Con solo los 11 votos a favor del PSOE, y la abstención del resto de grupos de la Corporación municipal (PP, IU+Podemos y Vox), ha salido adelante esta mañana en la sesión de pleno extraordinario, la modificación del plan de ajuste que el Ayuntamiento de Rota  se ha visto obligado a llevar a cabo tras acogerse al plan de pago a proveedores por valor de 6,1 millones de euros. Un decreto que vino del Ministerio de Hacienda por exceder esta administración local en exceso el periodo medio de pago a los proveedores.

La semana pasada las empresas a las que el Ayuntamiento de Rota adeudaba algunas facturas han cobrado y en la sesión de pleno de esta mañana era necesario aprobar el plan de ajuste reajustado a las nuevas circunstancias económicas, lo que condicionará las cuentas municipales hasta 2039. Además, el Ministerio de Hacienda obligaba a comprometer medidas de reducción de gastos y aumento de ingresos que también debían pasar por el pleno, así como la operación de crédito a largo plazo que ahora es necesaria para financiar los 6,1 millones de euros que el Gobierno central ha adelantado para el pago a proveedores 2024, y que en el caso de Rota, ha permitido pagar facturas hasta el 24 de junio de 2024.
 

El debate, que se ha extendido en algo más de una hora, ha servido para escuchar, de un lado, a la delegada de Hacienda, Nuria López, explicar las medidas que se iban a adoptar y defender que, pese a que la situación económica del Ayuntamiento de Rota no es buena, es mejor de lo que encontraron hace nueve años cuando llegaron al gobierno local; del otro, escuchar al PP en su afirmación constante del "caos" económico y "mala gestión" que lleva a cabo el PSOE con repercusión negativa para el bolsillo de los ciudadanos; y en medio, IU+Podemos, intentar aportar algunas medidas a la situación viendo cómo socialistas y populares se pasan la pelota de a ver quién lo hizo peor durante su gestión. En el caso de Vox, no se intervino en ninguno de los puntos aunque su voto se alineó con los otros dos grupos de la oposición en la abstención.

Fue la delegada de Hacienda la que abría el turno de intervenciones explicando que las circunstancias económicas actuales, y que han obligado a acogerse a un nuevo plan de pago a proveedores por el que el Gobierno central inyecta liquidez a los ayuntamientos para que hagan frente a las deudas con proveedores, en parte, viene de una deuda de 60 millones de euros que heredaron del anterior gobierno de PP y Roteños Unidos. Nuria López defendía que en 9 años, han pagado solo en préstamos, 33,5 millones de euros y que junto a eso, han llevado a cabo inversiones en la localidad.

Sin embargo, al estar el periodo medio de pago a proveedores en Rota en 147 días, el Ministerio de Hacienda les obligaba a acogerse a este plan que conlleva una actualización del plan de ajuste que asegura que no conllevará subida de impuesto a los ciudadanos en 2025. Una afirmación esta debatida en el pleno con diferentes pareceres entre gobierno y oposición.

Y es, según la delegada de Hacienda, aunque el ministerio les obliga a reducir el 5% de gastos de personal y el 5% de gastos corrientes además de limitar las bonificaciones fiscales que el Ayuntamiento de Rota venía aplicando a empresas, familias y algunos impuestos, el gobierno local  pondrá a disposición un millón de euros para ayudas y compensaciones de las bonificaciones que se perderían. Se hará, como explicó el alcalde Javier Ruiz esta semana, con un sistema más equitativo y progresivo en función de la renta de las familias o empresas que se puedan ver beneficiadas. Ese millón de euros se distribuirá en 300.000 euros de ayudas al alquiler, amortización de préstamos hipotecarios, reducción de la brecha digital, la ayuda para la formación en idiomas y ayudas para la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico.

Una partida de 200.000 euros que se destinará a ayudas a empresas teniendo en cuenta las actividades de especial interés, las que implanten sistemas de aprovechamiento térmico y ayudas a ganaderos, transportistas y  agricultores. Y una tercera partida, de 500.000 euros que se destinará a ayudas a las asociaciones locales, que se convocarán, salvo algunas de especial interés que serán nominativas, en régimen de concurrencia competitiva para asociaciones culturales, deportivas y de participación ciudadana.

Por su parte, el concejal de IU+Podemos, Pedro Pablo Santamaría, quiso explicar el motivo de la abstención de su voto al no confiar nada en que este nuevo plan de ajuste se vaya a cumplir teniendo en cuenta que la anterior modificación que se hizo del mismo en 2023, no ha resultado. Además, ha indicado que este nuevo plan comprometía la economía local hasta 2039 y por tanto, era necesario plantearse seriamente cómo atajar la situación económica del Ayuntamiento de Rota para que se puedan cumplir los plazos de pago a proveedores, que según este nuevo plan en 2025 debería pasar de los 147 días actuales a 60, y en 2026 a 60 días. Eso es lo que a juicio del izquierdista hay que pelear, más allá de echarse en cara cada uno el tipo de gestión económica que llevó a cabo en sus años de mandato.  Para su grupo, una reducción en gastos de fiestas, protocolo o publicidad podrían ser opciones para empezar a abordar la situación a la vista de que los objetivos del plan de ajuste modificado en 2023 no se han cumplido a la fecha.

Con esta actualización, a IU+Podemos le preocupa cómo se va a solventar la obligación de eliminar la bonificación de plan personalizado de pagos que facilita a los contribuyentes el pago de impuestos en varios plazos al año, y preocupa igualmente que se eliminen otras bonificaciones como las del impuesto de tracción mecánica de vehículos clásicos, la del IBI para inmuebles con sistema de aprovechamiento solar, la bonificación de la plusvalía asociada al valor catastral,  las del ICIO, IAE, etc., aunque entiende que para eso es el millón de euros del que habla el gobierno local.

En cualquier caso, IU+Podemos no tiene claro que haya margen para cumplir el nuevo plan de ajuste modificado y por ello, ha pedido trabajar en serio en medidas que reduzcan los gastos que entiende superfluos y mejorar la situación económica actual.

Por su parte, el PP lo tiene claro, el PSOE lleva a cabo una gestión pésima de los impuestos de los roteños a los que ha asegurado que el gobierno local perjudica de forma constante. Al igual que la delegada de Hacienda, echó la vista atrás para poner en tela de juicio algunas decisiones económicas ejecutadas en estos años, subida de impuestos como el IBI, el ICIO, el IAE, etc., y aún así, aseguraba la concejal Auxiliadora Izquierdo, seguir incrementando la deuda por facturas impagadas con los proveedores y la necesidad y obligación de acogerse al plan de pago a proveedores del Gobierno central.

La concejal del PP pidió a la delegada de Hacienda que dejara de echar la culpa a la gestión de PP y Roteños Unidos del pasado y asumiera que llevan 9 años en el Ayuntamiento de Rota encadenando plan de pago a proveedores, peticiones de adelanto de la PATRICA, aumento del plazo de pago a proveedores y en general, una situación que deja en la "UCI" las cuentas roteñas, acumulando en solo un año, desde el último plan de pago a proveedores en 2023, 4 millones de euros en facturas impagadas cuando, apuntaba, los roteños cumplen con sus obligaciones tributarias.  Con respecto a este plan de ajuste, quiso desmentir la afirmación de que no afectará al bolsillo de los ciudadanos porque, basándose en la memoria del plan y de los informes técnicos,  los ingresos se prevén aumentar con un incremento del IBI del 11 %, un 5,2% el impuesto de vehículos, el aumento del IAE, el recibo de la basura en un 26%, el ICIO en hasta el 24%, la entrada de carruajes, el IBI para inmuebles de uso comercial e industrial, etc. Sin embargo, lamentaba, el planteamiento del gobierno del PSOE es que los gastos solo se reduzcan en un 7% el capítulo de personal y de gastos generales, "ese es el compromiso, nada comprable al 26% de basura, 11% de IBI...", remarcaba.

"¿Qué están haciendo con el dinero de los roteños?", preguntaba la concejal del PP, a lo que la delegada de Hacienda le respondía, entre otras cosas, que estaban pagando grandes deudas que el gobierno de PP y Roteños Unidos dejó tras su marcha.  Un gobierno que, por cierto, decía, también se acogió a plan de pago a proveedores, pidió adelanto de la PATRICA, tuvo un periodo medio de pago a proveedores en 2012 de 360 días y dejó una deuda financiera de 60 millones que hoy se ha reducido a la mitad.

Entre datos de una y otra parte, el concejal de IU+Podemos quiso aportar en positivo dejando en evidencia que cada partido debía asumir su parte de responsabilidad y que en el presente, se deberían centrar los esfuerzos en salir de la situación, heredada o no, y analizar qué ha ocurrido de 2023 a 2024 para no cumplir con el plazo de pago a proveedores que es lo que hoy les llevaba al pleno.  "Vamos a abrir ese melón y además, trabajar la progresividad para defender a las clases trabajadoras y vulnerables", decía, desconfiando en que se cumplan las previsiones de este nuevo plan de ajuste que el gobierno elevaba a aprobación. 

Para concluir el punto, el alcalde de Rota pidió a la concejal del PP que no  mintiera a los ciudadanos y en vez de alarmarlos, pusiera sobre la mesa propuestas, "que no ha hecho ninguna".  Javier Ruiz, que volvió a indicarle que como "pitonisa" tiene poco futuro, recordó a Auxiliadora Izquierdo que pese al caos económico que el PP esboza, los roteños han votado por tercera vez con mayoría a su gobierno y a ella la ha dejado en la oposición. Además, le recordó que además de pagar deuda que heredaron, han hecho proyectos e inversiones convirtiendo a Rota, aseguraba, en un referente en muchos aspectos y todo ello, remarcaba, sin la ayuda de otras administraciones gobernadas por los populares.

El alcalde insistió en que Rota tiene un déficit estructural en sus cuentas y el compromiso es trabajar por modificarlo, además, aseguró que la eliminación de bonificaciones a las que obliga el ministerio en el plan de ajuste que se aprobaba hoy, se compensarán con ayudas municipales en un modelo más justo y progresivo y que se seguirá atendiendo al pago de nóminas, inversiones y reducción de deuda.

El pleno acabó con los 11 votos a favor de la modificación del plan de ajuste y la operación de crédito a largo plazo para asumir los 6,1 millones del plan de pago a proveedores, y la abstención de PP, IU+Podemos y Vox.