Cuando una familia ocupa una casa ajena vacía el dilema ético que se le plantea de proteger en ella su integridad  o en la calle su honorabilidad se la despejan de inmediato el frío y la delincuencia de la noche.

Del mismo modo, cuando el propietario encuentra ocupada su vivienda ve vulnerado sus derechos independientemente de las adversas circunstancias de quien la haya ocupado, por lo que reponer su derecho a la propiedad privada le justificaría la inhumanidad de su desalojo. 

Como los argumentos de ambas partes son coherentes es el Gobierno quien debe restablecer  la dignidad de unos y el derecho de otros pero siendo esta ya de por sí una labor complicada,dado que el número de ciudadanos que disfruta hoy España dista mucho, desembarco a desembarco, del de contribuyentes que lo mantienen, cumplir con la Constitución allí donde articula que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, se vuelve casi imposible al precisar para ello de la estoica paciencia del santo Job en sus cotizantes , del rescate de otros países europeos que padecen el mismo mal o de que la cantidad de cotizantes  y sus impuestos cuadre de nuevo sus existencias.

La humanidad de acoger a unos torna en inhumanidad cuando para conseguirlo precisa  anular el bienestar de otros o arriesgar su seguridad ante la imposibilidad de verificar si quien entra en su país ilegalmente huye de la guerra o del hambre o de una condena por asesinato, violación... Es verdad que el problema no es solo de otros pero también lo es que tampoco es solo nuestro.

Luis Cabaneiro Santomé