La Justicia vive  una de sus mayores transformaciones en décadas con la entrada en vigor ayer 1 de julio,  de los nuevos tribunales de instancia, que suponen una nueva estructura que acaba con los tradicionales juzgados unipersonales, dirigidos exclusivamente por un juez. La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia impone desde ayer la entrada en vigor de este modelo de órgano colegiado, compuesto por varios jueces, en aquellos partidos judiciales que cuentan con juzgados de Mixtos y de Violencia sobre la Mujer, lo que en Andalucía se traduce en su aplicación en 70 de los 85 partidos judiciales, es decir, en más del 82%. Entre ellos, está el de Rota.

El resto se aplicará en dos fases más de aquí al 31 de diciembre.

Para hacer posible esta reforma, la Junta de Andalucía ha tenido que asumir una inversión en solitario que supera los 54,4 millones de euros solo para las dos primeras fases, ya que, aunque la ley ha sido impulsada por el Estado, carecía de memoria económica. Esta transformación requiere de adaptaciones y ampliaciones de los sistemas informáticos, de instalaciones y de las plantillas. 

Solo en materia de personal, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destinará 3,7 millones de euros más al personal de estos 70 juzgados, ya que ha incrementado la plantilla en 80 funcionarios más y ha creado puestos de jefaturas, con sus correspondientes complementos, que hasta ahora no existían. De estas plazas, 60 son de nueva creación y 20 son plazas hasta ahora ocupadas por refuerzos, que ya pasarán a ser estructurales. 

Los partidos judiciales que se transforman y que desde ayer están en funcionamiento como el de Rota,  son aquellos que cuentan con juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, donde trabajan en Andalucía más de 4.000 funcionarios de Justicia, dependientes de la Junta. Además, los 95 Juzgados de Paz de estos 70 partidos judiciales se transforman también en Oficinas de Justicia Municipales.

Desde el 1 de julio, cada partido judicial pasa a ser un tribunal de instancia y en lo que al personal funcionario se refiere se organizarán a través de los servicios comunes. Así, todas las oficinas judiciales contarán con un servicio común de tramitación, al que se sumarán otros como el común general y el de ejecución, en función de las características del partido judicial.

En la provincia de Cádiz esta medida afecta a los partidos judiciales de Arcos de la Frontera, Barbate, Chiclana de la Frontera, La Línea de la Concepción, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique.