La denuncia que en su día interpuso Ecologistas en Acción de Rota contra la Junta de Andalucía por no haber actuado ante la usurpación de vías pecuarias de titularidad pública en el término municipal de Rota fue aceptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz, que en una sentencia de agosto de 2022, obligó a esta administración a trabajar de oficio para recuperarlas ya que habían sido ocupadas ilegalmente por dejadez de la Junta. 

Aquella demanda y la posterior sentencia fue un paso adelante importante, consiguiendo la condena a la delegación territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible que debería trabajar para que las vías  Colada de los Charcos, Colada de Cebollares y Colada de Cobalengo, todas en Rota, volvieran al dominio público,  además de la condena al pago de las costas del proceso.

Ahora, una auto publicado con fecha 3 de enero de 2025 por el mismo juzgado número 3 de Cádiz, ha acordado la ejecución provisional parcial de aquella sentencia que se limitaría a los trabajos previos (periodo de información a fin de conocer las circunstancias de la ocupación), inicio del procedimiento, designación de un instructor, recabar informes pertinentes, trámite de alegaciones a los interesados, propuesta de resolución, etc., pero que es un paso más en la lucha de los ecologistas por no dejar que vías pecuarias públicas estén en manos privadas sin que su garante haga nada al respecto.

Esta ejecución provisional parcial viene determinada en virtud de la sentencia de 18 de agosto de 2022, así como  una sentencia posterior de fecha 29 de mayo de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, que desestimó el recurso de apelación que la delegación territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible  interpuesto contra la sentencia primera. 

La Junta interpuso además contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un recurso de casación alegando falta de legitimación de la Asociación La Plazoleta-Ecologistas en Acción de Rota, así como que la recuperación de las vías pecuarias quedaba a la voluntad de la administración para determinar el inicio de dichos procedimientos.

El grupo ecologista demandante, no solo no puede comprender que desde la Junta de Andalucía no se haya velado por el cuidado, control y registro del territorio de su competencia, sino que además, haya presentado recursos contra la propuesta de Ecologistas en Acción, que lo único a lo que instaba era a la recuperación de espacios de dominio público que habían sido ocupados y usurpados de forma ilegal por privados.

La petición viene de largo, más de 20 años han pasado para llegar a este punto que llena a los ecologistas de satisfacción. Ellos mismos recuerdan que los deslindes de las vías pecuarias que se tienen que recuperar fueron aprobados en fecha 26 de septiembre de 2006 la vía Colada de los Charcos; el 11 de mayo de 2005 la Colada de Cobalengo; y el 4 de agosto de 2006 la Colada de Cebollares. El 16 de diciembre de 2020, los ecologistas ya solicitaron a la Junta la recuperación de estas vías pecuarias, pero ha transcurrido más de 20 años desde los primeros deslindes y 5 años desde la petición de recuperación y, lamentan, no se ha hecho nada.

Este grupo señala que el 19 de junio de 2018 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la delegación territorial en Cádiz, remitió comunicación-requerimiento a los usurpadores de las vías pecuarias para que antes del 30 de julio de 2018 actuaran para la ejecución de actuaciones relacionadas con la recuperación y restauración ambiental de las vías pecuarias para favorecer su uso público. Pero pese a ello, no se han desalojado, ni se han recuperado, ni se ha realizado ninguna actuación, incumpliéndose el artículo 54 del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

Por todo ello, aunque esta ejecución provisional parcial de la sentencia que obliga a la Junta a actuar, es un paso inicial, Ecologistas en Acción asegura que es un avance importante tras más de 20 años de reclamaciones y trámites que persiguen solo, que vías pecuarias de dominio público no estén en manos privadas por dejadez de la administración que debe velar por su control.