La agenda regulatoria del Ministerio de Derechos Sociales y la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha vivido una década de frenética actividad. Tras la Ley 13/2011 y el Real Decreto 958/2020, que restringió la publicidad del sector, el Gobierno aprobó en marzo de 2023 el Real Decreto 176/2023.

La norma obliga a cada operador a nombrar un responsable de juego seguro y a reportar datos pormenorizados a la autoridad para que ésta pueda intervenir con mayor agilidad. Entre las novedades más comentadas figura la prohibición de depositar fondos con tarjeta de crédito para algunos usuarios.

Del Real Decreto de Juego Responsable a la fiscalidad progresiva

La DGOJ ha reforzado su brazo sancionador, sólo en 2024 se impusieron 143 millones de euros en multas a 26 operadores y se decretó el cese temporal de actividad para los reincidentes.

Los cierres de páginas ilegales tampoco cesan. Desde 2018 se han clausurado 2.633 portales de apuestas sin licencia, una estadística que, según el director general, Mikel Arana, evidencia la eficacia del dispositivo de ciber‑vigilancia gubernamental.

Siendo así, muchos aficionados siguen recurriendo a casinos sin licencia atraídos por ofertas máo la posibilidad de jugar con criptomonedas. El refuerzo de la supervisión camina en paralelo a un cambio de paradigma fiscal. El esquema actual, 20%, podría transformarse. El objetivo es aliviar la carga de los operadores emergentes y exigir un esfuerzo mayor a los de gran volumen.

La ministra María Jesús Montero ha defendido públicamente este principio de progresividad ante la ONU, subrayando que un sector con creciente facturación debe contribuir con justicia al interés general. La posible reorganización de tipos impositivos llega en plena expansión del mercado.

El margen neto de juego online (GGR) superó los 1.454 millones de euros en 2024, un aumento del 17,6% respecto a 2023 según datos provisionales de la DGOJ. Varios operadores de nicho temen que la subida para los tramos altos suponga un coste extra de compliance.

Mientras los grandes grupos, con fuerte músculo financiero, consideran la reforma inevitable para mantener la licencia social de la industria. Sin embargo, no todo es presión. El Gobierno estudia incentivos fiscales para aquellos que adopten tecnologías de verificación biométrica y algoritmos de detección temprana de juego problemático.

Mientras políticos y operadores discuten porcentajes, los jugadores percibirán los cambios en su experiencia cotidiana. Límites automáticos de gasto, ventanas emergentes con avisos personalizados y la imposibilidad de pagar con crédito si acumulan señales de riesgo.

Medidas todas ellas pensadas para reforzar la sostenibilidad de un sector que, aun bajo un escrutinio cada vez más grande, seguirá creciendo gracias a la digitalización y a las nuevas formas de entretenimiento conectadas a la tecnología blockchain.

Tecnología, criptomonedas y cooperación europea

Con la Resolución de 6 de junio de 2024, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) aprobó la versión 3 del Modelo de Datos del Sistema de Monitorización. A partir de enero de 2025, cada apuesta o giro de ruleta deberá llegar a los servidores de la DGOJ.

Esta capacidad de escucha casi en vivo alimenta nuevos algoritmos predictivos que cruzan frecuencia de juego, importe de depósito y perfil sociodemográfico para anticipar conductas de riesgo. Los operadores que no activen alertas cuando un usuario rebase los umbrales configurados se exponen a sanciones que la ley ya califica de muy graves.

Los datos justifican la urgencia. En 2024 se registraron 1,99 millones de jugadores activos y se apostaron más de 35.000 millones de euros, con un margen neto (GGR) récord de 1.454 millones, según el último balance de la DGOJ. Cuanto mayor es el flujo de dinero, mayor es la presión para blindar la integridad del mercado y contener el daño social.

La popularidad de Bitcoin, que superó los 120.000 dólares este año, ha disparado el uso de wallets en casinos online. Se estima que las transacciones con cripto ya representan 12% del volumen total jugado en España, frente al 5% en 2022.

El Ejecutivo pretende encauzar esa tendencia mediante el Reglamento europeo MiCA y la futura Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC), aprobada por el Parlamento Europeo en 2024, que obligará a verificar la titularidad real de las billeteras y a notificar operaciones sospechosas superiores a 1.000 euros.

El sector lleva ventaja gracias a los estándares de la European Gaming and Betting Association (EGBA). El segundo informe anual sobre las AML Guidelines revela que los grandes operadores ya aplican evaluaciones de riesgo dinámicas y mecanismos de customer due diligence reforzada para cripto‑depósitos.

La realidad puede ser el futuro del sector. Pero mesas de poker alojadas en mundos como Decentraland desafiarían la jurisdicción territorial. El Orden Ministerial tendrá que proponer licencias específicas para entornos inmersivos.