fiscalía Anticorrupción pide para el ex alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso (Roteños Unidos), dos años de cárcel y doce años de inhabilitación por un supuesto delito de  prevaricación y fraude a la administración. También procesa al entonces delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Rota, Antonio Peña, que posteriormente fue alcalde de Chipiona, para el que se pide ocho años de inhabilitación, a los empresarios José y Felipe Castellano y al arquitecto. 

Este es un caso que se puso en los tribunales en 2014 como pieza separada del caso 'convenios urbanísticos' del SUNP RI1 que se firmaron entre el Ayuntamiento de Rota y la empresa Promociones Castellano entre 2009 y 2010, que finalmente absolvió al ex regidor, pero quedaba pendiente esta causa.

Lo que se investiga es un acuerdo firmado en 2006 entre el Ayuntamiento de Rota y la empresa Promociones Castellano por el que se fijaba la cesión de 2.053 unidades de aprovechamiento urbanístico de suelo municipal a la constructora Castellano que a cambio debía demoler una edificación de la calle Álvaro Méndez y ejecutar un aparcamiento, el hoy parking "La Merced". Pero además, dada la diferencia de valor entre ambas, y el coste de construcción del parking, el Ayuntamiento debía abonar a Promociones Castellano la cantidad de 587.594,74 euros. Según el auto de la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Rota que se encargó de las diligencias previas, el secretario municipal informó verbalmente a la Junta de Gobierno Local que dicha operación precisaba de la tramitación de un expediente de permuta a través del Negociado de Patrimonio, sin embargo, la Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad el convenio facultando al entonces alcalde, Lorenzo Sánchez, para la realización de las actuaciones necesarias al respecto.

Tras la firma de este convenio, que se saltó todos los procedimientos correspondientes, el Ayuntamiento contrató a un arquitecto y a un aparejador para la dirección técnica de la obra del parking, ambos relacionados con la empresa Castellano. La jueza indica que "dichas contrataciones se realizaron prescindiendo del procedimiento establecido en la legislación de contratación pública" y que el importe de los honorarios que se pagaron ascendieron a 77.494,96 euros, beneficiándose por tanto, ambos de esta irregularidad en su nombramiento.

La jueza del juzgado de Rota indicaba igualmente que todos los actores eran conocedores de las irregularidades que se estaban cometiendo en la construcción de este parking público y que en este caso, además, Antonio Peña hizo dejación de sus funciones permitiendo como delegado de Urbanismo que la obra comenzara teniendo conocimiento de la inexistencia de expediente de permuta, de que no había licencia, ni acta de replanteo, ni calificación ambiental.

Esta es la quinta causa a la que se enfrenta en sede judicial el ex alcalde Lorenzo Sánchez Alonso (Roteños Unidos) tras pasar por el caso 'Horas Extras', caso 'Uniformes', caso 'Convenios urbanísticos' y el caso 'Okupas', este aún pendiente de procesar. De  todos ellos,  acumula una condena de 13 años de inhabilitación y un año y medio de cárcel por el caso 'Uniformes'; acabando tanto en el caso 'Horas extras' y el de los convenios  absuelto.  El juicio por la causa del parking, que ha comenzado esta semana en la Audiencia Provincia de Cádiz,  se suma al de los 'Okupas' que también está pendiente, en el que se acusa de dar dinero público a dos personas para que desalojaran unas viviendas a las que el Ayuntamiento quería dar otro uso.