La concejal del PP de Rota, Macarena Lorente, ha comparecido esta mañana para hablar de vivienda. En su intervención lanzó duras críticas contra la Ley de Vivienda del gobierno de Pedro Sánchez, calificándola de "fracaso anunciado" y asegurando que ha agravado el problema del acceso a la vivienda en lugar de solucionarlo. Según afirmó, la normativa ha generado efectos negativos en el mercado del alquiler, reduciendo la oferta de inmuebles y disparando los precios.

La representante del PP inició su intervención subrayando la gravedad del problema habitacional en España: "No es solo un problema social, es un problema de Estado". Durante su discurso, argumentó que la Ley de Vivienda, vigente desde mayo de 2023, ha provocado una reducción del 36% en la oferta de alquiler y un aumento del 13% en los precios, lo que calificó como "un récord histórico" que perjudica tanto a inquilinos como a propietarios.

La concejala también acusó al gobierno de Sánchez de basar sus políticas en "una ideología de extrema izquierda" que, según el PP, ha generado desconfianza entre los pequeños arrendadores. Destacó que el 95% de los propietarios en España son pequeños arrendadores, quienes, según la portavoz, se ven afectados por una normativa que "protege al ocupa en lugar de defender al propietario". Además, advirtió sobre el aumento de la ocupación ilegal, que ha crecido un 39% desde la implementación de la ley.

En su crítica, la portavoz señaló que el gobierno no ha cumplido con su promesa de construir 183.000 viviendas, una cifra que, hasta la fecha, se mantiene en cero. "El gobierno hace promesas irreales para tapar su falta de gestión", afirmó, y añadió que estas medidas afectan especialmente a los jóvenes, quienes cada vez ven más difícil emanciparse. La edad media de emancipación en España es de 30,3 años, cuatro más que la media europea.

Frente a lo que considera un fracaso en la política de vivienda del gobierno, el Partido Popular propuso un enfoque diferente, centrado en incentivar el mercado en lugar de intervenirlo. La portavoz destacó la necesidad de aumentar la oferta de viviendas en alquiler y de ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios para frenar la ocupación ilegal. "Al okupa no se le protege, se le desaloja", aseveró, pidiendo una ley que agilice los desalojos y proteja a los arrendadores, especialmente a los pequeños.

Como ejemplo de una posible solución a nivel local, mencionó el caso del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que ha destinado 10 millones de euros para adquirir solares y edificios en mal estado, con el objetivo de crear una bolsa de alquiler accesible para familias de rentas medias y jóvenes. "Esta iniciativa podría ser replicada en Rota, adaptándola a las necesidades específicas de la localidad", comentó, instando al alcalde de Rota a tomar medidas similares y dejar de "echar balones fuera".

En el turno de preguntas, la prensa quiso  recordarle la creciente concentración de propiedades en manos de grandes tenedores ya que, según los últimos datos del catastro, se ha reflejado un aumento en el número de grandes propietarios que poseen varios inmuebles. Tampoco hemos querido dejar de lado que en localidades como Rota, el turismo y la inversión extranjera han contribuido al aumento de los precios de alquiler. Lorente, en su respuesta, reconoció que la situación en Rota, como en otras zonas costeras, está influenciada por factores como el turismo y la inversión extranjera, pero insistió en que es posible implementar medidas a nivel local para paliar los efectos negativos. "No digo que el alcalde de Rota tenga toda la culpa, pero podría hacer más, como se está haciendo en otros municipios", aseguró, y concluyó reafirmando la necesidad de actuar de manera proactiva ante la crisis de vivienda que afecta a todo el país.