Miembros del partido judicial de Rota,  entre los que estaban los jueces titulares de los Juzgados de la localidad, abogados, procuradores y miembros de la oficina judicial, se han sumado esta mañana al paro simbólico de 10 minutos convocado a nivel nacional por las asociaciones de jueces y fiscales, para protestar por dos reformas legislativas planteadas por el Gobierno central. En concreto, una que tiene que ver con el acceso a la carrera judicial y fiscal y otra que vendría a modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Para ello, se han concentrado a las puertas de los juzgados de Rota donde se ha dado lectura a un manifiesto que se ha escuchado a la misma hora en otros tantos puntos del país, y donde muestran su rechazo a varios puntos que han querido resumir en seis para conocimiento de la ciudadanía, entendiendo que el verdadero fortalecimiento de la justicia, pasa por dotarla de mejores medios y promover una especialización e independencia  que parece que con las propuestas del Gobierno se verían afectadas y debilitarían al Poder Judicial. 

Con la tramitación del proyecto de Ley Orgánica de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal presentado ante el Congreso de los Diputados, los manifestantes han asegurado que "se rebajará el nivel de exigencia para ser juez o fiscal, eliminando pruebas claves en las oposiciones, rebajándose así el rigor técnico y sin suficientes garantías de imparcialidad en el acceso". Según el manifiesto, la reforma prevé la reducción de uno de los ejercicios orales y la supresión del temario en un 43%, reduciéndose en consecuencia 144 temas de un total de 329, introduciendo un dictamen escrito sin las garantías necesarias.

En segundo lugar, denuncian que este proyecto de ley orgánica recoge "una pretensión de regulación de jueces y fiscales interinos mediante un proceso de carácter extraordinario, sin cumplir los principios constitucionales de mérito y capacidad los estándares de independencia e imparcialidad de la Comisión Europea y el Consejo de Europa". De aprobarse la ley, indican en el comunicado leído,  se verían afectados más de 4.000 opositores, a nivel nacional, que verían reducidas sus posibilidades de acceso a la carrera judicial y fiscal en concurrencia competitiva.

Por otro lado, indican que los cambios que se prevén en  las reglas internas del sistema judicial  no respetarían la pluralidad y limitarían la participación de los propios jueces en sus  órganos de gobierno, concediendo poderes "amplísimos" al Fiscal General del Estado.

En cuarto lugar, ponen el foco en una medida que están convencidos de que pone en riesgo la neutralidad del acceso a la función judicial y fiscal, ya que la ley orgánica proyecta la creación de un centro público de formación de opositores dependiente del Ministerio de Justicia, que sería quien también gestionaría las becas para la preparación de las pruebas de acceso a la carrera judicial y fiscal. De llevarse a cabo, los manifestantes aseguran que ello conllevaría un riesgo de control ideológico por parte del Ejecutivo, "poniéndose en juego en definitiva el principio de  separación de poderes e incumpliendo los estándares de independencia e imparcialidad de la Comisión Europea y el Consejo de Europa".

De igual forma, las reformas legislativas que propone el Gobierno, según los jueces y fiscales, contempla "recortes en  los recursos de las asociaciones judiciales que son el único cauce legítimo de expresión profesional de forma colectiva de jueces y magistrados, debilitando nuestro papel de defensa del estado de derecho".

Por último, ponen el foco en que todo esto, se lleva a cabo mediante la tramitación del proyecto por los trámites de urgencia, "evitando así la evacuación de informes y audiencias de corporaciones de derecho público, a espaldas de la carrera judicial y fiscal, y sin que responda a una demanda social".

Desde el partido judicial de Rota, como desde otros tantos puntos del país, los jueces, abogados, procuradores y miembros de la oficina judicial coinciden en que un poder judicial fuerte e independiente es garantía para el conjunto de los ciudadanos, por ello, reclaman que el  verdadero fortalecimiento de la justicia, pase por dotarla de medios, convocar plazas suficientes, garantizar una formación sólida y promover la especialización por criterios objetivos, así como preservar la independencia de los jueces frente a cualquier poder.

Los manifestantes no descartan nuevos paros e incluso la huelga.