El plazo que un ciudadano tiene que esperar para que se le conceda una licencia urbanística municipal supera con creces los establecidos por ley y eso repercute negativamente en aquellas personas que necesitan la autorización del ayuntamiento para iniciar una actuación urbanística. Por eso, el PP de Rota va a presentar al pleno municipal que se celebrará este miércoles, 19 de febrero, una moción que persigue acortar los plazos de espera tirando de la colaboración público-privada. 

La propuesta que plantean no es nueva y de hecho, ya se está poniendo en marcha en muchas ciudades, entre ellas, alguna cercana como El Puerto de Santa María, con buenos resultados según el concejal del PP, Daniel Cros, que ha dado más detalles sobre esta moción.

La petición concreta insta al Ayuntamiento de Rota a redactar una ordenanza municipal que regule la colaboración público-privada de los Colegios Profesionales y las Entidades Urbanísticas Certificadores para que agilicen los trámites de concesión de las licencias municipales urbanísticas y los ciudadanos puedan disminuir los tiempos de espera tras su solicitud. 

Actualmente, según Daniel Cros, se puede tardar hasta siete u ocho meses o incluso un año en obtenerla ya que actuaciones como reformas, rehabilitación de inmuebles, etc., no se pueden iniciar con una declaración responsable como ocurre en otros supuestos. Ese retraso supone un perjuicio económico para el ciudadano o promotoras que pagan cuando solicita la licencia urbanística, pero pueden tardar meses hasta poder empezar la actuación con la inseguridad financiera que ello supone o el encarecimiento de los costes.  Este colapso a la hora de tramitar las peticiones de los ciudadanos ocurre en muchos ayuntamientos del país, que también son perjudicados como el tejido  productivo,  por eso, algunas administraciones locales están tirando de esta ayuda privada, previa firma de un acuerdo de colaboración, que resultaría beneficioso según el concejal del PP, y que plantea que se inicie en Rota.

La simplificación administrativa mediante la supresión y reducción de barreras y trabas burocráticas es a todas luces, según Daniel Cros, el futuro de las administraciones que deben hacer uso de las nuevas tecnologías, de una menor burocracia y otros modelos de tramitación para disminuir esta problemática. 

La moción del PP plantea que se recoja en la ordenanza esa colaboración público-privada de modo que la emisión de informes urbanísticos solicitados, así como en la resolución de trámites o falta de información y comunicación en cuanto al estado de los expedientes quedaría resuelta. De esta forma, se evitaría por ejemplo, situaciones en las que un retraso injustificado en el otorgamiento de una licencia urbanística de obra pueda terminar en los tribunales con la declaración de existencia de Responsabilidad Patrimonial, debiendo indemnizar a los afectados por los daños y perjuicios irrogados. 

Daniel Cros ha señalado que la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, supuso un paso adelante en la colaboración público-privada en el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, y que el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía refuerza las medidas de colaboración entre las administraciones públicas y entidades privadas en la tramitación de licencias urbanísticas. 

Por tanto, es una medida que ya está respaldada por la norma y que permitiría o bien que el Ayuntamiento de Rota llegara a convenios de colaboración con los Colegios Profesionales, y contratos y convenios con las Entidades Urbanísticas Certificadoras; o que estas actúen por cuenta de terceros interesados en la tramitación de las licencias de tal manera que ambas podrán realizar tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, control e inspección del cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico. 

El procedimiento, según ha explicado Daniel Cros, sería que esos informes o certificados de conformidad técnica y jurídica previstos se incorporarían al correspondiente expediente administrativo y serían tenidos en cuenta en la resolución de los procedimientos, sin perjuicio de la verificación y control que en el ejercicio de sus potestades correspondería al Ayuntamiento.  De igual forma, la ordenanza que piden desde el PP para regular esta colaboración, podría incluir que el informe emitido por las Entidades Urbanísticas Certificadoras y los colegios profesionales en los procedimientos de intervención administrativa sobre la actividad de edificación surta efectos equiparables al Informe técnico de los servicios municipales. 

En cualquier caso, la existencia de esta nueva ordenanza solo sería una vía voluntaria, de tal manera que las empresas o ciudadanos podrían elegir entre tramitar la solicitud de licencia a través de estas entidades o acudir al régimen general  través del Ayuntamiento. Lo que el PP propone es solo una opción de agilizar trámites y reducir el colapso en la tramitación de las licencias urbanísticas municipales.