Continúo con otro capítulo de mis memorias políticas. No pretendo remover ninguna herida de las que produjeron este asunto hace ya más de una década. Pero al escribirla quise transmitir el sentir de lo vivido durante aquellos complicados momentos. 

Nada mejor que la siguiente frase del,escritor Dave Weinbaum como introducción:

"Decir la verdad cuando sabemos que nos pesará, es la mejor prueba de honradez"

EL DENOMINADO CASO "HORAS EXTRAS"

                En el año 2.011 apareció en escena el que más adelante se denominaría como “caso horas extras”.

                Todo surgió cuando apareció, en el buzón de nuestra sede, un sobre que contenía documentación fotocopiada de una serie de cuadrantes de horas extras llevadas a cabo por los funcionarios del Ayuntamiento. En éstas, y subrayado con rotulador amarillo fluorescente, se marcaba un nombre en especial y unas cantidades cobradas en horas extras. En la primera ojeada ya llamaba la atención las cantidades desorbitadas. Tal era así que incluso calculamos las horas extras trabajadas y obteníamos datos tan curiosos como que aquel funcionario había cobrado horas extras incluso durante las vacaciones o que con el número de horas extras de algún mes determinado, aquella persona prácticamente no había tenido tiempo ni de dormir.

                Elevamos una petición al primer pleno de la corporación de aquella legislatura para pedir que se nos facilitara un estudio de las horas extras llevadas a cabo por los funcionarios durante el año anterior que nos sirviera para cotejarlas con el anónimo recibido. Al cabo de unos meses, recibimos por parte del departamento de personal una escueta contestación en la que se nos comunicaba que en ese departamento no disponían de personal suficiente para “entretenerse” en nuestra solicitud. He entrecomillado la palabra “entretenerse” porque la utilización de semejante verbo nos pareció una falta de respeto hacia nosotros. ¿Quién me iba a decir, cuando formé parte del equipo de gobierno, que los partidos de la derecha roteña iba a “entretener” tanto a los funcionarios con sus continuas peticiones en su labor de oposición?

                Denunciamos públicamente “el hallazgo”, pero no hubo ningún tipo de reacción por parte del equipo de gobierno. Trasladamos una consulta a los servicios jurídicos del provincial de nuestra formación política y éstos, a su vez, al ver posible indicio de delito pusieron el  caso en conocimiento de la Fiscalía Anti-corrupción.

                Recuerdo que semanas más tardes, recibí una llamada de alguien que se identificó como agente de la Guardia Civil adscrito al departamento del Fiscal anti-corrupción, para preguntarme si teníamos alguna sospecha de a qué se debía la cantidad pagada en horas extras. Los primeros rumores apuntaban a que detrás de aquellos pagos en horas extras, se escondía una subvención o donación de un manto a la Virgen de una Hermandad determinada. Algo que no se pudo demostrar finalmente cuando acabaron las investigaciones de la causa abierta. La sentencia condenatoria final quedó establecida en falsedad documental, toda vez que al funcionario en cuestión se le asignaba unos trabajos que no se correspondían con sus funciones administrativas en el Consistorio y que no se sacaban a licitación pública o se asignaban a una empresa dedicada a los bordados de bandas de damas y composición de trajes de maceros para las Fiestas Patronales, y esos trabajos se pagaban como horas extras.

                El agente encargado de la investigación, al llamarme, necesitaba “un hilo del que tirar”, creo recordar que me dijo.

                Fue lo último que en mi grupo político supimos del caso hasta la sentencia final. No nos presentamos como acusación particular, por lo que nos enterábamos de todos los acontecimientos sobre el caso por la prensa. Cada vez que “saltaba” alguna noticia sobre el caso “horas extras”, distintos medios de comunicación se ponían en contacto conmigo y a todos les exponía el mismo mensaje.

                La sentencia de la Audiencia Provincial fue demoledora. Condenaba a una serie de funcionarios a cuatro años y medio de cárcel además de inhabilitación. El único personaje político condenado a cárcel e inhabilitación fue la anterior alcaldesa del grupo popular y que en el periodo de las horas extras descubiertas ostentaba el cargo de Delegada de Fiestas.

                El pronunciamiento de la sentencia coincidió con el inicio de la legislatura 2015-2019.

                Con esa situación nos encontramos nada más aterrizar en el gobierno. El malestar entre algunos funcionarios era palpable. No disimulaban la antipatía y repulsa hacia nosotros. Actitud que se mantuvo durante toda la Legislatura. Aún así, tengo que reconocer que todos mantuvieron una profesionalidad envidiable en sus cometidos, a pesar del peso de la condena. Recurrieron al Tribunal Supremo. Así pasó el primer año de aquella legislatura, hasta que el Tribunal Supremo se pronunció para confirmar la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial.

                Sobre mi compañero Manolo Vilela y sobre mí cayó toda la ira contenida por algunos. Hubo mensajes escritos de amenazas en algunos puntos de la Feria de Primavera del año 2016. También a través de la red llegaban amenazas hacia nuestras personas.

                 Especialmente impactante fue la amenaza que recibí de una persona directamente relacionada con uno de los acusados y que vino a referir que “pagaría con mis hijos lo que estaba haciendo con los suyos”. No sé si aquellas palabras tenían más de amenaza física o de conjuro maléfico.

                Algunos familiares y amigos de los sentenciados nos acusaban de enviarlos a la cárcel, como si nosotros hubiésemos sido los jueces. No querían entender que Izquierda Unida no denunció a nadie, pusimos el caso en manos del fiscal anti-corrupción y éste actuó. Pero estas personas necesitaban personificar “un culpable”. Y esa designación cayó en mi grupo, y directamente en mi persona como portavoz de Izquierda Unida. No querían entender que no sentamos a nadie en el banquillo de los acusados, que no juzgamos y que no sentenciamos. Nos limitamos a no cerrar los ojos ni taparnos los oídos. Lo cual, puedo asegurar, resulta muy duro. En Rota nos conocemos todos o casi todos y no resultaba gratificante tropezar con algún familiar directo o amigos de los condenados sin que te hiriesen con la mirada, cuando no insultasen. No obstante, tal actitud la entendía.

                Una vez ratificada la sentencia por el Tribunal Supremo, la última y remota posibilidad era la petición de un indulto. La Junta de Personal nos pidió a todos los partidos políticos con representación en la Corporación unirnos a la petición de un indulto que iría acompañada además de firmas de la ciudadanía.

                Mi grupo político puso dos condiciones para adherirnos a la petición de indulto. La primera: que los funcionarios condenados explicitasen públicamente que Izquierda Unida había actuado correctamente al comunicar el hecho a la Fiscalía en su labor de oposición. La segunda: que condenaran, también públicamente, los ataques recibidos por los concejales de Izquierda Unida.  Cumplidas nuestra peticiones, firmamos la petición de indulto.

                Recuerdo que a principios del 2017, por parte de la Junta de Personal se nos hizo llegar a los grupos políticos una nueva petición. Aconsejados por sus abogados, los funcionarios condenados nos pidieron, a través de sus representantes, que la petición de indulto que habíamos firmado meses atrás la ratificáramos en una sesión de pleno. Por otra parte, se nos pidió que hiciéramos llegar a nuestros representantes políticos en el Congreso de los Diputados que, de producirse el indulto por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de la Nación, éstos no se pronunciasen en contra de tal medida. Al parecer, la unanimidad en este caso era fundamental para lograr una medida de gracia.

                Finalmente, a principios de febrero del 2017, el Consejo de Ministros minoró la sentencia, de tal forma que todos los funcionarios condenados a cuatro años y medio de cárcel vieron reducida su pena a sólo dos años, con lo que evitaban entrar en prisión. También las inhabilitaciones a las que fueron condenados fueron reducidas a simples suspensiones temporales de empleo, sin que perdieran la condición de funcionarios.

                Habían transcurrido cerca de seis años desde el inicio de la denuncia hasta el indulto final.

                Sostuve, y sigo sosteniendo con el paso del tiempo, que algo habría influido en la medida de gracia concedida por el Gobierno de la Nación que el grupo político que había puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía Anti corrupción, o sea Izquierda Unida, había firmado también la petición de indulto.

                De todas formas, los funcionarios a los que el caso “horas extras” había salpicado y, por tanto condenado,  no nos agradecieron nuestra adhesión al indulto. Sólo uno me lo agradeció personalmente. Izquierda Unida, para todos ellos, quedaría como “los malos de la película”.

                En la memoria de todos siempre quedará el recuerdo de aquel caso que, de alguna forma, dejó marcada a muchas personas.