El Ayuntamiento de Rota, tal y como ha informado esta mañana la concejal del PP, Auxiliadora Izquierdo, se ha vuelto a ver obligado por el Ministerio de Hacienda a acogerse a un nuevo plan de pago a proveedores, por superar con creces el periodo medio de pago a las empresas que proveen a esta administración local de servicios. 

Para la representante popular, la obligatoriedad de estar dentro de este plan para que puedan pagarse facturas a proveedores, es un ejemplo más del "desastre económico" que vienen denunciando desde este partido. En esta ocasión, son 7 millones de euros el montante por el que el Ayuntamiento de Rota "hipotecará" el futuro de las arcas locales, que se suman a cantidades de años anteriores que suman un total de 27 millones de euros en los últimos cuatro años. 

Auxiliadora Izquierdo ha señalado que la cuestión no es baladí ya que si el Ayuntamiento se acoge a este plan, como debe hacer ya que está obligado por el Ministerio de Hacienda, se necesita modificar el Plan de Ajuste, reduciendo gastos y subiendo ingresos, que para el PP se traduce en subida de impuestos a los ciudadanos. Por eso, lamenta la noticia de la que desde el gobierno municipal no se había informado.

Tal y como ha señalado la concejal del PP, el Gobierno de España a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el pasado 5 de mayo un acuerdo para poner en marcha un nuevo plan de pago a proveedores y obliga a una serie de ayuntamientos, entre los que está Rota, a participar por sus "incumplimientos económicos". En este caso, se refiere a la media de pago a sus proveedores, cuyo plazo máximo debería ser 30 días, y en el caso del Ayuntamiento roteño alcanza actualmente los 142 días.

La cantidad estimada de facturas pendientes por abonar para este plan de pago a proveedores es de 7.055.269,89 euros, siendo la localidad, recalca Auxiliadora Izquierdo, la quinta en Andalucía con la cantidad más elevada. 

La concejal ha señalado que, como se puede ver en la web de transparencia del Ayuntamiento de Rota, el periodo medio de pago a proveedores del gobierno del socialista Javier Ruiz Arana alcanza los 142 días durante el primer trimestre de 2025.

La preocupación de los populares llega porque este plan que inyecta liquidez a las arcas municipales para afrontar pagos, obliga a la modificación del plan de ajuste y eso podría notarse en el bolsillo de los ciudadanos, ya que hay que reducir gastos y aumentar ingresos. Todo ello, recuerda Auxiliadora Izquierdo, cuando el pasado año ya hubo que modificarlo una vez más tras verse igualmente obligado a acogerse a este plan de pago a proveedores por valor de 6 millones de euros, que llevaba hasta 2039 las medidas. Ahora, esa fecha se verá aumentada.

La modificación del plan de ajuste se tendrá que presentar para su aprobación  y comunicación al Ministerio de Hacienda, entre el 24 de junio y el 4 de julio, ya que en el caso de no presentarlo, que no se valore favorablemente o que no aprueben la formalización del préstamo para el pago a proveedores, se aplicarán retenciones de la Participación en Tributos del Estado (PIE) que le corresponden a Rota.

Ante esta situación, Auxiliadora Izquierdo ha preguntado al alcalde de Rota, Javier Ruiz, "¿cuánto le va a costar a los roteños su mala gestión económica?", asegurando que esta está "hipotecando el futuro de la ciudad para los próximos 15 años".

La concejal del PP ha recordado que en los últimos años, el gobierno socialista se ha visto obligado a acogerse a tres planes de pago a proveedores: uno en 2022 por 5 millones de euros, otro en 2023 por 9 millones de euros y en 2024 por 6 millones de euros. Ahora se suma un cuarto por 7 millones, lo que suman 27 millones en cuatro años por facturas impagadas, recalca la popular. 

Acogerse al plan de pago a proveedores beneficia a las empresas que llevan tiempo sin cobrar sus facturas, pero el PP pone el foco en que estos préstamos hipotecan el futuro de los roteños hasta 2040.

En su crítica a la mala gestión económica de los socialistas, Auxiliadora Izquierdo añade que Javier Ruiz ha subido "el IBI en un 13% y en un 10% de los contribuyentes no residenciales, ha aumentado en un 5% el impuesto a los vehículos automóviles, en un 46,9% a los autobuses, camiones o tractores; un 26% la basura, las plusvalías a tipos máximos, las licencias de obras, el alcantarillado, un 46% en dos subidas en 2024 de la tarifa del agua, eliminación de la mayoría de las bonificaciones incluidas en las ordenanzas fiscales como el plan personalizado de pagos...". Todo ello, además de la falta de liquidez en el Ayuntamiento, es lo que el PP asegura que ha llevado al gobierno local a tener que aceptar el convenio de recaudación con Diputación de Cádiz, al que han cedido las competencias en materia de gestión y recaudación de tributos. Una decisión que, según Izquierdo, costará a los roteños 1,3 millones de euros "para conseguir que el esfuerzo financiero de Diputación dote de liquidez a las arcas municipales".