El PP de Rota, siguiendo la línea de partido que está llevando a pleno la misma moción, pedirá en la sesión plenaria de este miércoles, 20 de noviembre, que el Gobierno central derogue la obligatoriedad de la aplicación de la tasa de residuos en todos los municipios, que entraría en vigor el próximo 10 de abril de 2025. Ha sido el concejal Daniel Cros el que ha presentado esta propuesta que defenderá en sesión plenaria entendiendo que esta tasa es una "imposición" que tendrá repercusión en el bolsillo de los ciudadanos que serán los que finalmente tendrán que pagar los costes íntegros de la recogida, gestión y tratamiento de residuos.

El concejal ha explicado que  la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular transpone varias directivas comunitarias, entre ellas la Directiva 2018/851 de residuos y obliga a establecer una tasa de residuos a las entidades locales. La Directiva Europea es una modificación de la Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE) y forma parte del paquete de Economía Circular adoptado por la Unión Europea para promover un sistema de gestión de residuos más sostenible. Su objetivo es reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y la reutilización, minimizar el impacto ambiental y fijar objetivos de reciclado para los residuos municipales, entre otros.

Pero desde el PP se entiende que la decisión de incluir la obligatoriedad de esta tasa por parte del Gobierno central -que la Directiva de Residuos no impone directamente a los Estados miembros-, es un "nuevo ataque a los bolsillos de los ciudadanos" , que tendrán que pagar los costes íntegros de la gestión de residuos, cuando en muchos casos los ayuntamientos venían aliviando esta carga. Si esta tasa acaba por aplicarse, el Ayuntamiento de Rota deberá repercutir íntegramente al ciudadano el coste total de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sin ni siquiera permitir que el municipio apoye a sus contribuyentes asumiendo parte del mismo. Por tanto, según Daniel Cros, la implantación obligada de esta tasa supone un ataque contra la autonomía municipal al impedir que los ayuntamientos y entidades locales hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sin considerar el tamaño, población, recursos económicos o situación financiera de cada municipio.

El concejal del PP  ha insistido en dejar claro que la Directiva de Residuos de la Unión Europea no impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer la tasa de basuras y ofrece otras alternativas como una correcta planificación de las inversiones en infraestructuras de gestión de residuos o el uso de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de los mismos, entre otras.

Por otro lado, Daniel Cros recuerda que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local es la que determina que son los municipios o, en su defecto, las entidades locales las que deben establecer sus propios tributos. Sin embargo, la imposición de esta normativa a los ayuntamientos supondría según el PP, una clara invasión de sus competencias locales, al impedir explícitamente que puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal. Por otra parte, señala el concejal en la moción, las implicaciones de esta medida son numerosas y su aplicación está ocasionando una gran incertidumbre e inseguridad jurídica en los ayuntamientos por la indefinición y falta de rigor técnico en la redacción de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Sin un texto normativo claro y detallado, desde el P temen que los ayuntamientos acaben haciendo diferentes interpretaciones en la aplicación de la norma y de sus informes económico-financieros, generando así un "caos tributario" con cientos de recursos ante los diferentes Tribunales Superiores de Justicia que, en su caso, pueden emir resoluciones diferentes.

Por otro lado, y algo en lo que el PP ha querido poner énfasis, es que esta tasa de residuos que se presenta como obligatoria, lejos de incentivar el cumplimiento de los objetivos de la economía circular, cree Daniel Cros que desincentivará la inversión al verse obligados los municipios a repercutir el coste íntegro de las nuevas inversiones al vecino. Esta medida supondrá, por tanto, según los populares,  un paso atrás en la implicación de todos los actores en el ciclo de la economía circular y conllevará un menoscabo para el fortalecimiento de la corresponsabilidad ciudadana en la consecución del objetivo común de reducir y dar una segunda vida a los residuos, en lugar de fomentar un mayor compromiso a través de incentivos e inversiones.

Por último, el grupo municipal del PP quiere resaltar que esta ley supondrá un agravio económico para los ciudadanos en un contexto económico como el actual, especialmente para las familias de menores rentas, que serán las grandes perjudicadas por la imposición de esta nueva tasa de residuos.  Una tasa que además, entiende que es difícil de calcular porque hay supuestos en los que es imposible saber quién genera más o menos recursos para repercutirle el coste.  No genera lo mismo una familia de dos miembros que una de cinco, ni un negocio que otro, por lo tanto, es además, injusta.

Por todo ello, el PP propone en el pleno que se respete la autonomía municipal y el reconocimiento a la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, exigiendo al Gobierno central derogar la obligatoriedad de la implantación y aplicación de la tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributario de residuos en todos los municipios y por el 100% del coste contemplada en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. De igual forma, se pedirá que se realice un estudio del impacto pormenorizado que permita definir el coste por servicio; que se ponga en marcha un Plan Nacional de infraestructuras para la Economía Circular que apoye la creación de las infraestructuras necesarias para el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos, y que se contribuya a sufragar las campañas de comunicación de los ayuntamientos dirigidas a incentivar la concienciación ciudadana de compromiso con la separación de residuos y el reciclaje para la consecución de los objetivos comunitarios en materia de residuos.

Desde el PP entienden que hay mejores fórmulas para incentivar a los ciudadanos al reciclaje y mejor gestión de los residuos más allá de esta tasa que solo tocará el bolsillo, creen los populares, sin conseguir los objetivos que persigue la ley.