Rocío es una sanluqueña afincada en Rota, con una vivienda en la barriada San Antonio, que ha tenido que aguantar durante cuatro años que su casa estuviera okupada. 

Ayer martes por fin, los inquiokupas fueron desalojados tras la denuncia que interpuso esta mujer que ha tenido que superar una serie de injusticias como haber estado  dos años en la calle, buscándose la vida, porque la ley impedía echar a los inquiokupas a los que consideraba vulnerables. La cuestión es que Rocío era más vulnerable que ellos, y encima, propietaria de la vivienda, pero nada de eso sirvió para acelerar los trámites para recuperarla. 

Esa es de forma muy resumida,  primera parte de esta historia, que ha supuesto un calvario para la mujer cuyo único delito fue alquilar su vivienda porque estaba en paro y para ahorrar gastos, irse a vivir con su pareja. Luego terminó con su pareja y esta vendió la vivienda, con lo que quedó desempadronada de oficio y se vio en la calle, teniendo una vivienda en propiedad, pero sin poder volver a ella porque los inquilinos a los que se la alquiló, pagaron los dos primeros meses y nunca más cumplieron con la mensualidad, convirtiéndose en okupas hasta ayer, obligados a marcharse tras la sentencia del juicio del pasado noviembre de 2024.

La segunda parte de esta historia viene ahora. Rocío pudo volver a su vivienda de la barriada San Antonio y lo que encontró fue un basurero, un domicilio donde, como ha comprobado este mismo medio, es imposible estar sin mascarilla y aún así, el olor es nauseabundo. Muebles destrozados, sofás inservibles y rotos, excrementos de perros por el suelo, restos de comida en platos sucios en barreños siendo un foco total de infección, fregadero atascado con agua estancada y comida flotando, vitrocerámica llena de suciedad, muebles de la cocina que eran blancos totalmente amarillos, puertas rotas,  baño en unas condiciones insalubres, enseres acumulados por el suelo en toda la casa y, en definitiva, una situación que mantiene desesperada a esta mujer.

Para colmo, por el impago de los okupas de las facturas de la luz y agua, hace meses que la vivienda está sin suministro -de hecho, no saben cómo los inquiokupas han podido vivir así-, y ahora Rocío si quiere recuperarlos para poder volver a vivir en ella, tiene que pagar las facturas de 4 años atrasadas, un dinero del que no dispone. La deuda que le han dejado los okupas es de casi 16.000 euros en total, entre impagos de alquiler y facturas sin contar que cuando pueda recuperar la normalidad en la vivienda, se habrá quedado sin muebles, sin puertas, sin cama, sofá, etc. 

Por eso, hace un llamamiento al Ayuntamiento de Rota, a los Servicios Sociales, para que la ayuden. Lo primero es tirar todos los enseres y muebles de su casa porque no dispone de medios para trasladarlos al punto limpio y tampoco puede dejarlo en los contenedores porque son una gran cantidad, prácticamente, todo lo que hay en la casa. Pide colaboración ante una situación que le ha destrozado los últimos años de su vida, viviendo de la caridad o de favores cuando tenía una casa en propiedad que por el decreto ley del Gobierno impedía los alzamientos y no podía echar a los okupas siendo ella más vulnerables que los que estaban en su casa.

Ayer por la tarde entró en su casa por primera vez tras cuatro años y la desesperación se ha adueñado de esta mujer de 60 años. Hoy volvía con mascarillas y productos para empezar a limpiar, pero es imposible que pueda hacerlo  sola.

Por si fuera poco,  ha tenido que poner una denuncia por amenazas de los inquiokupas, asegurando que tras el desalojo obligatorio, la han visto por la calle y la han amenazado, por lo que también teme por su integridad. 

Rocío ha estado este tiempo acompañada por la Plataforma de Afectados por la Okupación, donde Pilar ha sido un gran apoyo, y desde esta entidad reclaman justicia para esta mujer que no puede volver a su vivienda tras el destrozo de los okupas que han podido permanecer en este domicilio por culpa de una ley que le ha protegido más a ellos que a su legítima dueña. Ahora, la plataforma espera que los Servicios Sociales ayuden a esta ciudadana que ha sumado una serie de injusticias y dificultades  burocráticas que no atinan a entender. Se preguntan quién paga a Rocío todo lo sufrido por culpa de una ley que impedía que estas personas fueran desalojadas.

Actualmente, Rocío cuenta con el Ingreso Mínimo Vital de 400 euros y se busca la vida para mejorar sus ingresos como puede. Está contenta por haber recuperado su casa, pero es una sensación devastadora verla como está, por eso, le urge la ayuda y poco a poco, recuperar algo de normalidad. 

Necesita que le echen un cable para tirar toda la basura y muebles inservibles, desinfectar la casa, limpiar, pintar y adquirir muebles básicos ya que los suyos han quedado destrozados. Si alguien puede colaborar, incluido el Ayuntamiento de Rota con un camión que le permita trasladar todos los enseres al punto limpio, lo agradece enormemente porque está desesperada.

Os dejamos un vídeo que refleja mucho mejor el estado de la casa tras la marcha de los okupas.