El grupo municipal de IU+Podemos va a presentar al pleno municipal de este miércoles, 18 de diciembre, una moción relacionada con la enseñanza pública de calidad. Una propuesta que pretende poner el foco en la  crisis educativa agravada por los recortes, que según denuncia este  partido, vive Andalucía ante la falta de recursos provocada por el gobierno de la Junta de Andalucía y sus políticas, al considerar que estas están hipotecando el futuro de la juventud andaluza en beneficio de intereses privados.

En los últimos años, la demanda por cursar Formación Profesional (FP) ha crecido significativamente en la región, impulsada por las necesidades del mercado laboral. Sin embargo, el Ejecutivo andaluz ha sido acusado de no responder a esta demanda, priorizando la expansión de la oferta privada. Según IU+Podemos, esto ha permitido que entidades privadas y fondos de inversión se beneficien económicamente, a costa de una educación que califican como elitista y desconectada de la calidad y los méritos.

A esta problemática se suman las graves deficiencias en la atención a estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Mientras que el alumnado con necesidades especiales ha aumentado un 103% en educación Infantil y un 35% en Secundaria, el incremento del personal especializado ha sido de solo un 17%. Esto, según la moción, ha llevado a una atención deficiente y al incumplimiento de leyes fundamentales como el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española. IU+Podemos subraya que esta situación refleja un modelo de gestión marcado por la insuficiencia de recursos públicos y el desprecio por los trabajadores del sector.

La precarización laboral de los docentes contratados por empresas externas es otro de los puntos de denuncia. Según la moción, estas subcontratas no garantizan condiciones laborales dignas y perpetúan desigualdades al no equiparar salarios y derechos con los del personal público. Asimismo, la formación acusa a la Junta de permitir que los colegios concertados rechacen a estudiantes con necesidades educativas especiales, aumentando la presión sobre los centros públicos.

En cuanto a la Formación Profesional, IU+Podemos resalta que Andalucía es la comunidad autónoma con la menor inversión por estudiante, con un gasto anual de 2.650 euros, 805 euros por debajo de la media estatal. Esto contribuye a cifras alarmantes de fracaso escolar, con un 32% de los jóvenes andaluces sin terminar la educación Secundaria. La moción propone aumentar la oferta pública de FP, garantizar el acceso universal en los próximos cuatro años y priorizar la apertura de centros tecnológicos en zonas rurales para combatir la despoblación.

El grupo también critica la gestión de las ratios de alumnado por aula. Señalan que, en lugar de reducir el número de estudiantes por clase para mejorar la calidad educativa, se está utilizando la caída de la natalidad como pretexto para cerrar líneas educativas. Los cursos comienzan con ratios al límite o incluso por encima de lo permitido legalmente, agravando la sobrecarga del profesorado.

La moción concluye con una serie de propuestas concretas, que se debatirán para su aprobación, entre ellas, además de mostrar su preocupación y el rechazo al recorte sistemático que se viene realizando en la plantilla del profesorado especializado en atender a niños con NEAE; la contratación de 9.000 profesionales de integración social para el próximo curso; establecer una normativa para el próximo curso a través de la cual se establezca una ratio de, como mínimo, un profesor/a de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y lenguaje (AL) por cada 12 alumnos o alumnas que precise alguna necesidad educativa específica y que no se sobrepase la ratio de 1/8 alumnos/as con NEE, sin que dicho profesorado pueda compartir centro educativo, y a partir de la cual se incorporen apoyos específicos para casos graves que requieran una atención individualizada. Si incluye también en la moción instar al gobierno de la Junta de Andalucía a establecer una normativa para su desarrollo a partir del próximo curso, a través de la cual se establezca que el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y/o Necesidades Educativas Especiales (NEE) cuenten, como mínimo, el doble a efectos de la ratio de aula. Incrementándose ese coeficiente dependiendo de la gravedad del caso; que se acabe con las privatizaciones en el servicio del Personal Técnico de Integración Social en Andalucía y por extensión, la precariedad laboral de los profesionales que lo llevan a cabo; e instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a impulsar con urgencia un Plan de Actuación, dirigido a reforzar significativamente el sistema público de Formación Profesional Profesional en Andalucía, dotándolo de los medios personales e infraestructuras suficientes para que, al menos, garantice los siguientes objetivos: aumentar la oferta pública presencial, especialmente en aquellos ciclos formativos donde se concentra mayor nivel de demanda insatisfecha, con el objetivo de que en los próximos 4 años se alcance el acceso universal de todos los andaluces y andaluzas a la plaza pública de Formación Profesional que deseen; incrementar las plazas públicas de Formación Profesional a distancia a fin posibilitar para el próximo curso 2025-206 la plena accesibilidad a una plaza pública en esta modalidad de quien la demande; que el crecimiento de las plazas públicas que se deriven del plan garantice el equilibrio territorial, la equidad en el acceso y la lucha contra la despoblación de zonas rurales. A tal fin, el plan fijará como objetivo que en todas las comarcas de Andalucía·se ubique un centro público de formación profesional y capacitación del ámbito tecnológico, que, además, contribuya a fortalecer la actividad económica de cooperativas, autónomos y autónomas y pymes; la  mejora del sistema de becas y la cuantía a percibir por el alumnado que cumpla los requisitos establecidos, garantizando la equidad social en el acceso a la formación profesional y la igualdad de oportunidades cubriendo los gastos de transporte, manutención y alojamiento de quien curse sus estudios de FP en localidades distintas a la que residan; que se garantice la suficiencia y calidad tanto de las prácticas como de la formación profesional dual; y, por tanto, toda acción de fomento que en dicho sentido impulse la administración autonómica con el tejido empresarial y las plazas que se oferten desde ámbitos públicos deben priorizar la absorción del alumnado de los centros públicos sobre el privado; y que se adecúe las ratios de los grupos a garantizar estándares de calidad que permita su más eficaz formación.

El último punto de la moción insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a cumplir el acuerdo alcanzado en el marco de la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas.

La moción, presentada por el concejal Pedro Pablo Santamaría Curtido, busca abrir un debate sobre el futuro de la educación en Andalucía y revertir lo que consideran una deriva hacia la privatización y el abandono del sistema públic