Al igual que se está haciendo en otros muchos ayuntamientos a propuesta de PP, en el pleno del Ayuntamiento de Rota que se celebrará este miércoles, 15 de enero, se debatirá sobre la petición del grupo popular de derogar el real decreto 933/2021, que ha sido bautizado como 'Gran Hermano Turístico' por establecer nuevas obligaciones de registro documental en actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

Esta mañana, la concejal y diputada nacional, Macarena Lorente, ha denunciado la inseguridad jurídica que provoca esta norma del Gobierno de España, que entró en vigor el pasado 2 de diciembre, y que establece  nuevas obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

Entre las muchas razones por las que el PP se muestra en contra, está la de que se haya aprobado de espaldas al sector turístico, sin tener en cuenta sus opiniones y sometiendo a las empresas relacionadas con estas actividades a una "desproporcionada carga administrativa" que además supone una desventaja competitiva para España con respecto a otros países en los que los turistas o personas que alquilan vehículos a motor no están obligados a registrar una gran cantidad de datos personales. De hecho, como ha indicado Macarena Lorente, se duda de que este decreto conocido como el 'Gran Hermano Turístico' pueda constituir una vulneración del derecho a la propia intimidad y privacidad de turistas y usuarios que lastraría de forma severa uno de los sectores capitales para la economía española como es el turístico.

La concejal del PP de Rota entiende que esta  ley provoca una fuerte inseguridad jurídica e ignora la complejidad operativa de recopilar tanta carga de datos, incluso antes de la prestación del servicio, lo que de hecho hace que sea casi de imposible cumplimiento. Para los populares, esta es una desventaja manifiesta que perjudica a las empresas turísticas a las que se les impone unas obligaciones que las legislaciones nacionales de otros países europeos no imponen. Para más inri, ha indicado Macarena Lorente, esto supone una carga administrativa más para las empresas, dado que el personal se tiene que dedicar a recabar hasta más de 40 datos -el triple que  antes de la entrada en vigor del decreto-, de personas que se hospeden en alojamientos turísticos y hasta más de 80 en el caso que vayan a alquilar un vehículo a motor afectando así a su experiencia y vulnerando su privacidad. 

El incumplimiento de estos requisitos podría derivar en sanciones de hasta 30.000 euros para los hoteleros, algo que añadiría presión a su trabajo diario y podría repercutir en el servicio ofrecido a los turistas, ha denunciado Macarena Lorente.

Una moción que mañana se debatirá con mayor extensión en el pleno municipal que comenzará a las 17.30 horas en el salón capitular del Palacio Municipal Castillo de Luna, y que el PP eleva teniendo en cuenta que España es una potencia turística mundial, que recibe a millones de turistas al año generando empleo, economía y actividad y que cree que con este decreto bautizado como 'Gran Hermano Turístico', resultaría perjudicial. Rota, que igualmente es un destino vacacional elegido por miles de visitantes, especialmente en verano, se vería igualmente perjudicada, de ahí su elevación a la sesión plenaria.