Los próximos días 16 y 19 de diciembre, el que fuera alcalde de Rota entre los años 2003 y 2010, Lorenzo Sánchez Alonso (Roteños Unidos), volverá a los juzgados acusado de haber entregado dinero público  a  particulares para la compra de dos viviendas privadas. 

En concreto, está citado como único acusado y autor material de un supuesto delito continuado de prevaricación, de malversación de caudales públicos y un delito continuado de fraude a la administración. La Fiscalía, que actúa como acusación, pide para Lorenzo Sánchez Alonso un total de 4 años y 6 meses de prisión, 18 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde o cualquier otro puesto de elección popular de ámbito local, provincial, autonómico, estatal o europeo, y 8 años de inhabilitación absoluta.

Según recoge el escrito del fiscal en sus conclusiones provisionaes, el acusado "ha beneficiado injustamente a los ocupantes ilegales de las viviendas mencionadas (en la calle Virgen de las Nieves y Zorrilla) de manera arbitraria, discrecional, e incluso en uno de los casos, sin competencia para hacerlo, valiéndose como artimaña unos convenios manifiestamente perjudiciales para el erario público, llegándose a ocultar uno de ellos al Consejo de Administración de Sursa, entregándoles unas cantidades de dinero público con el correspondiente perjuicio para las arcas municipales, para la entrada de unas viviendas privadas, ya sea a cambio del compromiso de cesión de unos derechos que no ostentaban sobre las viviendas, ya sea a cambio del consiguiente desalojo de la vivienda".

Por estos hechos, además de la pena que solicita la Fiscalía, el Ayuntamiento de Rota, que se persona para reclamar la responsabilidad civil del acusado, pide la devolución del dinero público entregado por Lorenzo Sánchez a los beneficiarios (dos parejas) a través de dos convenios firmados, uno por valor de 25.396,67 euros y el otro por un montante de  23.342,442 euros, que coinciden con la entrada para la compra de viviendas  en una promoción que se estaba construyendo en el sector R1. En total, casi 50.000 euros de dinero público que se usó para ayudar a particulares a comprar dos viviendas, personas que no tenían ningún derecho ni título sobre estas viviendas, es más, estaban como okupas en una propiedad del Ayuntamiento y que sin embargo, se vieron beneficiadas económicamente por la decisión del entonces alcalde de Roteños Unidos.

El exregidor roteño tendrá que defenderse en el juicio oral que está previsto en la Audiencia Provincial de Cádiz, los días 16 y 19 de diciembre. En el caso han sido llamados a testificar varios técnicos municipales.

Los hechos fueron denunciados políticamente por el PSOE e IU y Lorenzo Sánchez se defendió argumentando que no era regalar dinero público sino  "integración social"

Para entender los hechos, hay que remontarse al 29 de junio de 2016 cuando el portavoz del gobierno que formaban PSOE e Izquierda Unida, salió a los medios a denunciar irregularidades en la firma de dos convenios con particulares que constaban en la entonces empresa municipal Sursa, y que respondían a la entrega de casi  50.000 euros para que dejaran sus viviendas de la calle Virgen de las Nieves (edificio de la calle Zorrilla esquina con Calvario) para comprar unas nuevas que se estaban construyendo en los nuevos suelos de la localidad en el sector R1.

Aunque a la delegada de Servicios Sociales de entonces y al propio portavoz del gobierno le llegaban habladurías de otros residentes en el bloque de la calle Zorrilla de aquel acuerdo, no es hasta buscar entre la escasa documentación que había en la empresa Sursa cuando dan con estos dos convenios, firmados con fecha de marzo y septiembre de 2007. En ellos se les regalaba a estas dos familias la entrada de dos pisos para que ellos siguieran abonándolos con la hipoteca y abandonaran la casa donde residían ilegalmente, de propiedad municipal.

El gobierno de entonces, compuesto por PSOE e IU, le dio entonces a Lorenzo Sánchez Alonso (que era el que firmaba el convenio) un plazo de  dos meses y medio, es decir, hasta el 15 de septiembre de 2016 para que devolviera a las arcas públicas el dinero que había entregado de manera arbitraria a particulares. Pasado ese plazo, si la cantidad total de 48.739 euros no se había devuelto al Ayuntamiento de Rota, avanzaron que tomarían acciones legales.

El entonces exalcalde, que para esa fecha estaba como concejal en la oposición por el grupo municipal Roteños Unidos, contestó a esta denuncia también a través de los medios de comunicación el 2 de julio de 2016, asegurando que si veían delito en aquella acción, que fueran a denunciar a la Fiscalía, como acabaron haciendo.

En aquella comparecencia, Lorenzo Sánchez manifestó ante los medios de comunicación que "el dinero público invertido en la integración social no es un regalo", defendiendo con ello su gestión que basaba en normalizar la situación que se había generado tras el incendio que hubo en el bloque de la calle Zorrilla en 2005, donde murieron un joven de 21 años y su bebé de 9 meses, y que mantuvo a dos familias enfrentadas.

Según aquellas explicaciones, lo que hizo como alcalde, "en aras de facilitar la integración y la convivencia" fue actuar "desalojando a las familias del bloque que vivieron unos meses en los morabitos de La Forestal, y procediendo a rehabilitar el bloque incendiado". Lorenzo Sánchez Alonso tiró en su día de acuerdos de junta local de gobierno  asegurando que lo que se inició fue "un proceso de enajenación, pagar a las personas desalojadas para que salieran de esas viviendas, para hacer un proyecto de integración sacando a sus familias de allí, evitando el peligro y intentado dar normalidad a la zona". Lo que por tanto, según Lorenzo Sánchez, salía a la luz como una irregularidad o delito, "es simplemente, un proceso de integración social", decía.

Sin embargo, tras la investigación realizada por la Fiscalía a raíz de aquella denuncia, se han visto indicios de delito, por regalar dinero público a particulares, ya que los moradores de estas viviendas de la calle Zorrilla, que son de titularidad del Ayuntamiento de Rota, no tenían ninguna legitimidad sobre ellas para ser indemnizados con dinero público.

De hecho, en las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, hay un apartado que se refiere a ello indicando que "el 24 de octubre de 2006 la Junta de Gobierno Local, a propuesta de Lorenzo Sánchez, acordó el realojo y compensación económica de los propietarios o titulares de al menos del derecho de posesión, para lo cual se pactó anticipar la cantidad de 120.000 euros a la Sociedad Municipal Sursa y así hacer frente a dichas compensaciones".  Pero dicho acuerdo, continúa el escrito del fiscal, "no amparaba, como no podía ser de otra manera, la entrega de cantidad alguna de dinero a las personas que estaban ocupando de manera ilegal dichas viviendas, ya que no poseían título alguno que las habilitase para residir en las mismas al no haber sido adjudicatarias según el acuerdo del Pleno del año 1976”.

Pese a conocer el contenido de esos acuerdos (el de pleno de 1976 y el de Junta Local de Gobierno de 24 de octubre de 2006), añade el fiscal, Lorenzo Sánchez “contravino los mismos de una manera grosera y con la finalidad de beneficiar ilícitamente a varios ocupantes ilegales de las mencionadas viviendas, de manera unilateral y por su propia decisión", en vez de haber optado por un procedimiento legalmente previsto como el desahucio.

El mismo escrito señala que el entonces alcalde no firmó los dos convenios con los beneficiarios en calidad de alcalde sino como presidente de la Sociedad Municipal Sursa, sin tener capacidad para ello, ya que en realidad, era consejero delegado de la empresa municipal, además de otras irregularidades como que el segundo convenio no fue ratificado por el Consejo de Administración de Sursa.

Lorenzo Sánchez vuelve al banquillo tras hacerlo por el caso 'Uniformes', - por el que fue condenado a un año y medio de prisión que no cumplió tras llegar a un acuerdo,  y 13 años de inhabilitación-, y el  caso 'Convenios urbanísticos' y caso 'Horas extras' de los que salió absuelto.